Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Libertad y religión

La semana pasada el congresista Carlos Tubino presentó el proyecto de ley 2450 que pretende incorporar en el Código Penal el supuesto delito contra la libertad religiosa y de culto. Él afirmó en un artículo publicado en El Comercio que su propuesta propone que quien “ataque a otro, mediante ofensas, desprecios, agravios o insultos a su libertad religiosa y de culto, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, incluyendo circunstancias agravantes que aumentarían la pena”. Asimismo, afirmó, que quien “causare daños o destrucción a parroquia, iglesia, santuario, ermita, catedral o lugar para rendir culto a su fe […], por razón de religión o práctica religiosa, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, incluyendo circunstancias agravantes”.

De todo lo dicho por el almirante Tubino, me ha llamado la atención cuando afirma que «la libertad de pensamiento como la de expresión, al igual que la religiosa, son libertades que no tienen un carácter absoluto. Todos los derechos constitucionales amparados son relativos, pues son susceptibles de ser regulados por una legislación especial». Pero, ¿quiénes y cómo se determinarán los límites y relatividad de esas libertades? ¿Alcanza solo con la ley?

La propuesta legislativa de Tubino no pasaría de ser una anécdota propia de alguien que usa un discurso ofensivo basado en el prejuicio, que no sólo es homofóbico, intolerante sino que promueve un anacrónico macartismo. Lo inquietante de todo esto es qué puede haber detrás de ese intento de ley. Me permitiré ensayar una hipótesis.

Es verdad que nuestro país es mayoritariamente religioso. En diciembre pasado la Pontificia Universidad Católica del Perú publicó una encuesta llamada “Religiones y religiosidad en el Perú de hoy”. Según ella, en nuestro país el 89.1% de los peruanos se declaran creyentes. Asimismo, el 20% se define como “muy religiosa”, el 47.2% se considera “algo religiosa” y un 29% “poco religiosa”. Solo un 4.6% se declara “nada religiosa”. O sea, existe una mayoría extensa en el Perú, independiente de la intensidad, en donde lo religioso forma parte de su vida.

Sin embargo, a pesar de esa mayoría no creo que en lo inmediato tengamos cárceles llenas de “herejes”, “blasfemos” u ofensores del “culto religioso”. Hasta ahora, a pesar de la enorme influencia de la religión, sobre todo la católica (75.2%), solo ha existido uno que otro delincuente o irresponsable atacando bienes o representaciones religiosas. Y, al menos hasta estos tiempos, no hay indicios de esto que haya sido debido a una intolerante   ideología antireligiosa. Aunque no podamos decir lo mismo de quienes en la orilla contraria se oponen a la consolidación del Estado laico en el Perú.

Creo que el problema es de otra índole. Esta iniciativa legislativa es el síntoma de un problema que puede convertirse en algo mayor si no lo contenemos a tiempo: el ataque a la libertad de pensamiento y expresión. Y para este fin, se intenta apelar a la mayoría de creyentes para contener o persuadir a las ideas progresistas que desean y expresan, entre otras cosas, una menor intervención de lógicas religiosas en asuntos del Estado.

El filósofo italiano, Paolo Flores D’arcais en su artículo Contra las nuevas Santas Alianzas advierte lo siguiente: «Si se establece el principio de que no es lícito ofender una fe, se están entregando las llaves de la libertad y de sus límites a la susceptibilidad del creyente. Con una obvia e ineludible paradoja: que cuanto más intensa sea tal susceptibilidad, y más se aproxime paulatinamente al fanatismo, ¡más tendrá la libertad de expresión el deber de limitarse para evitar su transformación en ofensa y en sacrilegio!».

Así, la sensibilidad religiosa amparada en una ley puede ser un modo de restringir ese bien preciado de las libertades humanas como son las libertades de pensamiento y expresión. Y esto es un peligro en cualquier democracia moderna. Basta con revisar la experiencia en países regidos por lógicas teocráticas para anticiparse a los nefastos resultados para el libre ejercicio de ciudadanía. Además, los progresos en cuanto a derechos humanos, tolerancia, respeto a la diversidad cultural han nacido de profundas reflexiones y de la posibilidad de poder expresarlas o discutirlas libremente.

Además, esas libertades han sido una forma de contrapeso al poder de turno. Por ejemplo, en nuestro país es gracias a la libertad de expresión que ha permitido a la justicia arrinconar a la clase política, empresarial y periodística vinculada -millones de dólares de por medio- con una empresa corrupta. Y, por otro lado, ha revelado los abusos sexuales cometidos por miembros de congregaciones religiosas, en especial la católica, que hasta no hace mucho se ocultaba para salvaguardar su “prestigio” o “santidad” de la Iglesia. 

Estos son unos pocos ejemplos de la necesidad de sentirnos obligados a defender las libertades de expresión y pensamiento. El congresista Carlos Tubino afirma que detrás de los opositores a su proyecto existe una componenda “ideológica” que pretende oponerse a cualquier forma de regulación del “respeto” a la libertad de culto religioso. Pero es necesario recordar que este legislador no se ha caracterizado precisamente por el respeto o la mesura a las ideas discrepantes. Todo lo contrario.