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Una publicación de la asociación SER
Socióloga, analista política y de género.

Las malas leyes, zafarranchos y partidos

“Al menos, sean egoístas inteligentes”, nos repetía el padre Hubert Lanssiers. Lo decía para hacernos ver que había que pensar en el bien común. Que si no era por solidaridad, al menos debíamos hacerlo porque la inacción podría ir en contra de nosotros mismos, de nuestros propios intereses.

Esta frase me ha venido a la cabeza varias veces en mi vida. Como en estos días, frente al zafarrancho político. Y es que cuando se hacen leyes asumiendo que el beneficio del propio grupo político y de pocos más es suficiente para ser aceptables, aunque ello vaya en detrimento del desenvolvimiento democrático y de mínimas garantías a la participación de otros, se puede acabar de esta manera. Sobre todo, porque una mala ley puede rebotar en contra de uno mismo.

Eso es lo que ocurrió, en buena medida, con las reformas a la Ley de Partidos, aprobadas en el Congreso en la última década. Cambios orientados a la inscripción y permanencia de partidos, que partían de dos argumentos errados.

Primero, “fortalecer” a los partidos nacionales existentes, a toda costa, era lo mejor para nuestra democracia. “Fortalecerlos” incluso con disposiciones que, contra la evidencia de lo que muestra el análisis comparado, pueden afectar el desempeño democrático mismo.

Segundo, que la razón de que hubiera muchos partidos políticos era que no se habría ajustado suficientemente las reglas de ingreso (firmas, número de comités a nivel nacional) y salida (valla electoral). Nuevamente, contra toda evidencia que nos puede brindar el análisis comparado, se estuvo argumentando que la solución pasa por ajustar más dichas reglas.

Así, no se tuvo en cuenta las causas estructurales de la debilidad de nuestros partidos. Un aspecto importante: El débil o escaso enraizamiento territorial. El sistema de partidos peruano parecía funcionar bien, hacia la década de 1960, hasta el golpe de Velasco. Puede ser, pero no se tomaba en cuenta que, en realidad, el Perú era entonces uno de los países con menor porcentaje de población electoral en América Latina, con enormes disparidades marcadas por elcentralismo (político y económico). La política oficial no era asunto de multitudes, ni tan siquiera alcanzaba a congregar a una “masa crítica” en la mayoría de departamentos del país.

A partir de 1979, la incorporación de esa inmensa ciudadanía ignorada por décadas por los partidos oficiales, cambió totalmente el universo electoral. No sólo se incorporaron los analfabetos, sino también “bolsones” de población sobre todo rural, andina y amazónica, hasta entonces al margen del juego electoral y político. Políticos regionales, particularmente provenientes de la izquierda, empezaron a construir discursos “anti centro”.

Los partidos, sin enraizamiento en dichos territorios, se ampararon en el argumento de que ese nuevo contexto (nuevos líderes regionales y, sin decirlo, esos nuevos ciudadanos) constituían una amenaza al sistema, a la misma democracia. De alguna manera podía ser. El problema es que, como respuesta, se asumió que ellos debían representar a esas multitudes, por fuerza de ley.

La Ley de Partidos surgió de una idea y requisitos de “partido nacional” que figuran entre los más estrictos de América Latina: 1% de firmas y comités partidarios en dos tercios de los departamentos del país. Irreal, sobre todo por lo señalado anteriormente, falta de enraizamiento, y por el severo fraccionamiento territorial. En cambio, en varios países, el partido nacional puede inscribirse como tal, representando intereses “macro regionales” (por usar un término local).

Por lo demás, todos lo sabemos, las firmas demuestran nada, salvo que se tiene dinero. Y la mayoría de comités de partidos no funcionan. Sin embargo, no les quitan la inscripción por ello. Así, estos requisitos han servido para evitar que otros (sobre todo desde las regiones) entren, y no para que los partidos con pérdida de representatividad salgan del escenario político. Este es un punto fundamental: No es que haya muchos partidos porque los requisitos son poco exigentes; los hay porque, para quienes están dentro, no se aplican. Entonces, claro, siempre tendremos más partidos, porque el escenario no se “vacía” de los que no cumplen realmente con los requisitos. A modo de ejemplos, podríamos preguntarnos por partidos “nacionales” limeños, como el FIM o Renovación Nacional: ¿Cómo alcanzaron las firmas?¿Cómo permanecieron algún tiempo en la escena política?

Con el diagnóstico errado y manteniendo la idea de que debía seguir “fortaleciendo” los “partidos nacionales”, aunque no fueran todos nacionales, se ha ido incrementando el porcentaje de firmas: De 1% hemos llegado, en el 2015, al 4%, cifra que nos ubicaría como el país más restrictivo de Sudamérica. Por cierto, en Europa tampoco existe nada parecido, y en las Américas, sólo hay un caso similar: Panamá (con obvias diferencias de tamaño). Resultado: No hay ninguna organización política que se haya inscrito después del 2011.Como ha señalado el JNE, este cambio puede resultar inconstitucional, pues atentaría contra el derecho a la participación política.

Por otro lado, se aumentó la valla electoral para partidos políticos. La mayoría de países de América Latina no tiene “valla” y, entre los que sí tienen, el 5% actual es el más alto de la región (antes era 4%, también comparativamente alto). Frente a las numerosas alianzas el 2011, la lógica dictaba elevar la de partidos que van en alianzas, tan perniciosas para el desempeño del Congreso, bajando un tanto la de partidos solos. Pues no. Han mantenido la valla alta a estos y, llevados por el interés de sobrevivir a sus propias leyes estrictas, no han subido el umbral a las alianzas.

Nos encontramos ahora en un zafarrancho, producto, en parte, de la imposibilidad de formar partidos (requisitos muy altos de inscripción), y tener que “migrar”, “acomodarse” o buscar “vientres de alquiler”. Y por culpa de leyes que promueven alianzas (inestables), antes que partidos. A ello hay que agregar problemas de fondo de nuestra sociedad: Informalidad, débil institucionalidad, etc. Los partidos expresan todo ello.

Las leyes son sólo marcos normativos. No definen la realidad. Pero pueden ayudar a promover mejores soluciones, o frenarlas. Aquellas no abonan en el buen sentido.