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Una publicación de la asociación SER

Los 7 desafíos de la nueva ministra de Cultura

Foto: Presidencia de la República

El sector Cultura no se escapa de las limitaciones que poseen las instituciones públicas, encargadas de ejercer gobierno. Y es que se trata de una realidad endémica que muestra las grandes restricciones que posee el Estado para organizar la vida pública, y que se expresan en indicadores de legitimidad, representatividad, ciudadanía, democracia, diálogo, equidad, inclusión, ética, eficiencia y eficacia. Tampoco son halagüeños los resultados de las coordinaciones entre las entidades públicas en sus diversos ámbitos, ni de aquellas que buscan construir consensos con organizaciones sociales, empresariales y académicas, para fortalecer participación, transparencia, compromisos y, con ello, sostenibilidad en las propuestas de desarrollo que debieran basarse en esfuerzos concertados y con visión de futuro. Sin Políticas de Estado las iniciativas públicas y privadas que existen por doquier no tendrán los efectos deseados que devengan en los cambios que requiere la gobernabilidad en el país.

Han sido ocho cambios de autoridades en el Ministerio de Cultura durante el actual gobierno (2016-2019), sin logros resaltantes y sin aprobarse una política nacional de cultura. De la propuesta existente y puesta en consulta por internet desde fines de mayo de este año no se conocen aún sus resultados.  

Solo como un ejemplo, el ejercicio de una buena gobernabilidad en el país sugiere entender las características de un territorio en el que se reconoce la existencia de 77 etnias locales, 7 de las cuales se encuentran en situación de aislamiento voluntario; asimismo, se identifican 68 lenguas que pertenecen a 16 familias etnolingüísticas (INDEPA, 2010). La incomprensión de esta realidad multicultural aunada a un modelo de acumulación extractivista ha devenido en una continuidad de conflictos socioambientales (un aproximado de 70% de la conflictividad social, según Defensoría del Pueblo), mayormente relacionados a la agresión a derechos de comunidades nativas y campesinas, en particular en lo referente a la aplicación de la consulta previa. Justamente, una de las competencias en el sector Cultura es la de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial en todo lo que implica el tratamiento de la interculturalidad en el país. Y es una de las intervenciones sectoriales de menores resultados y en las que más se ha mostrado las limitaciones de la gobernabilidad.

Ni que decir de las otras funciones del ministerio en mención, referidas a la gestión del patrimonio cultural, que comprende una enorme variedad de bienes culturales cuyo beneficio en tanto identidad, apropiación social, generación de mejores condiciones de vida, entre otros, los ubica como componentes claves en la planificación del desarrollo territorial con identidad cultural. Sin embargo la situación crítica de deterioro y abandono de miles de bienes materiales ha sido abordada con serias limitaciones presupuestales, evidenciando lo poco que se ha priorizado la conservación y aprovechamiento sostenible de dicho patrimonio. En estas funciones ministeriales también hay que resaltar la defensa y promoción de las invalorables expresiones culturales inmateriales cuya riqueza y vigencia fortalece la identidad y la capacidad de resistencia y resiliencia de nuestros pueblos.

Los desafíos persistentes en el sector Cultura son casi los mismos desde siempre y, de hecho, si no se garantiza una clara decisión política desde la esfera de la PCM muy poco podría lograrse. Sin embargo, las autoridades del sector, en alianza con la sociedad pueden motivar el interés y la movilización de recursos, voluntades, intenciones y presiones de toda índole para intentar poner realmente en la agenda nacional la importancia de la cultura para el desarrollo del país, lo cual trasciende los alcances de un ministerio y convoca a los diversos actores institucionales del país.

A manera de aporte se propone algunos de estos desafíos para la nueva administración del sector esta vez a cargo de la Doctora Sonia Guillén:

  • Retomar el debate nacional para dotar al país de una Política Nacional de Cultura en el marco del Acuerdo Nacional y del Plan de Desarrollo al 2050 promovido por CEPLAN. Implica crear formas de consultas participativas, descentralizadas, aprovechando este esfuerzo para movilizar actores y generar mayor conciencia.
  • Fortalecer la relación y coordinación con las instituciones públicas regionales y locales mediante una labor más audaz y dinámica de convenios de cooperación y de compromisos interinstitucionales. El sector Cultura es uno de los que menos se ha descentralizado y las Direcciones Desconcentradas de Cultura carecen en general de suficientes recursos y de un liderazgo efectivo para las tareas de representación y delegación que poseen. Reforzar las coordinaciones entre los sectores Cultura y Turismo, desde un enfoque de apropiación social del patrimonio cultural y desarrollo territorial.
  • Mejorar las relaciones con las comunidades nativas en alianza con la Defensoría del Pueblo, MIDIS, MIMP, para el acompañamiento en la defensa de sus derechos (idioma, territorio, formas de vida), y la aplicación cabal de la consulta previa principalmente frente a las posibles agresiones que generan las actividades extractivistas.
  • Fortalecer las alianzas entre el sector y las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, para generar no solo recursos sino una mayor capacidad de acción consensuada, para la construcción de una gobernanza en la gestión del patrimonio cultural. Se podría contar con Comités de Gobernanza de la Cultura en cada departamento y a nivel nacional como espacios de diálogo y de consulta.
  • Promover espacios de vigilancia y defensa del patrimonio cultural para observar y/o acompañar la gestión de los bienes y señalar los correctivos necesarios.
  • Promover la participación del sector empresarial y de diversas instituciones de soporte financiero o técnico para contribuir a la recuperación, protección y apropiación social del patrimonio cultural, desde un enfoque de desarrollo territorial y no simplemente de filantropía, mejora de imagen o deducción de impuestos. Generar plataformas sobre cultura e inversión para el desarrollo.
  • Fortalecer el diálogo con los trabajadores y trabajadoras del sector en sus diversas instancias, no solo para garantizar un clima laboral saludable y justo sino para construir un compromiso más sólido y ético en el cumplimiento de las acciones y objetivos propuestos.

Queda muy claro que la actuación ministerial deberá darse en el marco de las limitaciones señaladas pero con la expectativa de convocar a la sociedad civil, a la academia, a los gobiernos regionales y locales, a la cooperación internacional, a la empresa privada, entre otros, para que en los tiempos políticos que posea la actual administración puedan lograr réditos en favor de la Cultura desde enfoques renovadores.