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Una publicación de la asociación SER

Las Bambas: ¿Diálogo fallido o maldición de los recursos?

Fabiola Yeckting

En estas últimas semanas los que seguimos el tema de las Bambas nos hemos preguntado, ¿qué pasó con el auspicioso proyecto minero de las Bambas y su proceso de licencia social? En diferentes columnas en Noticias SER llamé la atención sobre las características del conflicto y la conformación de las Mesas de Diálogo y desarrollo, así como del rol del Estado. Sin embargo, parece que Las Bambas podría retomar su situación de conflicto por los fallidos procesos de diálogo.

Es necesario precisar algunos temas de la agenda política pendientes de resolver y preguntar: ¿es posible activar los proyectos mineros sin contar con la licencia social? En ese mismo sentido, es necesario advertir sobre los abismos a los que nos lleva la frágil institucionalidad del Estado. No se trata de pensar sólo en los recursos y las rentas, sin crear consensos sobre sus impactos y aprovechamiento, porque ello encarna la maldición de los recursos por la que vivir en territorios con grandes riquezas -sin atender los problemas de su explotación o preparar a los beneficiados en cómo aprovecharlas- no significa ser favorecidos sino que, por el contrario, salir perjudicados.

En Cotabambas, tal como lo han estado reivindicando sus líderes, los afectados son comunidades quechuas e indígenas que se autoidentifican como yanawaras, lo que debió  motivar la aplicación de la Consulta Previa. Sin embargo, cuando se concesionó el proyecto en el año 2004, durante gobierno de Alejandro Toledo, aún no existía la Ley de Consulta Previa. Desde entonces, muchas de las comunidades indígenas de la región Apurímac, cuyo territorio está concesionado al 68%, que se  encuentran en zonas de los proyectos mineros, no han sido reconocidas y clasificadas por el Viceministerio de Interculturalidad con la condición de indígenas o de pueblos originarios.

En el ínterin de la venta del proyecto de la suiza Glencore a la transnacional de capitales chinos MMG, se dieron a conocer las modificaciones al Estudio de Impacto ambiental que causaron malestar entre la población, por la posible instalación de una planta transformadora en una zona de afectación directa de la población, que no fue informada. En respuesta, se produjo una paralización y protesta que tuvo un terrible saldo de muertos y heridos. Además, dejó un sentimiento de vulneración de sus derechos e indignación.

Luego de las manifestaciones, la presencia del Estado no se hizo esperar y llegaron a la zona algunos ministros como los de Vivienda y Educación, como antesala de la instalación de las Mesas de Desarrollo impulsadas en el mes de noviembre por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En febrero, Ollanta Humala visitó Cotabambas, de improviso, para inaugurar una planta del proyecto Las Bambas, lo que dejó un amargo sabor por los problemas no resueltos maquillados para la foto y las portadas de los diarios.

Tiempo después, la PCM programó las Mesas de Diálogo con comisiones de autoridades, líderes, representantes de las comunidades y la empresa, que trataron temas como medioambiente, derechos humanos, responsabilidad social y empresarial, etc. A fines de marzo se produjo un primer intento fallido de reunión e incumplimiento del Estado, aduciendo problemas en el aeropuerto Velazco Astete de Cusco, que curiosamente habían sido solucionados.

El 02 de abril, dirigentes de Cotabambas rompieron el diálogo, y cuestionaron la presencia de funcionarios de los ministerios que no tenían facultad de resolver los problemas. Posteriormente, se dio una escueta explicación del Ejecutivo sobre la postergación de las reuniones hasta el 07 de Abril, junto al resquebrajamiento del diálogo y la negociación. También se generaron conflictos por nuevos distritos de Coyllurqui y la disputa entre centros poblados por el acceso al canon minero que dejó como saldo un alcalde herido.

Por su parte, una delegación de 47 comunidades afectadas por el proyecto llegó a Lima, reclamando el incumplimiento de acuerdos, para protestar frente a las instalaciones de MMG, empresa que se negó a escucharlos, por lo cual iniciaron una huelga de hambre; mientras tanto, en Cotabambas se declaró un paro provincial indefinido. El resultado es la situación de desgobierno y falta de planificación de los impactos de uno de los proyectos mineros más importantes del país.

Es inevitable decir que el gobierno se encuentra peligrosamente en piloto automático, que en este caso abandona su responsabilidad frente a la población, pero esta situación obliga a pensar, a su vez, en la falta de interés en promover el proceso de descentralización y la planificación de alternativas a los impactos de los proyectos mineros en el país. En ese mismo sentido, resaltó en el debate entre candidatos presidenciales temas como el ordenamiento territorial, propuesto por Verónika Mendoza, y la posible asociación de las comunidades a los proyectos mineros,  en los argumentos de Alan García y Miguel Hilario.

La descentralización es una tarea pendiente que no consiste en convencer o cooptar a los alcaldes y presidentes regionales para favorecer las inversiones y para conseguir beneficios, sino más bien, se trata de asegurar las capacidades para planificar las transformaciones de sus territorios y solucionar los problemas de sus paisanos, con espacios para la toma de decisiones con participación, para que se cumplan los acuerdos y el ejercicio de derechos.

Es innegable que, en el caso de las Bambas, las comunidades han aceptado el proyecto con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, pero ahora que toca cumplir y dialogar, ¿qué pasó? Los temas claves como el cuidado del medio ambiente, la planificación o, incluso, el ordenamiento territorial, ¿acaso se pueden dejar de lado? Sería útil convertir en socios de los proyectos mineros a las comunidades sino cuentan con la licencia social y una adecuada institucionalidad en los gobiernos locales, es posible que no, porque necesitamos un Estado fuerte, capaz de plantear reglas claras. La prueba de ello es cómo su ausencia está generando más conflictos en Cotabambas y la región Apurímac, una advertencia de lo que no debe ocurrir con la minería en las regiones y en todo el país.