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Una publicación de la asociación SER

La UNA de Puno: detrás (y delante) de las aulas virtuales

Foto: Diario Sin Fronteras

Eland Vera. Periodista y Docente de la Universidad Nacional del Altiplano 

La Universidad Nacional del Altiplano de Puno no solo es una universidad, es patrimonio académico y cultural de la región, soporte de la actividad profesional y referente indiscutible de la investigación. En los últimos años ha ganado notoriedad por la esforzada política institucional que ha propiciado el licenciamiento institucional y la acreditación de sus escuelas. No queda duda que existen logros que son fruto del empeño de un puñado de autoridades, docentes, administrativos y egresados. La calidad, entonces, no es generalizable a la totalidad de la comunidad universitaria. Ciertamente se viene luchando para elevar los estándares de calidad, pero existen algunos agujeros de larga data. Y es que hay debilidades que no son exclusividad de la universidad puneña, sino más bien corresponden al sistema de la universidad pública del país.

Al grano. La UNA de Puno programó para el lunes 18 de mayo el inicio del semestre virtual. En realidad la universidad tiene plataformas bastante aceptables, como PILAR para organizar el trabajo de tesis de egresados y de docentes con fondos del FEDU; además de las Aulas Virtuales con soporte Moodle que funciona hace algunos años. Sólo era cuestión de capacitar a los docentes que no emplean el sistema. Más bien el problema de fondo sería la conectividad de los estudiantes. Recordemos que Puno tiene una situación socioeconómica precaria y que la gran mayoría de estudiantes provienen de las 13 provincias de la región. En realidad la ciudad de Puno, pese a ser una capital regional es pequeña (no más de 130 mil habitantes), distritos y provincias en su conjunto y la dinámica ciudad de Juliaca, representan el 91% de la población regional. Entonces, los estudiantes del interior de la región son el centro de la atención. La universidad tiene 18 mil estudiantes matriculados.

Pero la suspensión del inicio del semestre virtual no vino por la conectividad de los estudiantes, como causa principal. Un factor no previsto por la autoridad universitaria se coló con fuerza: un grueso número de docentes estaba poco familiarizado con la tecnología y tenían dificultades para aprender el sistema de enseñanza virtual. Además, el vicerrectorado académico había contratado los servicios de Cisco Webex para desarrollar la enseñanza sincrónica (en tiempo real), dejando de lado la posibilidad de otras plataformas que eran empleadas por los pocos docentes que usaban medios virtuales. Y no sólo eso, algunos docentes también tenían problemas de conectividad y equipos en su hogar. A lo que habría que agregar, el clima de política interna nada favorable, pues las autoridades ya cumplieron su periodo de gobierno, no ha habido convocatoria a elecciones y la asamblea universitaria ha tenido que extender la gestión de las actuales autoridades.

Los docentes han pedido capacitación  por facultades, que seguramente se implementará en los próximos días. Llama la atención que se pida capacitación en temas para los que existe una gran cantidad de tutoriales y recursos on line. Lo que se percibe es, más bien, resistencia al cambio y conformismo que son solo los síntomas de problemas más profundos. ¿Cuáles son esos problemas de fondo?

Vamos por partes. La universidad, como la gran mayoría de las universidades públicas, es altamente “politizada”, en el sentido peyorativo del término. Tiene aceradas argollas de intereses que manejan las facultades y la universidad, que deviene en elección de cargos por intereses de grupo, no por mérito o trayectoria de los profesores. Se dan situaciones que de preocupantes pasan a jocosas como que algunas autoridades ocupan los últimos lugares en la encuesta estudiantil del desempeño docente, por tanto la evaluación del desempeño no es empleada como instrumento de gestión, es una obligación administrativa que pasa al archivo. Politizado también es el ingreso a la docencia y nuevamente los méritos pasan a segundo lugar. Los docentes más antiguos con cargos, llamémoslos “caciques institucionales” no son precisamente docentes actualizados en las fronteras de la ciencia, son políticos con modos coloniales de actuación universitaria que no tienen discípulos académicos, sino clientela, argolla, súbditos obedientes.

En esa atmósfera, las sanciones por incumplimiento de labor académica son casi inexistentes. Y si existen son parte de la lucha política. No existen prolijos informes semestrales de desempeño docente, sino una bochornosa ficha para llenar porcentajes de avance que la mayoría copia entre docentes. La investigación con fondos del FEDU es un requisito para el pago de una subvención. No es parte de la cultura académica, es solo un trámite anual de los docentes. Inclusive no hay sanciones para quienes no quieren investigar. Obviamente hay excepciones honrosas, pero como apuntamos desde el inicio, se trata de un puñado de docentes.

Es parte de la cultura organizacional de la universidad realizar actividades como obligaciones que disponen las instancias superiores, la SUNEDU o el SINEACE. Hasta las mismas autoridades superiores se refieren a ellas como obligaciones que tenemos que cumplir. No son vistas desde la cúspide como esenciales o que contengan valores institucionales, entonces es fácil que existan numerosos casos de conformismo y desactualización.

Las alternativas de solución a los problemas pueden ser variadas, pero solo mencionaré dos. Primero, la universidad debe pasar por un cambio generacional que liquide a los enquistados caciques y encumbre a profesores con méritos y trayectoria que contengan valores institucionales. Ese puñado de profesores y administrativos eficientes que en la práctica sostienen a la universidad deben ser empoderados y no sólo deben ser vistos como herramientas del cumplimiento de las obligaciones. Segundo, una relación virtuosa y dinámica con la comunidad (municipalidades, colegios profesionales, organizaciones sociales, federaciones, empresariado,  ONG, etc.) que permita potenciar la investigación y la responsabilidad social de la universidad. En conclusión, repolitizar la universidad pero sustentando el cambio en valores institucionales y orientándola a convertirse en un faro del desarrollo de nuestra amada región.