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Una publicación de la asociación SER
Abogada de Aprodeh y Grufides

Las Bambas: No arriesgar el diálogo

Aunque el Congreso y sus barbaridades nos tengan distraídos e indignados, es necesario volver a mirar otros temas de importancia para el país; volver a mirar los conflictos al interior del país y cómo se van afrontando los mismos.  Y el caso de Las Bambas seguro que muchos se preguntarán en que anda y si ya todo está resuelto.

A ver, todos recordamos que después del tremendo lío por el bloqueo de las carreteras de parte de algunas comunidades de la zona de Las Bambas y la absurda detención de sus dirigentes y abogados, el gobierno, a través del Premier Del Solar, fue al lugar de los hechos y previo pedido de perdón a las comunidades -como correspondía- por el olvido y la ausencia histórica estatal, se comprometió a llevar adelante una Mesa de diálogo para encausar el conflicto. Promesa cumplida, el gobierno instaló la mesa denominada “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de progreso de la Provincia de Grau, departamento de Apurimac”, bajo la cual se han establecido nueve espacios de trabajo, determinados por cada una de las demandas planteadas por la comunidad.  Es decir tenemos el espacio de diálogo sobre Justicia y Derechos Humanos, coordinado por el MINJUS; el del corredor vial sur, coordinado por el MTC; el del convenio Marco, a cargo de MINEM; el del canon Minero, también a cargo del mismo sector; el de Plan de Desarrollo, con el liderazgo de la PCM; el de Responsabilidad Social y Anexo K, liderado por MINEM; el de Seguro ambiental, a cargo de MINAM; el de asuntos con la empresa minera Las Bambas, llevado adelante por la PCM; y, finalmente el de Seguridad, a cargo de MININTER.

Todo esto incluso bajo una norma que reconoce de manera oficial y legitima este proceso, con reglamento discutido con la propia comunidad, que ha aceptado este importante paso. Todo bien hasta ahí. Sin embargo como diría un buen dicho “en los detalles habita el demonio”. 

Una primera urgencia para la comunidad, legítima e indispensable por cierto, es que se aborden los temas del primer espacio sobre Justicia y Derechos Humanos, porque aquí se discutirá que va a pasar con los procesos de los dirigentes sociales que se encuentran criminalizados. Según información dada por el propio MINJUS, existen cuando menos 180 personas de esta zona, denunciadas y procesadas por haber participado en protestas sociales, bajo los cargos de “extorsión”, “organización criminal”, daños, etc., procesos que al parecer no tienen mayor sustento legal ni probatorio y que necesitan resolverse en el menor tiempo posible para generar condiciones de diálogo; ya que como es lógico, nadie dialoga mientras es perseguido. 

Frente a este requerimiento, el Estado ha apurado la instalación de dicho espacio asumiendo compromisos de por medio.  Ha cumplido con hacer un primer rastreo de cuántos dirigentes están procesados, aunque aún no está completo; se ha creado una oficina de Derechos Humanos en Challhuahuacho para ayudar en el tramite de estos casos; ha promovido una comisión del Poder Judicial para supervisar la actuación de los jueces en estos casos de conflictos.  De esto dieron cuenta en la segunda reunión de la mesa la cual se ha realizado el 24 de mayo último.

La población sin duda, entiende esto como una absoluta urgencia y demandan celeridad, porque claro, mientras todo este proceso de dialogo se desarrolla, la gente teme ir a parar a una cárcel, comprensible. Sin embargo, la gente comprende que las salidas no son sencillas, y toda persona ligada a los temas legales, sabe lo difícil y complejo que resulta archivar un proceso judicial, sobre todo de naturaleza penal.  Y ese es un gran problema a revertir para acabar con esta política de criminalización aplicada por los últimos gobiernos, que optaron por responder a los conflictos con represión y persecución.

De la última asamblea salieron interesantes acuerdos consensuados, el gobierno accedió a promover un Acuerdo Plenario para determinar criterios jurisdiccionales y no seguir persiguiendo injustamente a los líderes; se ha ordenado agilizar y profundizar la revisión de los casos en trámite mediante la oficina de Derechos Humanos instalada en la zona; también se comprometió a involucrar al  Ministerio Público en la supervisión de fiscales comprometidos con estos temas, entre otros aspectos. Del lado la población se ha dado conformidad y hay un compromiso a colaborar en ese sentido.  Pero sin duda, siendo procesos sociales, los mismos tienen que ser cuidados al máximo en cada uno de sus aspectos y detalles, inclusive los más mínimos.

Y ahí está el detalle, la última reunión falló en eso, estando a punto de firmar estos acuerdos, la comitiva del Ejecutivo y funcionarios del gobierno central desapareció del recinto de reunión intempestivamente, no hubo un aviso de su partida, menos aún una respetuosa salida frente a la comunidad que los acogió con mucha expectativa; y el acta donde se estaban formalizando los acuerdos quedó sin firma de los representantes del Estado.

Eso provocó una crisis, generó nuevas y serias desconfianzas que ponen en riesgo lo avanzado. Un sector de la población, ante este erróneo gesto, propuso volver al paro; los ánimos de todas las comunidades, caldeados por la indignación, casi resuelven acatar esta decisión.  Costó mucho hacer que esto se revirtiera, en el fondo ayudó mucho que los líderes de manera sensata calmaran a la gente y la convencieran que hay que seguir apostando por estas formas institucionales de resolver el conflicto. 

Pero la comunidad que sin duda reclama respeto, resolvió citar al Ejecutivo para el 14 de junio, fecha en que de no presentarse todo este esfuerzo colapsará.  Aun así, hoy una de las comunidades afectadas de Grau retomó el paro.

No basta la buena voluntad, no bastan las interesantes acciones que se propongan llevar adelante, es necesario entender que estos procesos son más que eso, son la apuesta por reconstruir un nexo de confianza entre el Estado y las comunidades que está por demás quebrantado desde hace décadas, y cuyo motivo principal es el olvido, la indiferencia y la desatención que se ha tenido con estos pueblos.  Esperemos que no se repita la historia.