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Una publicación de la asociación SER

La Policía en plan cachuelo

La inseguridad ciudadana no ha menguado. Todos los días nos enteramos de una mujer que ha sido víctimas de feminicidio o de tentativa de feminidicio, de robos que cuestan la vida, de violaciones, de personas encontradas muertas en la calle. La respuesta que tenemos desde el Estado es que la policía no puede atender todo.

De las casos que más conozco, de los crímenes que más me afectan en el día a día, está el de la violencia de género. Y cada vez que ocurre un feminicidio, en más del 90% de los casos, las mujeres denunciaron antes, acudieron a la policía a pedir ayuda porque sabían que las podían matar. Pero no tuvieron respuesta o lo que hizo la policía fue tan mínimo que no impidieron que las mataran.

Y si siguiéramos con toda la criminalidad que nos rodea la lista sería de nunca acabar, porque lo cierto es que la policía no tiene la capacidad de cumplir su rol constitucional de garantizar, mantener y restablecer el orden interno; de prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. No tiene la capacidad. Y mientras en Perú debatimos intensamente y gastamos meses enteros y bastante dinero analizando sobre cómo entrar a la OCDE, en paralelo tenemos una policía que no puede siquiera cuidar a su ciudadanía.

Frente a esta incapacidad que arrastra la institución desde mucho tiempo atrás, en la dictadura de los años 90, el gobierno fujimorista tuvo la idea de oficializar el cachueleo de la Policía Nacional del Perú y es así como se implantó el tristemente conocido régimen del 24 x 24. Así, en vez de potenciar la policía, Fujimori, al más puro estilo de la venta al malbarateo de las empresas nacionales, decidió también privatizar la policía un día sí y un día no.

Se oficializó de este modo que los policías puedan cachuelearse en sus días libres. Y claro, el cachuelo pasó por el cuidado de bancos, colegios, casinos, chifas y vaya usted a saber qué más. Llevamos años discutiendo sobre que una verdadera reforma de la Policía pasa por eliminar el 24 x 24, porque privatiza a la policía, porque le quita exclusividad, porque es demasiado nociva para la seguridad ciudadana y muchos argumentos más. Sin embargo, ministro que llega, ministro que se olvida de eliminar esta medida tan perniciosa y guarda un vergonzoso silencio.

Pero, si pensábamos que el 24 x 24 era ya demasiado, nos quedamos cortos. Paralelamente al marco legal que ha ido permitiendo a las empresas extractivas que cambien de manera inconsulta los proyectos, sin respetar los estudios de impacto ambiental, permitiendo cambios que llegan incluso a casi el 40% del proyecto (como por ejemplo el del proyecto Las Bambas); de igual manera, se han ido aprobado diversas normas que perfeccionan aún más este cachueleo. Así, ya no solo los policías se recursean de manera individual, sino que también los hacen de manera institucional.

El paroxismo de esto se da con los casi 200 (según cifras dadas a RPP por el mismo viceministro del Interior) convenios privados y secretos con los que cuenta la policía actualmente.
Desvirtuando así la función policial a nivel institucional, ya que la Policía Nacional termina usando sus uniformes y armas de reglamento —y que todas y todos los peruanos pagamos— al servicio de las empresas privadas y no de la ciudadanía. Dejando en un stand by su deber de proteger a la ciudadanía, ya que, si a la Policía le paga además del Estado la empresa privada, ¿a quién preferirá cuidar?

Lo que hemos podido apreciar en estos años, es que a veces ni siquiera hay un puesto policial en el pueblo más cercano, y la policía termina teniendo sus bases dentro de las empresas y despliega sus “operaciones” dentro y fuera de la empresa, como una especie de gran destacamento de seguridad privada. Pero esta seguridad no solo la pagamos las y los peruanos, sino que su deber primordial debería ser cuidarnos a la ciudadanía.

Después de años de pedir los convenios, Derechos Humanos Sin Fronteras, organización de Cusco, pudo tener acceso a estos convenios secretos. En estos se señala que las empresas pagan entre 100 y 110 soles diarios a los policías. Y es la empresa quien mantiene los libros y registros contables. Además, la policía pone a disposición de un privado, en el caso de Las Bambas, un General al servicio de la empresa para controlar, supervisar, coordinar y evaluar con la mina el planeamiento de sus actividades. Pero una de las cosas más graves es la existencia de cuentas corrientes en el Banco de la Nación en donde las empresas depositan este pago a la Policía. Lo grave viene por el hecho que no conocemos en qué se gasta ese dinero, cómo se gasta, quién lo usa. La oscuridad es absoluta. Y si ya hemos tenido escándalos de corrupción en el sector salud, ¿acá, por qué nadie se anima a revisar?

El soporte legal para la existencia de los convenios existe. Lo han ido construyendo poco a poco. Lo que no quita que este tipo de convenios sea inconstitucional. Y acá tienen responsabilidad todos los ministros del interior que han pasado por esta cartera y se han hecho la vista gorda con este tema, ya que no solo guardado silencio frente a este modo de actuar turbio a nivel de las direcciones regionales de la PNP, sino que han dejado pervertir cada vez más el rol de la policía nacional, ofreciéndola como servicio al mejor postor antes que a cuidar a la población. El faenón o negociazo (para ponerlo en términos más recientes) de algunos jefes con acceso a las cuentas corrientes se da gracias a que la policía es puesta como guachimán de la empresa minera.

Son por este tipo de actos que denigran cada vez más a la policía y que han generado que en los últimos gobiernos los peruanos muertos por uso abusivo de la fuerza se hayan incrementado cada vez más, que cada vez que una mujer va a denunciar que sufre agresiones, que la pueden matar, que cada vez que hemos ido a denunciar un robo, la respuesta en la comisaría sea: ahorita no joven, el policía que la atendió ayer, no viene hasta mañana, ahorita está cuidando un chifa.