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Una publicación de la asociación SER

La promesa republicana en la crisis actual: Las lecciones de la historia

En más de una ocasión, el historiador Jorge Basadre señaló que la historia republicana del Perú era una historia de oportunidades perdidas. No obstante, para el intelectual tacneño la República era también el momento de aparición de numerosas oportunidades y de una esperanza de vida colectiva.

En uno de sus ensayos más importantes, Basadre precisó que luego de la independencia anidó entre los peruanos un ideal de superación individual y colectiva mediante la explotación de las riquezas, el acrecentamiento de la población, la creación de oportunidades y un mínimo de bienestar para todos. A dicha esperanza, el historiador de la república la llamó promesa de la vida peruana, como una visión de éxito político, material e ideológico basado en la rememoración del glorioso pasado prehispánico.[1]

Y aunque el país atravesó por varias situaciones dramáticas que pusieron en entredicho la continuidad del proyecto republicano, la promesa estuvo ahí, esperando ser materializada o sirviendo de aguijón para un proyecto político que lograse el progreso material y el bienestar general. Baste recordar que en la segunda mitad del siglo XIX el civilismo buscó desterrar el caudillismo militar y concretar la utopía republicana a través de un proyecto que, por un lado, condenaba la corrupción, el mal manejo económico, el derroche de los fondos públicos, la ausencia de ciudadanía y el servilismo que agobiaba a la población campesina y, por otro lado, prometía la construcción de un orden democrático y de una comunidad nacional de ciudadanos, tal como señala la historiadora Carmen Mc Evoy en un paradigmático texto.[2] No obstante, la promesa fue incumplida, pues arreció la crisis fiscal, estalló la guerra con Chile y el republicanismo devino en un segundo militarismo.

Tal como ocurrió en aquella lejana ocasión, ahora la promesa peruana parece sucumbir por los numerosos audios que develan el cohecho de jueces y fiscales, la compraventa de sentencias y el tráfico de influencias que compromete a congresistas, empresarios y hasta periodistas. Todo ello como nefasta consecuencia de una nueva oportunidad perdida en medio del crecimiento económico y el consenso colectivo.

Hace 25 años los peruanos apostamos por un paquete de modernización del Estado y de liberalización de la economía que nos permitiese conseguir el bienestar general y nos alejase de la hiperinflación y del terrorismo de los años 80’. Para ello, no dudamos en legitimar el autoritarismo fujimorista, que prometía realizar las reformas anheladas. El gobierno de Fujimori combatió la subversión, estabilizó la economía y redujo el aparato estatal, pero quebrantó el sistema constitucional y se apoderó de la riqueza del Estado para permanecer en el poder. Aquellos años 90’ constituyen, en cierta medida, una ocasión desperdiciada, pues los más de 7 mil millones de dólares ganados por el Estado por la privatización de las empresas públicas y los más de 7 mil 700 millones que llegaron por inversión privada no han servido para lograr el bienestar general, democratizar la sociedad y cerrar las brechas sociales.[3] Efectivamente, entre 1997 y 2001 la pobreza aumentó de 42,7 % a 54,8 % y la pobreza extrema, de 18,2 % a 24,4 %. Asimismo, entre 1991 y 1998, la desigualdad se elevó de 0,391 al 0,414 y a fines del siglo XX el país ocupó el puesto 85 en el índice de desarrollo humano.[4]

Tras la caída del régimen fujimorista, la transición democrática auguró una etapa de consolidación de la promesa republicana mediante acuerdos para modificar el Estado, lograr el bienestar material y consolidar nuestra precaria democracia. La corta administración de Valentín Paniagua planteó la modificación integral de la Constitución para instaurar una economía social de mercado, con un sistema parlamentario bicameral, con un Consejo Nacional de la Magistratura con representantes del Legislativo y Ejecutivo, con un sistema judicial independiente y con una descentralización basada en los gobiernos departamentales y locales. A la par, el régimen de transición creó una mesa de concertación para coordinar acciones entre el Estado y la sociedad a fin de combatir la pobreza y logró un acuerdo para alcanzar la ciudadanía plena a partir de la educación.

Sin embargo, los siguientes gobiernos no realizaron las reformas planteadas ni lucharon frontalmente contra la corrupción, cuando precisamente la economía peruana lograba la espectacular cifra de 8 % de crecimiento con la exportación de materias primas y creaba las condiciones para lograr el bienestar material, generar nuevas oportunidades, democratizar las instituciones y ampliar la ciudadanía. Al respecto, son recordados los casos de tráfico de influencias protagonizados por César Almeyda y Raúl Diez Canseco durante el gobierno de Toledo, la inconducta funcional del vocal José Silva Vallejo en el caso Zaraí, los escándalos de los narcoindultos, petroaudios y vínculos con Odebrecht en el segundo quinquenio aprista, o el caso de tráfico de influencias de Martín Belaúnde y las agendas de Nadine Heredia durante la administración de Humala. Sumamos en nuestra experiencia histórica otra oportunidad desperdiciada y como consecuencia de ello, asistimos ahora a la resurrección del autoritarismo en versión legislativa; observamos absortos la descomposición hedionda del poder judicial; nos indignamos por la desidia de nuestros políticos y sentimos tremenda desazón frente a un sistema agotado. Apreciamos nuevamente la sublimación de nuestra promesa colectiva en un mar de corrupción y podredumbre.

La indignación ciudadana de estos días expresa el deseo colectivo de superar la crisis, transformar los cimientos republicanos y alcanzar nuestra promesa colectiva, tal como hace 150 años atrás nuestros antecesores superaron el caudillismo y apostaron por el republicanismo. Pues como señalara Basadre en otro lúcido ensayo, el verdadero Perú es un problema, pero también es una posibilidad, especialmente si no desdeñamos las lecciones del pasado.

 

[1] Jorge Basadre: La promesa de la vida peruana. Lima: Pro-Desarrollo, 1990.
[2] Carmen Mc Evoy: La utopía republicana. Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919). Lima: PUCP, 1997.
[3] Cifras proporcionadas por Juan Castillo Maza en: “Evaluación del proceso de privatización de las empresas de servicios públicos, 1991-2000”. Gestión en el Tercer Milenio, 5 (9), 2002. Versión electrónica: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/evaluacion_proceso.htm. Fecha de descarga: 26 de julio de 2018.
[4] Cifras proporcionadas por el documento Evaluación socioeconómica del Perú, 1990-2010 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Versión electrónica: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/997DD9A6365FC18805257D8F0061B2CC/$FILE/1_pdfsam_evolucionsocioeconomicadelperu.pdf. Fecha de descarga: 26 de julio de 2018.