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Una publicación de la asociación SER
Doctor en Antropología con Mención en Estudios Andinos. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

Los drones y el patrimonio cultural

El uso de drones o UAV (siglas en inglés de vehículos aéreos no tripuladas) se ha extendido en el mundo para múltiples propósitos cartográficos y de investigación (militares, mineros, petroleros, agrícolas) y ahora para facilitar la identificación y registro de sitios arqueológicos.

Hay plena coincidencia con las declaraciones de la Ministra de Cultura de la gran importancia que tendrán los drones como soporte tecnológico para el levantamiento de información menos costoso, más rápido y más sencillo de los diversos sitios arqueológicos existentes en el país. También hay coincidencia en que el uso de los drones puede ayudar a la construcción de un catastro de sitios arqueológicos, con el que se ordene la información que se requiere para proceder o no a la realización de inversiones privadas. Por lo tanto nadie podrá oponerse sino, por el contrario, hay que propiciar el aprovechamiento de la nueva tecnología como el caso de los drones, debiendo reconocer la iniciativa que al respecto tuvo el ex viceministro Luis Jaime Castillo.

Sin embargo, hay temas que preocupan tanto en el discurso de la ministra Álvarez-Calderón como en los enfoques actualmente difundidos y hegemónicos en la gestión pública y en la visión de desarrollo impuesta en el país. El primero es que las innovaciones tecnológicas no son per se la solución a los problemas, menos a aquellos que tienen un profundo origen socioeconómico y cultural. La tecnología es una combinación equilibrada entre técnica y sociedad. Por lo tanto junto a los drones a los que tanta apología hace la ministra se debería considerar otros factores sin los cuales cualquier nuevo instrumento incorporado puede perder sustancialmente su valor.

Un aspecto más que la ministra señala, y en el que peca de inexacta y quizás ingenua, es la supuesta construcción de un catastro de los 19,000 sitios arqueológicos que ella señala[1] como tarea ambiciosa. ¿Será suficiente la compra y funcionamiento de drones para ese ordenamiento? ¿Suprimirán los drones la aplicación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) como si bastara una base de datos para que los inversionistas o cualquier persona respeten la intangibilidad del patrimonio cultural? Si no veamos, ¿cómo o cuando las empresas extractivas respetan las áreas protegidas que poseen resoluciones de por medio? Recordemos cuan común es la superposición de lugares intangibles con concesiones mineras, petroleras, energéticas, viales y agrícolas sin mayor respeto y predominando el poder económico antes que los intereses del país. ¿Ocurrirá igual con los sitios arqueológicos?

Recordemos también que los CIRA implican un conjunto de procedimientos que pueden ser simplificados pero no obviados, dado que está de por medio la preservación de un patrimonio que le pertenece a toda la nación. Los drones no deberían repetir el triste papel que cumplen las cámaras de video instaladas en muchos negocios donde mayormente se limitan a constatar cómo se agrede la seguridad y tranquilidad de las personas con escasa persuasiva y menos preventiva. ¿Sucederá lo mismo con los sitios arqueológicos? Asimismo, la identificación más precisa del patrimonio cultural mediante el uso de drones ¿Cómo podrá superar el “engorroso proceso de inscripción en los Registros Públicos” que optimistamente señala la ministra?

Finalmente, reiterando el valor que poseen los drones en la arqueología, cabe afirmar categóricamente que muchos de los problemas que afectan al país son por demás conocidos, incluyendo el daño al patrimonio cultural así como la perentoria labor de su protección y puesta en valor social. