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Una publicación de la asociación SER

La Pandemia tiene etnia

Foto: Mongabay

Mirna Concha. Periodista, escritora y analista comunicacional. Ha trabajado en el desarrollo de políticas públicas en materia indígena en Chile

“Tenemos que estar unidos en la lucha contra este enemigo poderoso”, dice el Gobierno, al entregar a diario estadísticas frías, sin rostros ni historias sobre el avance del Coronavirus en Chile. Conveniente relato que no permite profundizar en detalle quiénes han recibido atención en los servicios de Salud, o si al igual que en otros países, se está dejando morir a personas mayores, y a otras que “forman parte de minorías étnicas”. Esto último habría ocurrido recientemente en el Hospital Elmhurst en Queens, Nueva York, según denuncia de la enfermera Nicole Sirotek.

En Chile, una de las grandes promesas incumplidas desde el Pacto de Nueva Imperial, en 1989, es el “Reconocimiento Constitucional” de los pueblos indígenas, decisión política con directo impacto en sus derechos colectivos, culturales, lengua y religión; claves en su reconocimiento como sujetos de derecho, visibilización y trascendencia.

Las “reformas” en la Carta Fundamental han incorporado “maquillajes” sobre temas culturales, pero no en lo fundamental: tierra y participación política. El “escollo” sería la palabra “población” vs “pueblo”; pues la primera define a un conjunto de pueblos bajo la soberanía de un Estado, en tanto que la segunda hace referencia al “sujeto indígena” como colectivo, con derechos, e incorpora territorio y conciencia étnica.

Desde la perspectiva de la “política pública indígena” por cierto hay innegables avances en lo cultural, tradiciones y religión. Miles de millones de pesos se han invertido en compra de tierras, pero lo fundamental sigue pendiente. Repetitivas se han vuelto las horrorosas imágenes de ñañas hortaliceras que hasta fines de los 60 y comienzos de los 70 vendían con dignidad y respeto sus verduras en las calles de Temuco. Hoy son brutalmente reprimidas por agentes del Estado, perdiendo además sus cosechas; tesoro valorado más aún en tiempos de Pandemia.

El Gobierno ha optado por no desagregar la información sobre personas contagiadas y fallecidas por Covid-19 “para evitar estigmatización”, solo sabemos que son hombres y mujeres de determinados grupos etarios. Preocupa que en La Araucanía -región definida por la presencia de la etnia mapuche con más del 26 por ciento de su población y segunda con mayor cantidad de casos de contagios y muertes por Coronavirus en Chile-no se conozca el real impacto de éste en las comunidades mapuche.

Esta preocupación también se extiende hacia las otras ocho etnias reconocidas por la Ley 19.253 de junio de 1993; Aymara, Atacameña, Quechua, Colla, Diaguitas, Rapa Nui, Kawashkar y Yaghan (Yaman). Fue precisamente David Alday, vicepresidente de la comunidad Yaghan de Puerto Williams, quien a comienzos de abril alzó la voz para alertar: “tenemos miedo que estas pestes nos afecten al igual que a nuestros antepasados”, declaró a www.laprensaaustral.cl refiriéndose al factor epidemiológico que durante la conquista europea diezmaron la población indígena.

En América Latina también es tema relevante el abandono del Estado. La revista www.critica.com informó que recientemente, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), “exhortó a los gobiernos de la región a propiciar una reunión específica sobre el tema (Covid-19) y señaló que ninguna de las fuentes de información globales o regionales incluye datos desagregados con relación a la población indígena”.

En la misma publicación se indica que “en América Latina, los pueblos originarios aparecen entre quienes van tirando manotazos en el agua, resistiendo al menosprecio de gobernantes (…)”, constata un comunicado emitido por siete organizaciones indígenas en el Estado de Hidalgo, México, al denunciar que prácticamente no ha existido “difusión preventiva con enfoque intercultural y en lenguas indígenas”.

En Argentina, según difunde el Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación (Codechcom), el Tejido de Profesionales Indígenas ha solicitado a las autoridades modificar la ficha epidemiológica Covid-19, por cuanto esta no considera la variable indígena; es decir, que el test que se realiza para detectar, considere la variable étnica; que se incluya una pregunta respecto de si la persona es miembro de un pueblo originario y que las partidas de defunción incorporen la identidad cultural.

En Perú, un “posible etnocidio” ha sido incluso advertido ante la ONU por la Organización Nacional de Pueblos Indígenas Amazónicos que sostiene que sobre el 10 por ciento de los más de 20 mil casos registrados en ese país hasta comienzos de mayo, están en territorio amazónico. En Brasil se dio cuenta de 18 indígenas muertos a consecuencia de la pandemia, y en Colombia la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca reclamó “el total abandono estatal, sin presencia de la institucionalidad” en los territorios.

En Chile poco ha trascendido. En un sondeo aleatorio realizado a fines de marzo en comunas de La Araucanía, se constató que a esa fecha Puerto Saavedra registraba nueve personas contagiadas pertenecientes a la etnia mapuche y Vilcún otras siete. Los primeros días de abril falleció en el Hospital de Temuco una mujer mapuche de 70 años, madre de Pablo Huaiquilao, werken de la comunidad Carilafquen de Pitrufquen, cuyo padre además se encontraba grave y conectado a ventilador mecánico (se desconoce el desenlace). A mediados de ese mismo mes murió Jorge Huaiquil Mariqueo en el Hospital de Angol. La comunidad Huaiquil Millahueque de Collipulli, a la que pertenecía el comunero mapuche, denunciaba que “estamos viendo la discriminación hacia nuestro pueblo, negligencia y poca preocupación. Nuestros enfermos llegan a los hospitales por enfermedades ajenas a la maldita pandemia Covid-19 y nos los están devolviendo en cajones”.

Infructuosos fueron los esfuerzos por obtener información a través de la Asociación de Municipios de la Araucanía (AMRA), alcaldes mapuche y Secretaría Regional Ministerial de Salud. Desde el nivel central trascendió que la jefatura manifestó que no habrá información al respecto “para evitar estigmatización”.

Pero lo concreto es que el Estado y su institucionalidad han faltado a su responsabilidad de respetar y proteger las culturas, familias y comunidades indígenas que “forman parte del patrimonio de la nación” y a su derecho a obtener información en lengua indígena en el marco de la interculturalidad, según promueve la Ley 19.253 de junio de 1993. El Estado de Chile también ha faltado al Artículo 25 del Convenio 169 de la OIT, en sus puntos 1, 2 y 3 relativos “a velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados (…)”. El negacionismo y la invisibilización son otra forma de discriminación. Es urgente que ante el abandono del Estado y su institucionalidad, autoridades edilicias, universidades y sociedad civil en su conjunto, logren visibilizar el impacto que Covid-19 está teniendo en el pueblo mapuche en La Araucanía y también en las otras etnias.

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Este texto fue publicado originalmente en el portal Directa.Conciencia Informativa. Agradecemos a la autora por autorizarnos a su reproducción