Skip to main content
Una publicación de la asociación SER
Antropóloga, docente de la UNMSM

Las Bambas: mucho más que un conflicto entre privados

Foto: Ojo Público

Si Conga fue en su momento un conflicto que puso en una encrucijada al gobierno de Ollanta Humala, parece que el de Las Bambas está poniendo en jaque al de Vizcarra. El presidente desaparece para no intervenir ni opinar sobre un conflicto que está generando una crisis y le quita puntos.

En Lima, el premier Salvador del Solar, se sentó a dialogar con el excarcelado presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y a cambio de su firma en el acuerdo le propone levantar el estado de emergencia. Pide que termine el bloqueo y la protesta en los caminos, tanto en el fundo Yavi Yavi como en la entrada al proyecto Las Bambas. Pero se critica que el Estado deba cumplir la labor de garante de derechos y no sólo facilitar el proyecto.  A pesar de los esfuerzos por firmar un acuerdo, Salvador del Solar aún no cuenta con una respuesta definitiva para corregir errores pasados y resolver los temas que generaron los problemas. Antes de llegar a Cotabambas el premier debe tener en cuenta cómo es la relación del proyecto con la población y las responsabilidades de la empresa y del Estado. La población espera la llegada del premier acompañado de nueve ministros de su gabinete.

El proyecto Las Bambas a lo largo de sus15 años de operación ha generado demasiadas expectativas insatisfechas de la población en diferentes dimensiones: productivas, de empleo, salud, educación, infraestructura, responsabilidad social y ambiental. La población de alrededor de 72 comunidades campesinas y 179 centros poblados en los cinco distritos de la provincia de Cotabambas y Grau, y en algunas vecinas de Cusco, espera ser beneficiada por proyectos de desarrollo en el corredor minero.  La empresa ha resuelto los problemas con algunos proyectos productivos en sus inicios y luego compensando y pagando con dinero el acceso a las propiedades y tierras en cada una de las comunidades en la zona de impacto directo. 

La comunidad campesina y sus organizaciones se han transformado y debilitado en la competencia -divisiones y conflictos- que genera el impacto del proyecto. La comunidad y sus organizaciones, aunque han resistido a las transformaciones políticas y territoriales, como una creciente urbanización, se han visto afectadas en sus condiciones de vida. Tampoco tuvieron derecho a la consulta previa. Por ello, continúan demandando los beneficios del proyecto, aunque éstos corresponden a un futuro en el que se espera que los alcaldes sepan administrar el canon y la renta. Los líderes y dirigentes de las comunidades perciben que los acuerdos de la empresa con Fuerabamba en Challhuahuacho, han sido beneficiosos sólo para ellos, y que las demandas del resto de comunidades son desatendidas.  

El conflicto no es entre privados porque el Estado debía hacer su labor de mediador velando por los derechos y obligaciones de las comunidades, la empresa y el Estado mismo. Pero no realizó el seguimiento a los acuerdos del 2009, de las Mesas de Desarrollo 2013, 2015, ni a los cambios en el EIA, ni a los Planes de Desarrollo del 2016 y en el 2018. La población sufre la represión y la presencia de militares en la zona, así como los continuos estados de emergencia injustificados e ilegales.

El descontento y la protesta son el resultado de la acumulación de esta tensión en la zona.  La tensión también se produce por las afectaciones al medio ambiente, como la disminución de fuentes de agua, el polvo que afecta sus cultivos o las explosiones, y otras más, que no están siendo evaluadas, ni sancionadas por el Estado, y que están perjudicando el desarrollo de otras alternativas productivas en la provincia. La población espera mejorar su economía con la consolidación de planes de desarrollo, con mayor producción agropecuaria y empleo.

La Defensoría del Pueblo ha apuntado bien a tres factores: profundizar el espacio de diálogo, la mayor presencia del Estado, el derecho a asesoría y defensa legal de las comunidades y acciones efectivas para afianzar el diálogo que se traduzca en medidas concretas. Ese diálogo público debe traducirse en seguimiento, acompañamiento y vigilancia de los actores y de los procesos para que no se produzcan más atropellos a sus derechos. El estado debe garantizar las alternativas de relacionamiento en igualdad de condiciones con el proyecto minero que no sea sólo a través de la compensación o dinero y que contribuyan a fortalecer las capacidades de los actores de manera institucional para tomar decisiones sobre su futuro.