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Una publicación de la asociación SER
Abogada por la PUCP. Sus temas de interés académico giran en torno al derecho civil y urbanístico.

¿Los contratos que celebran los menores de dieciocho años para satisfacer sus necesidades ordinarias son inválidos?

Foto: Perú21

En setiembre último se publicó el Decreto Legislativo 1384° -Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, en el diario oficial El Peruano. El objeto de esta norma es igualar las condiciones de las personas con habilidades diferentes con las demás personas, para ello se modificó una norma – el artículo 1358° del Código Civil - que llama la atención y es importante estudiarla, en atención a las secuelas jurídicas que conllevan su mutación. En efecto, si bien este cambio jurídico favorece al grupo vulnerable precitado, también es cierto que el legislador no ha tenido en cuenta algunos efectos que acarrea esta modificatoria, los cuales expondremos en el presente comentario.

Antes de su modificación, el citado artículo permitía contratar a aquellos incapaces relativos con discernimiento[1], en lo referente a las actividades necesarias de su vida ordinaria, haciendo posible que los mayores de 16 años y menores de 18 - a quienes nuestro ordenamiento jurídico clasifica como incapaces relativos - puedan realizar transacciones comerciales indispensables (como pagar su teléfono, su centro de estudios, comprarse alguna vestimenta, entre otras actividades muy comunes). Ahora bien, con la modificatoria, estos actos tan simples no podrían ser realizados por estos menores; toda vez que, no están dentro del marco legal que habilita la formación de estos actos.

En términos sencillos la capacidad jurídica se conceptúa como la medida de la aptitud de poder ser titular de derecho o de deberes, situación que es inherente a la persona. En ese sentido, todos tenemos capacidad de goce por el simple hecho de ser personas. Por su parte, la capacidad de ejercicio o de obrar se define como la medida de actitud para producir efectos jurídicos válidos mediante la propia voluntad, la cual se divide en: i) capacidad negocial y ii) capacidad delictual. La primera de ellas, se refiere a la actitud para celebrar negocios jurídicos válidos a propio nombre. La segunda de ellas, se conceptúa es la medida de la actitud de quedar comprometidos con sus actos ilícitos. Dicho esto, se observa que el artículo 1358°. del Código Civil estaba dirigido a otorgar capacidad negocial a los menores de edad comprendidos entre los 16 a 18 años. Capacidad que hoy en día se le desconoce.

Imagínese que su menor hija que está a punto de cumplir dieciocho años acude a una tienda por departamentos dispuesta a comprar una cafetera. El caso es que llegando a casa, usted se percata que la cafetera tiene una falla de fábrica hecho que imposibilita su uso. Al día siguiente, acude a la tienda indicando tal situación y la vendedora le expresa que toda vez que celebró un contrato con una menor de edad, este carece de validez[2] conforme a la última modificación del artículo 1358° del Código Civil, el cual ya no permite a los menores de edad celebrar actos que satisfagan sus necesidades ordinarias y como contrapartida le solicita que resarza a la empresa económicamente. Este es el escenario que se ha creado a raíz de la mencionada modificatoria.

En efecto, el Decreto Legislativo, únicamente, señala que podrán suscribir contratos aquellas personas con capacidad relativa contempladas dentro de los incisos 4 al 8 del artículo 44° del Código Civil (pródigos, malos gestores, ebrios habituales, toxicómanos y los que sufren pena de interdicción civil[3]) listado donde no se encuentran los menores de 18 y mayores de 16, haciendo que los contratos que estos realicen sean nulos, por faltar uno de los elementos básicos del acto jurídico como es la plena capacidad, encontrada en el artículo 140° inciso 1.

Así pues, desde un análisis preliminar, esta nueva forma de regular perjudica, y retrasa, el tráfico económico, impidiendo que las personas que cuentan con discernimiento puedan realizar actos jurídicos necesarios para su vida ordinaria, dejándolos en desamparo y sin posibilidad de realizar actos jurídicos válidos. Como se puede observar, esta variación en vez de mejorar las cosas ha empeorado la regulación, en materia de disposición de las personas que cuentan con capacidad relativa. Esto demuestra un posible desconocimiento del legislador en materia de capacidad jurídica, institución que data de hace muchos años y que tienen una incidencia netamente normativa, confundiéndola con la discapacidad, que es una afectación biológica, haciendo que esta norma, muy lejos de servir para la mejora de los más indefensos, constituya un retroceso significativo para muchas personas; por lo que, debe ser inmediatamente reformada.

 

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Esta semana la columna de Comadres cuenta con la colaboración especial de Fiorella Vásquez. La Plataforma Comadres es un espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.

 

[1] Discernimiento refiere a la actitud que tiene la persona para elegir libremente como satisfacer sus necesidades.

[2] Refiere a la calificación negativa que le otorga el Ordenamiento Jurídico a este acto, y, en consecuencia no le otorga efectos jurídicos.

[3] La interdicción civil es un estado de protección que se le brinda a la persona para que pueda ejercer sus derechos a través de un representante.