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Una publicación de la asociación SER

Ley de empleo juvenil y trabajo precario del Congreso

El proyecto de ley n°1215 de la congresista Rosa Bartra es un ejemplo de propuesta legislativa sin sustento técnico, ni análisis comparado, ni recojo serio y sistemático de la opinión de las entidades competentes del campo de la educación y el trabajo, ni de la sociedad civil o expertos. Menos, un análisis del impacto en la vida de los jóvenes que dice beneficiar, o de los efectos en el sistema educativo.

Este proyecto es una muestra del peligroso y pobre nivel de la producción legislativa en el Congreso peruano, sustentado en el “yo creo”, lo que da pie a especulaciones sobre posibles intereses particulares detrás de la misma.

En efecto, en la justificación del proyecto de Ley n°1215, no se presenta un solo caso de país donde se aplique algo parecido, menos una experiencia exitosa. Por el contrario, la única referencia concreta, la “Educación dual”, de Alemania, que sí es exitosa, se cita…pero como algo no replicable en el Perú:

“El modelo de ‘Educación Dual’ promovido por Alemania, tiene muchas virtudes, pero consideramos es difícil masificarlo en el país, debido  a que resulta materialmente imposible que más de 390,000 jóvenes que hoy estudian distintas carreras de educación técnica, y más de 230,000 jóvenes que cursan especialidades Técnico-Productivas, puedan ser recibidos masivamente para complementar su formación en aulas en el sector laboral, con la carga económica que supone pagar a cada alumno una subvención económica (igual a un sueldo mínimo) por un período de formación”.

Cabe precisar que en Alemania la práctica es pagada por las empresas. El emplear estos practicantes es siempre menos costoso que contratar a un trabajador regular, con todos los derechos que la ley les ampara. Entonces, ¿por qué se señala que “resulta materialmente imposible” pagar un sueldo mínimo a esos practicantes? Quizás porque en el Perú muchos trabajadores no reciben mucho más, o porque más del 70% de nuestra economía es informal. Luego, si esa es la realidad, ¿qué nos hace suponer que las empresas no se aprovecharán de esa ley para “normalizar” el empleo de mano de obra barata, haciendo peligrar la estabilidad laboral de trabajadores con derechos en esos sectores? Esa situación terminaría perjudicando a esos mismos estudiantes, al “normalizar” niveles de sueldos más bajos y derechos vulnerados, incluso al terminar esas prácticas. La regla del “lo tomas o lo dejas. Así está el mercado” (distorsionado por la ley Bartra).

Peor aún, esta propuesta legislativa tiene un elemento francamente perverso: el (pobre) estudiante no sólo ya no tendría tiempo para trabajar para sustentar sus estudios, sino que tendría que pagar los “créditos” de ese trabajo no remunerado.

Por cierto, en la propuesta legislativa no explican que la oferta de formación técnica en Alemania es esencialmente pública. Quizás ello hubiera ayudado a comprender a la congresista Bartra que invertir más y mejor en la educación pública en el Perú es fundamental, si se quiere avanzar en una salida efectiva. Y que, por tanto, exoneraciones millonarias a grandes empresas, que impiden una mejora de la recaudación e inversión públicas, nos terminan alejando de esa posibilidad.

Seguramente, los especialistas en educación podrían mencionar otros ejemplos de países exitosos en el tema de formación técnica. El problema con el proyecto de ley n°1215 es que sólo se cita un caso exitoso (Alemania) que, a continuación, se pasa a descartar, pero no para recoger otro modelo, sino para desarrollar sin sustento, la brillante idea de la congresista Bartra.

Peor aún, el dictamen señala que sólo se pidió opinión de 4 entidades, el MINEDU, la Sociedad Nacional de Industrias, el Presidente del Colegio de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, y la SUNEDU. Sólo esta última respondió, pero para señalar que ese tema no es de su competencia. En suma, este proyecto de ley no cuenta con ninguna opinión favorable de ninguna entidad.

Y si es así, ¿cómo es que fue aprobada? Llama la atención que, en vez de analizar con seriedad una ley que hubiera tenido serias implicancias en la vida de miles de jóvenes, hay congresistas que simplemente firmaron.  El pobre debate y la falta de filtros institucionales del Poder Legislativo son preocupantes. Ni siquiera se emplean los fondos del Congreso para fortalecer a los técnicos de las comisiones, sino a mantener el entorno personal de cada despacho congresal, lo que no garantiza el adecuado nivel del debate.

En suma, la llamada ley de “Esclavitud laboral” no sólo vulnera derechos, sino que haría aún más precaria la situación laboral en el país. Un futuro aún más incierto para esos jóvenes. Además, nos muestra otra precariedad, la de la labor congresal en nuestro país. Algo que no hace sino aumentar la indignación frente a esa propuesta de ley, pues ellos sí ganan sueldos muy bien remunerados, aunque no parece que están haciendo bien su labor.