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Una publicación de la asociación SER

La urgencia de un debate sobre el sector Cultura

Carlos Herz Sáenz

El Presidente de la República ha dado su último Mensaje a la Nación, convocando a un pacto nacional de los partidos políticos en torno a 5 puntos que él mismo considera ambicioso lograr. Mas aún, si lo que está de por medio es un escenario de crisis no solo sanitaria sino de gobernabilidad considerando la fragilidad institucional del aparato estatal, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial, debilidad que se extiende a la imposibilidad de construir consensos para encarar siquiera los aspectos más perentorios de la agenda nacional. La pandemia por cierto no ha afectado por igual a toda la población, y hay sectores que han sabido aprovechar la crisis para continuar obteniendo beneficios económicos desde sus espacios de poder.

En este contexto un componente esencial para construir gobernabilidad y que no ha merecido mayor preocupación ni interés por parte de las autoridades políticas es el de la Cultura. El sector ha vivido 10 cambios de ministros solo durante el actual gobierno, sin mayores logros. Recién en esta gestión se ha aprobado una política nacional de cultura que espera ponerse en práctica para contribuir a la superación del marcado déficit en ciudadanía, democracia y educación que afecta severamente al país.

Lo primero que podría impulsarse desde el Ministerio de Cultura, convocando a diversas organizaciones e instancias a un debate nacional sobre la política nacional recientemente aprobada. La existencia de una política formal es un aporte, pero es insuficiente si no cuenta con los instrumentos que permitan su aplicación: normas, procedimientos, institucionalidad, proyectos y financiamiento, y menos aún, si no se movilizan hombres y mujeres que la pongan en práctica. La elemental acción de poner en discusión social colectiva la Política Nacional de Cultura significaría una oportunidad de cambio de la situación actual en que se encuentra este Sector. Permitiría crear condiciones para entender la Cultura como factor sustancial en el desarrollo de los pueblos. Al respecto se puede identificar varios desafíos:

1.  Fortalecer el Ministerio de Cultura, superando su situación marginal en cuanto a recursos económicos, personal y capacidad de decisión. Basta señalar la lamentable situación de deterioro de muchos bienes materiales arqueológicos e históricos, debido a las limitaciones presupuestales, que hacen evidente la escasa atención gubernamental para la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural. Asimismo, las actuales normas que simplifican los procedimientos de las evaluaciones arqueológicas acotando plazos a manera de trámites de silencio administrativo muestran una valoración devaluada del patrimonio cultural frente a las prioridades del modelo de crecimiento económico. Este desafío incluye la promoción de alianzas estratégicas con la cooperación internacional, el sector privado, las universidades, entre otros, desde una agenda pública concertada y generada desde el Sector. Asimismo, se debe promover la descentralización del Sector Cultura, fortaleciendo las direcciones desconcentradas de cultura en coordinación con los gobiernos regionales y municipales, como un proceso gradual, aprendiendo de los errores cometidos de las anteriores experiencias fallidas y burocráticas de transferencias de competencias y funciones del gobierno central, sin una comprensión cabal sobre la descentralización como una trascendental reforma de Estado que debiera comprometer a los diversos niveles de gobierno, mayormente a las autoridades nacionales.

​​​​​​​2.  Priorizar la comprensión de la realidad multicultural y pluricultural que caracteriza nuestro país, que debiera estar fuertemente presente en la agenda y en los procesos de planificación del desarrollo, propiciando una participación más protagónica del sector Cultura en las orientaciones del CEPLAN. Basta con reconocer la existencia de 77 etnias locales, 7 de las cuales se encuentran en situación de aislamiento voluntario, así como la identificación de 68 lenguas pertenecientes a 16 familias etnolingüísticas. La defensa suprema de los derechos y los beneficios de las poblaciones nativas, la construcción de mecanismos equitativos de diálogo intercultural, incluyendo el respeto y el uso de las lenguas locales, la promoción territorial del bilingüismo donde corresponde (como en el sur andino), entre otros, son roles que debieran promoverse desde el Sector Cultura. Cabe resaltar que una de sus competencias es la de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial de la interculturalidad en el país.

​​​​​​​3.  Modificar drásticamente el enfoque que subordina la Cultura a las demandas de actividades turísticas basadas en prácticas rentistas y extractivistas, para las cuales la Cultura solo tiene sentido si genera ingresos económicos sin importar los impactos sobre el patrimonio ni el destino de los beneficios que se producen. Beneficios que no necesariamente contribuyen a mejorar calidad de vida de las poblaciones ni a promover un desarrollo de los territorios con equidad e inclusión. Es claro que existe una apreciación política y económica de la Cultura, pero ésta posee un valor sustancial sobre la economía y la política, concepto que aún no se entiende en nuestro país. Se debería trascender del enfoque tradicional y burocrático de puesta en valor del patrimonio cultural al de apropiación social y sostenible por la población y los agentes económicos locales. La Cultura debe ser considerada como parte de la vida de las personas en toda su magnitud incluyendo la económica. Solo así se la puede valorar, proteger y aprovechar responsablemente. Es un desafío que debiera comprometer también a otros ministerios como Educación, a gobiernos Regionales y locales, y a las organizaciones de la sociedad civil.

​​​​​​​4.  Promover el concepto de gestión del patrimonio cultural como aspecto sustancial en los procesos de planificación participativa del desarrollo territorial. No se trata de encasillar las supuestas bondades de cada territorio en cuanto a sus potenciales recursos, sino de un aprovechamiento sostenible y adecuado de los mismos. Sin embargo, el papel de la Cultura trasciende el de su uso como un bien económico y, una vez más, se ubica en la dimensión humana y lo que ello implica en cuanto a la búsqueda y el ejercicio de libertades, de tolerancia, de equidad de género, de eliminación de racismo y homofobia, de afectos, de creatividad, de orgullo histórico, de identidad con los espacios de vida. De allí la importancia de estimular planes de gestión cultural como instrumentos de movilización social y económica en cada territorio, formando capacidades para estos fines.

Los desafíos propuestos no solo implican tareas de los gobernantes, sino que debieran corresponder a las diversas organizaciones, movimientos y plataformas de la sociedad, las universidades y los emprendimientos empresariales comprometidas con la valoración de la Cultura para fortalecer democracia, ciudadanía, desarrollo inclusivo.