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Una publicación de la asociación SER

Los ayacuchanos y la Ley del Negacionismo

Los ayacuchanos que han vivido el conflicto armado interno, aquellos que en el momento mismo de la violencia tuvieron que actuar de manera diferente sea por temor o estrategia de supervivencia o simplemente por una identificación al inicio del conflicto con utopías de transformación social, corren un serio riesgo de sufrir las consecuencias de la aplicación del artículo 316-A del Código Penal o Ley del Negacionismo, en caso se apruebe el proyecto presentado por el gobierno.

Pero no solamente ellos, también quienes pertenecen a una generación posterior que, sin haber vivido directamente los sucesos, por una cuestión de transmisión de memoria intergeneracional pueden sufrir también las consecuencias de la aplicación de este artículo.

Imaginemos por un momento que algún ayacuchano haga remembranza pública de sus dolorosas experiencias en las que se considera víctima de la violencia porque la sufrió directamente de parte de los militares, calificando a estos como más abusivos que los militantes de Sendero Luminoso; imaginemos también que otro ciudadano  relate en algún medio de comunicación, basándose en las memorias de sus parientes o amigos, que Abimael Guzmán era un “respetuoso” profesor universitario y que quienes lo conocieron “no creen que” fuera el mismo que ordenó iniciar la “lucha armada”. O supongamos que alguien se atreva a decir públicamente que alguna vez un pariente cercano simpatizó con los senderistas o que la historia no es como la cuentan los medios oficiales sino que la memoria local es distinta respecto al conflicto.

En todos estos casos, si la Ley del Negacionismo llegará a set aprobada y  aplicada, existe el riesgo de ser considerado incurso en los alcances del artículo 316-A por “aprobar, justificar, negar o minimizar los delitos cometidos por organizaciones terroristas”, dependiendo de criterios arbitrarios y por tanto subjetivos, de fiscales y jueces que desconocen la compleja trama de relaciones de la sociedad ayacuchana con su pasado y la memoria en torno a la violencia.

Pero más grave aún es la amenaza que pende para profesores y estudiantes que pertenecen a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). En caso de sostener opiniones como en los casos arriba señalados ni siquiera servirá invocar como atenuante que “corresponden a versiones recogidas entre la población”. Tampoco bastará que se establezca distancias con el MOVADEF y que se condene sus intentos por usar el sistema democrático para conseguir la libertad de su pensamiento guía.

El solo hecho de pertenecer a una universidad estigmatizada por su pasado casi reciente, respecto a la cual se asume -desde la distancia física y jerárquica del poder de turno- que todos los que se hallan en este centro académico son simpatizantes del senderismo, bastará para que les caiga –literalmente- todo el peso de la ley. No se podrá invocar razones de investigación académica sobre el tema de la violencia, porque se asume que en la UNSCH nadie investiga sino que se hace apología del terrorismo; tampoco será posible señalar que en la universidad se desarrolla un pensamiento crítico porque en una universidad de terrucos sólo se forman fanáticos radicalizados.

¿Qué autoridad judicial cuyo razonamiento basado en el positivismo de la verdad histórica aceptaría que en una tesis o artículo académico producido en la Universidad San Cristóbal de Huamanga sobre Sendero Luminoso se recurra a una interpretación de los hechos o se reconozca el carácter relativo de las verdades históricas?

La sociedad ayacuchana va a sufrir las consecuencias de una ley arbitraria, injusta y desfasada del contexto actual en caso de ser aprobada en el Congreso de la República; sin embargo, llama la atención el desinterés que los propios ayacuchanos muestran respecto a este despropósito legal. Ni los gremios laborales o colegios profesionales se han pronunciado hasta el momento, tampoco sus intelectuales y mucho menos las autoridades de la región tan preocupadas en el negacionismo de la corrupción. Peor aún, las autoridades universitarias no han dicho nada hasta hoy: ¿Será que desconocen  el proyecto de ley y sus consecuencias para la sociedad regional?