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Una publicación de la asociación SER

Ley 30723: ejemplo funesto de reconciliación

De nada valió el contundente mensaje del Papa Francisco en Puerto Maldonado. Ni su invocación en favor de las poblaciones indígenas, de sus territorios, de sus costumbres y valores. Ni el reclamo por una vida digna para las mujeres. A pocas horas de su partida, el lunes 22 de enero se publicó la Ley 30723, que el presidente no se atrevió a observar a pesar de haber escuchado en persona los reclamos del Papa.

Quedaba la expectativa que el Ejecutivo observe dicha Ley, segunda promovida por el fujimorismo con los mismos intereses, y que puede afectar áreas naturales protegidas y reservas indígenas habitadas por pueblos en aislamiento, como ya ha sido señalado, demostrado y denunciado por expertos y líderes indígenas. De esa manera, el gobierno hubiera mostrado algo de coherencia con las exigencias del Papa, de los Pueblos Indígenas y de la comunidad internacional. No fue así. Una nueva decepción, algo a lo que el gobierno de PPK nos tiene acostumbrados.

Vencido el plazo constitucional correspondiente (vale decir de silencio complaciente y cómplice del Gobierno), se promulga dicha ley con un solo artículo por demás contradictorio: “Declárase de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali, bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan”, eufemismo leguleyo dado que cualquier vía que se construya en esta zona tenderá a afectar seis áreas naturales protegidas: los Parques Nacionales Alto Purús, la Cordillera Azul, Sierra del Divisor, las Reservas Comunales Purús y El Sira, y el Área de Conservación Regional Imiria. Y no solo eso, sino que dicha norma pone en riesgo los territorios de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial: Los Murunahua (470,305 hectáreas), Mascho Piro (816,057 hectáreas) e Isconahua (298 487 hectáreas), al igual que a los Amahuaca y la Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti, aún no categorizada (datos tomados de Mongabay Latam).

La ley 30723 facilitaría la construcción de la carretera Puerto Esperanza-Iñapari que afectaría 275,000 hectáreas de bosques primarios. Y ya se conocen las consecuencias nefastas de degradación que generan esas vías terrestres ante la incapacidad del Estado, el poder de los intereses económicos y la endémica corrupción. Mas aun, cuando también se sabe que uno de los motivos que estimula la interconexión terrestre en esta zona de Ucayali es que ahí se encuentra la última fuente primaria de caoba que hay en el Perú. Aunque su extracción está restringida y prohibida en diversos lugares, la tala ilegal se impone frente a la incapacidad, ineficiencia y corrupción de las instituciones públicas competentes.

El desarrollo de los pueblos de la Amazonía no lo pueden fijar unos cuantos parlamentarios pasando por encima de la vida de poblaciones que deben ser consultadas para establecer como organizar el desarrollo de sus territorios, tan vulnerables a ciertas formas de acción humana tan destructiva. Las poblaciones amazónicas exigen desarrollo humano, inclusivo y con diálogo permanente. Exigen seguridad jurídica sobre sus territorios. Exigen que se discuta las formas diversas que tienen los pueblos para comunicarse y articularse, considerando la fragilidad de los ecosistemas tropicales. Exigen que se respete sus expresiones culturales y que se generen beneficios equitativos de la biodiversidad existente.  Es decir, exigen otra forma de desarrollo, quizás lejos de la comprensión de los actuales gobernantes. Solo recordar los trágicos episodios de Bagua de los cuales fue protagonista la actual Presidenta del Consejo de Ministros, y que al parecer poco o nada aprendió de esos hechos, para permitir que esta nueva Ley se consume.

Lo ocurrido permite entender mejor que significa para el gobierno la llamada reconciliación que tanto ha publicitado y que fue el sustento para el indulto político otorgado al sentenciado Fujimori. Queda claro que la reconciliación no es con las poblaciones indígenas ni con el desarrollo sostenible. Ese que exigen las poblaciones, nuevamente afectadas con las lluvias, mientras que el gobierno ni siquiera ha encarado con responsabilidad las consecuencias del Niño Costero. Un nuevo año perdido sin extraer lecciones de lo que debiera ser una “reconstrucción con cambios”. Improvisación, desconocimiento y manejo de corto plazo, antes que planes de desarrollo territorial que aprovechen la situación crítica generada por la acción humana, para crear condiciones de crecimiento bajo el enfoque de una gestión sostenible e integral de las cuencas.

La mezquindad expuesta por el presidente y su equipo de gobierno para sustentar su precaria reconciliación (con el fujimorismo) es contrapuesta a lo que el país necesita para construir crecimiento con equidad y justicia, y bienestar para todos los peruanos y todas las peruanas.  

Como sociedad hay que reaccionar y oponerse a esa norma, aprovechando el momento para proponer una salida integral para Ucayali, al igual que para Madre de Dios. Los mensajes esperanzadores del Papa debieran continuar con la reflexión, el intercambio de propuestas y la movilización de actores para hacer de la Amazonía el gran territorio donde los pueblos originarios habitan con tranquilidad y plenos derechos, y en el que se pueda obtener bienes y servicios gestionados sosteniblemente en el marco de planes de desarrollo territorial.

Empecemos ya, desde donde estemos actuando.