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Una publicación de la asociación SER

Las Bambas: un modelo agotado

El conflicto alrededor del proyecto minero Las Bambas se ha convertido en el principal problema político del gobierno de Martín Vizcarra, agravando la tendencia declinante en su popularidad, y ha puesto en cuestión el capital político que supuestamente traía el nombramiento del nuevo gabinete liderado por Salvador del Solar, cuyo rápido desgaste le ha ahorrado trabajo a la oposición ubicada en el Congreso de la República.

Si bien hasta el momento se ha logrado evitar niveles graves de violencia, la falta de iniciativa política del Poder Ejecutivo y la impericia de sus principales operadores y responsables políticos, deja el escenario abierto a cualquier desenlace y abona al escalamiento del conflicto con la participación de nuevos actores locales que exigen la atención de sus propias demandas.

Pero la incapacidad estatal no es el único factor a tener en cuenta sino que, tal como lo han venido diciendo algunas autoridades gubernamentales, la empresa MMG debe jugar un rol activo en la solución del conflicto, replanteando las condiciones en las que ha venido operando hasta el momento, y no limitarse a presionar al gobierno por medio de sus voceros oficiosos para que este "imponga orden" y al mismo tiempo continúe actuando como su principal (e ineficiente) relacionista comunitario.

Precisamente, esta última tarea sintetiza el rol que han asumido la mayoría de agencias estatales encargadas de la gestión de los conflictos en el ámbito extractivo desde el inicio del boom minero, las cuales se han dedicado a facilitar las actividades empresariales, en lugar de garantizar que estas se desarrollen respetando los derechos de las poblaciones que viven en el ámbito de los proyectos y al mismo tiempo les generen beneficios que vayan más allá de contar con una carretera asfaltada que, como ocurre en el caso de Las Bambas, será utilizada principalmente por la empresa minera.

En Noticias SER esperamos que el gobierno y los actores corporativos no sigan insistiendo en el viejo modelo de manejo de los conflictos que prioriza los intereses empresariales. Como ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, este sólo acaba generando nuevos conflictos y proyectos fallidos. Y además, añade nuevas vulneraciones de derechos de las poblaciones afectadas por la actividad extractiva.