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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

Lava Jato vs. Lava Narco

La magnitud de la corrupción generada por las empresas brasileñas en América Latina, a través de un complejo modelo de otorgamiento de obras públicas y la entrega de millones de dinero a través de otra estructura financiera, nos invita a realizar una breve comparación con el negocio del narcotráfico.

Hay por lo menos varias categorías comparativas: (i) la magnitud de los negocios emprendidos, (ii) los actores que participan de ellos, (iii) el alcance de las operaciones, (iv) la cuestión ética, y, (v) el rol de los Estados.

Por la magnitud de los negocios emprendidos comprendemos que la industria global del narcotráfico alrededor de la cocaína, moviliza aproximadamente US$ 450,000 millones al año, los mismos que son monetizados en los distintos eslabones de la cadena. A la economía peruana llegan US$ 2,500 millones. En el caso de los negocios de Odebrecht en el Perú, estos ascenderían a la suma de US$ 1,000 millones en un total de 67 proyectos desde la época del primer Gobierno de Alan García. Mientras que, la corrupción pagada a funcionarios de distinto rango en América Latina llega a US$ 788 millones y en el Perú asciende a US$ 29 millones solamente en lo referido a lo declarado por los colaboradores eficaces, pero queda por determinar lo “coimeado” en otros gobiernos peruanos. 

Por los actores que participan, debemos diferenciar ambos casos de negocio ilícito. Mientras en el caso del narcotráfico, el Estado cumple un rol distractor en el intento de conseguir neutralizar el funcionamiento de un mercado mundial de tranquilizantes y estimulantes, naturales o sintéticos. Es decir, los países dedican sus cruzadas a intentar eliminar la producción y el consumo, pero lejos de hacerlo, incrementan sus niveles de precios.

En el caso de Odebrecht, es una empresa con presencia en 25 países, 20 millones de usuarios de sus productos y servicios y 128,000 trabajadores. En el caso peruano, el Estado, sus organismos y funcionarios a todo nivel fueron el centro de la operación para realizar negocios a través de construcción de pistas, hidroeléctricas, y otras obras de diversa envergadura.

Por el alcance de las operaciones, tenemos que el TID tiene a Colombia, Perú y Bolivia como los únicos productores de la hoja de  coca, unas 180,000 a 200,000 hectáreas cultivadas por un millón de campesinos pobres. En el caso de Odebrecht, tenemos una mega empresa con un patrimonio de no menos de US$ 30 millones, que sirvió a los propósitos geopolíticos de un Gobierno en el Brasil que impulsó su acercamiento al Pacífico a través del IIRSA Norte y Sur. La empresa a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas, se permitió la corrupción de funcionarios en más de doce países en África y principalmente América Latina.

Por la dimensión ética, es reconocido que el narcotráfico es un delito que origina el repudio de la sociedad en general, sobre todo cuando se torna violento como ocurrió en Colombia durante la época de Pablo Escobar o como ocurre en México, durante la guerra de los carteles contra el Estado mexicano. Ahora que se conoce con mayor precisión el caso del ex Presidente Alejandro Toledo, también origina el repudio generalizado del país pues se trata nada menos del que pretendió sacarnos del hueco fujimontesinista.

Finalmente, por el rol de los Estados, es interesante analizar el caso peruano. Mientras que en el caso Odebrecht, el Ministerio Público ha decidido por una dudosa estrategia de negociación con la empresa para llegar a los llamados “peces gordos”, en el caso de tráfico de drogas, el gobierno de PPK insiste en una fracasada política de reducción de la oferta, acompañada con fuertes dosis de ineficacia y corrupción.

Analista en seguridad, narcotráfico y Ccrrupción