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Una publicación de la asociación SER

Las Bambas: la urgencia del mineroducto

El conflicto en el “corredor minero del sur” entre la empresa MMG Las Bambas y las comunidades ubicadas a lo largo de la carretera y las vías alternas por donde se trasladan los minerales, vuelve a poner en evidencia, la pobre capacidad estatal para enfrentar y resolver los conflictos, limitada a implementar mesas de diálogo que no llegan a acuerdo alguno y a declarar por enésima vez el estado de emergencia en la carretera.

Esta vez el escenario del conflicto son las provincias de Paruro y Chumbivilcas, donde los reclamos son similares a los que se vienen planteando desde hace varios años: alto a la contaminación que genera el polvo que levantan los camiones que llevan el mineral rumbo a la costa y  compensaciones por derechos de paso por tierras comunales, cuyos caminos fueron convertidos por obra de funcionarios -más preocupados por los intereses de la empresa, que por el interés general-, en parte de una carretera nacional.

El problema se generó por la decisión de la anterior dueña del proyecto Glencore, de modificar el diseño original del proyecto que incluía la construcción de un mineroducto y una carretera que corría en paralelo a su trazo, justamente antes de la venta de la mina a MMG, consorcio en el que predomina el capital chino.  Más allá de las responsabilidades -aún por determinar- de quienes aprobaron el cambio del Estudio de Impacto Ambiental, a través de un Informe Técnico Sustentatorio (procedimiento que naciera ante las demandas del gremio minero para facilitar sus inversiones), la persistencia del reclamo comunal y sobre todo los problemas que le genera a la empresa, la ha llevado a anunciar que viene evaluando la construcción del mineroducto.

¿Se tenía que llegar a una situación de permanente conflictividad para saber que una operación de la magnitud de Las Bambas requiere siempre una forma de traslado de mineral que minimice los impactos que éste genera en la ruta? El costo han sido muertos, heridos, detenidos, procesados, viudas, huérfanos; violaciones a los derechos humanos que pudieron evitarse causados por decisiones empresariales en donde lo que prima son las ganancias y las utilidades, y también por una negligencia estatal de autoridades y funcionarios a los que lo único que les interesa es la renta que la minería genera (y les genera).

En Noticias SER rechazamos la declaratoria de estado de emergencia en la provincia de Chumbivilcas ya que solo agudizará más el conflicto en el “corredor minero del sur”. Lo que el gobierno debe buscar de inmediato es el compromiso de la empresa MMG para la construcción del mineroducto. Mientras esto no se haga los bloqueos y reclamos de las comunidades seguirán ocurriendo, y no habrá mesa de diálogo que sirva para resolverlos.