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Una publicación de la asociación SER
Magister en Antropología y en Gobierno y Políticas Públicas. Doctorando en Estudios Andinos. Docente en Políticas Públicas en la PUPC. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

Las Bambas y el desarrollo territorial de Cotabambas

Los actuales escenarios de conflictividad en torno a la actividad minera en las Bambas, han tenido como componente principal y de corto plazo el usufructo de una vía  carrozable para el tránsito del mineral extraído de las canteras de Fuerabamba hacia su destino final en Arequipa, desde donde será exportado sin mayor transformación hacia las fundiciones y fábricas chinas. De allí retornará algún producto acabado que inundará mercados -por sus bajos precios- debido a la ya conocida estructura de valor agregado con el menor costo de capital a expensas de recursos naturales, mano de obra, tecnología y ambiente baratos que la economía china nos tiene acostumbrados.

Ese es el contexto  de globalización en el que el país se ubica, como proveedor de materia prima. Por lo menos se hubiera esperado que podamos generar un mayor valor agregado transformando la roca en lingotes refinados. Ese es un tema pendiente a seguir debatiendo en el marco del modelo de acumulación nacional que el Perú debiera reconsiderar como parte de drásticas reformas pendientes que incluya la diversificación económica productiva que es factible con tanta potencialidad en recursos naturales que poseemos.

En el caso de Las Bambas, lo ocurrido desde el inicio de la presencia minera, primero con Xstrata, luego con Glencore (ambas suizas), y finalmente con MMG (china), merece un análisis muy especial en cuanto a estas intervenciones empresariales y los roles jugados por los sucesivos gobiernos nacionales, regionales, municipales y por la sociedad civil apurimeña.

La situación actual de conflicto generado por los beneficios que la comunidad exige como compensación por el uso de una vía comunal que el gobierno ha convertido en nacional, tendrá su propio devenir como ahora se viene dando, debido al enorme interés que tiene el Ejecutivo de garantizar que se cumplan los compromisos con la empresa china. Es un tema de renta de la cual el país depende por el modelo de acumulación extractivista que caracteriza nuestra economía. Ese escenario puede favorecer a las comunidades campesinas involucradas en la negociación ante la urgencia que tienen las autoridades nacionales de evitar nuevos bloqueos del transporte del mineral.

Lo que se tiene ahora es una importante inversión económica aceptada mayoritariamente desde sus inicios por diversas comunidades campesinas en Cotabambas y Grau, que han venido negociando hace más de 15 años con las tres empresas mencionadas, un conjunto de bienes y servicios. Esa es la tendencia permanente y puede incrementarse ante las nuevas inversiones extractivas interesadas en una provincia con más de la mitad de su territorio concesionado para explotación minera. Sin embargo, es importante llamar la atención sobre como trasladar las preocupaciones y negociaciones a un plano distinto, que es el del desarrollo territorial. Es decir, como se ubica la presencia de una actividad extractiva minera llamada Las Bambas, en la comunidad campesina de Fuerabamba, situada en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Y si vamos más allá en la macroregión sur del Perú. Esta mirada podría ser la mejor manera de aprovechar significativos recursos económicos no solamente para atender las demandas de poblaciones aledañas a las zonas de extracción sino para contribuir al desarrollo sostenible de Cotabambas y Grau. Se trata de comprender que la actividad minera constituye un factor de desarrollo, si está inmersa en los procesos de planificación que el territorio en mención posee a mediano y largo plazo.

Cotabambas cuenta con un plan de desarrollo provincial al 2021, elaborado con minuciosidad, preocupación y participación local en el año 2010. Debió constituir el instrumento de gestión para orientar el desarrollo de ese territorio, aceptado y aplicado por las diversas autoridades, así como respetado como marco de intervención por las organizaciones de la sociedad civil y las iniciativas empresariales privadas. Pero como suele ocurrir en casi todo el país, no fue así.

