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Una publicación de la asociación SER
Socióloga, analista política y de género.

La propiedad comunal e inversión en perspectiva histórica

A lo largo de la República, el reconocimiento de la propiedad comunal y la expansión económica (sobre dichos territorios) parecen históricamente vinculados en una relación conflictiva y a veces contrapuesta.

Por ello, si a inicios de la vida independiente, para el Estado peruano no había dudas sobre la propiedad de las comunidades indígenas, en las últimas décadas del siglo XIX se dio un cambio sustancial: Ella fue puesta en cuestión. Los intereses ante la expansión de las haciendas y una prédica positivista que clamaba a favor del “progreso” terminaron por instalar en el discurso oficial la idea de que el verdadero propietario era el Estado y que los indígenas eran apenas “posesionarios”.

Si Bolívar había intentado desmembrar la propiedad comunal, pronto se establecieron limitaciones para no eliminar la tierra colectiva. Entre otras razones, por el pago del tributo. Así, ni siquiera el liberal Bolívar llegó a desconocer la propiedad comunal. El Estado, en bancarrota, por otro lado, necesitaba del soporte financiero de las comunidades. En efecto, los indígenas, los más pobres de la nueva república, financiaban el 34% de los ingresos del Estado (1830). Eran los años de cierta paz para las comunidades. Varias haciendas, por lo demás, se encontraban en decadencia o abandono.

Esto empieza a cambiar a mediados del siglo XIX, cuando el auge del guano permitió la reconstrucción del Estado y la elite limeña. Paralelamente, el liberalismo se iría transformando y dejando de lado la búsqueda de inclusión (indígena) y legitimación política en aras del progreso. El cambio se hace evidente en una correspondencia entre el alcalde del Cusco, Francisco Garmendia, y el ministro de Gobierno, José Simeón Tejeda (1858). Aquel preguntaba (para efectos electorales), si las comunidades realmente tenían propiedad o si sólo eran usufructuarias. Tejeda le recordó que ya la ley de 1828 les había reconocido ese derecho[1]. Pocos años más tarde, el futuro presidente Manuel Pardo justificaría el nuevo discurso de desposesión indígena: “para el indio, el tributo es el arrendamiento de una tierra que ni antes ni después de la conquista le perteneció”[2].  

En los siguientes años se fue acelerando la conflictividad y desposesión de las comunidades. No es posible resumir los momentos de dicha historia en el siglo XX. Pero sí podríamos señalar dos momentos importantes. Uno, el fin de la República Aristocrática, con Leguía, cuando se dio el reconocimiento legal de las comunidades indígenas, y que luego se expresaría en la Constitución de 1933, que establece que el Estado es garante de la “integridad de la propiedad de las comunidades” (artículo 208). Era la época de la crisis del orden civilista, del indigenismo y la ebullición de nuevas fuerzas políticas populares y populistas. En tiempos de la post guerra, se da otro auge exportador, y es el momento de especial conflictividad. Pero, para entonces, era evidente que las haciendas de la sierra habían caído en el atraso, y ya no tenían un igual soporte de la elite política y económica del país. Por otro lado, los sindicatos campesinos habían fortalecido la lucha campesina. Así, en los años 60, se multiplicaron las tomas de tierras, y entre 1955 y 1965, se dio un record en el reconocimiento de comunidades.

 A partir de la década de 1990, se abre el período que se ha denominado “neoliberal”. La “promoción de la inversión” tendría un impulso significativo con leyes promulgadas en los siguientes años. En paralelo, cuando el COFOPRI asumió el rol de titulación y luego se lo pasó a los gobiernos regionales, se pudo ver una paulatina reducción en la titulación de tierras comunales. En efecto, a decir del Instituto del Bien Común, en los últimos años habría habido una “desaceleración” de la titulación de las comunidades: En el quinquenio 2006-2010, sólo se habría titulado a 52 comunidades, ninguna de ellas en el año 2010[3]. Lo mismo habría ocurrido en los años 2011, 2012 y 2014, y en el 2013[4] fueron inscritas apenas tres.

Si bien hay diferencias respecto a cuántas comunidades quedan por titular (Según COFOPRI, 1218, y según el Instituto del Bien Común, 4000 comunidades), lo cierto es que parece haber una relación entre esa “desaceleración” y los intereses en torno a la explotación de recursos naturales y el otorgamiento de concesiones para tal fin, en el Perú. Las comunidades campesinas y nativas tienen conciencia de ello, hecho que no hace sino empeorar las condiciones de un entendimiento con la inversión privada en dichos territorios.

Por ello, se hace indispensable no ver sólo los efectos de un conflicto anunciado: Las movilizaciones. Es necesario aceptar esa sensible relación histórica y atender los derechos de las comunidades. La inseguridad y vulneración de sus derechos básicos son, desde antes de la instalación de cualquier empresa de explotación, elementos de un conflicto anunciado.

                 

             

 

 

 

 


[1] Al respecto, ver del Águila, Alicia, La ciudad corporativa. Política, constituciones y sufragio en el Perú (1821-1896). Lima, IEP, 2013, p. 163.

[2] “Algunas consideraciones sociales con motivo de los disturbios de Huancané. Al soberano Congreso” (1867).

[3]Instituto del Bien Común. La seguridad territorial en el limbo. El estado de las comunidades indígenas en el Perú. Informe 2014. Lima, 2014, IBC.

[4]Organizaciones del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú y AIDESEP. Pueblos indígenas en el Perú. Balance 2014 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Lima, 2015.