No se trata simplemente de un listado de proyectos priorizados como es el acta de compromiso suscrita en febrero de este año entre autoridades nacionales, regionales y locales para garantizar futuras inversiones públicas. Si tan solo se revisara y se discutiera en torno al contenido sustancial del plan de desarrollo de Cotabambas, se podría comprender su gran valor para entender que esta provincia es sustancialmente agrícola y ganadera, y de qué manera la renta que pueda obtenerse de una actividad temporal y no sostenible como es la minería, debiera favorecer aquellas líneas de inversión orientadas a la producción de bienes y servicios que el territorio posee como potencialidades para su crecimiento sostenible, considerando las oportunidades que ofrece el mercado nacional e internacional.

 "Cotabambas cuna de las papas nativas", versa el slogan de la visión de esta provincia al 2021. Y continúa desarrollando el contenido de esta frase: “La provincia de Cotabambas reafirma sus valores culturales y desarrolla sus capacidades para la gestión responsable de sus recursos naturales, la prestación de servicios y la producción agroecológica competitiva”. La inquietud que nos embarga es cuánto de las demandas actuales de las comunidades frente a la empresa minera, cuánto de los eventuales compromisos del gobierno con las mismas comunidades, cuánto del quehacer de las autoridades regionales y municipales en torno al actual conflicto, en síntesis, cuánto de la dinámica socio económica y política que ahora motiva la concurrencia de tantos actores, cuánto de todo lo señalado tiene la mirada del plan de desarrollo territorial de Cotabambas. La respuesta no es halagüeña.

Un aspecto que puede constituir la oportunidad para generar expectativas de cambio es la dación de la Ley 30589 del año 2017, que declara de interés nacional y de necesidad pública el desarrollo económico y social de la zona de influencia del proyecto Las Bambas (Cotabambas y Progreso), encargando a los sectores competentes para que coordinen acciones que prioricen la formulación de un plan de desarrollo económico, social y ambiental para la zona de influencia del proyecto minero. En ese esfuerzo, podría bastar con tomar el plan provincial vigente de Cotabambas y actualizarlo a las nuevas condiciones que se están generando en estas zonas altoandinas y darle sentido de desarrollo territorial, integrado a los procesos económicos y culturales tanto de Apurímac como de Cusco, en el marco de una propuesta macroregional del sur andino. Es en ese contexto que se podrán evitar proyectos aislados, de corto plazo o limitados a ciertos fines como los de infraestructura.

Igualmente, la participación de entidades como el CEPLAN podría contribuir a resaltar la importancia del plan de desarrollo provincial y darle la coherencia que se merece, alineándolo al plan estratégico nacional y al nuevo compromiso del Acuerdo Nacional de contar con una visión al 2050. Sería una oportunidad para que el CEPLAN conjuntamente con el ViceMinisterio de Gobernanza Territorial, ponga en práctica sus expectantes enfoques de desarrollo en estos espacios altoandinos.

Finalmente, y es la labor más compleja, habría que promover iniciativas y liderazgos que retomen el plan de desarrollo territorial aún vigente e introducirlo como punto de agenda en las diversas negociaciones, debates, asambleas y demás espacios ahora muy activos en Cotabambas, para que se le reconozca como instrumento orientador y de gestión. Eso conlleva acciones de fortalecimiento y de mayor participación y protagonismo de las organizaciones comunales y sociales de base de Cotabambas, así como de las ONG aliadas y de las instituciones universitarias de Cusco y Apurímac, para  liderar, promover y dinamizar los procesos desde un enfoque de gobernanza y de visión de desarrollo territorial. No está demás señalar que haría falta en lo inmediato un momento de encuentro y de definición de compromisos entre las instituciones y organizaciones comprometidas, no solo para retomar el debate de actualización concertada del plan provincial, sino también para orientar el canon y otros recursos provenientes de la actividad minera en beneficio de las comunidades, enmarcados en el desarrollo territorial. Los liderazgos a crear y/o fortalecer tanto de las autoridades municipales como de las comunidades campesinas debieran garantizar esa visión territorial, y superar la relación clientelar y los intereses rentistas de corto plazo que afectan las actuales negociaciones.

Si se considera de interés nacional el desarrollo estratégico de estos territorios altoandinos, debería crearse consensuada y creativamente una institucionalidad ad-hoc, con la participación de los diversos sectores públicos, privados y de la sociedad civil para orientar la planificación del desarrollo económico y social de la zona, objetivo que establece la normatividad vigente. Urge para ello voluntad política, consensos, liderazgos, desarrollo de capacidades y ética en la gestión.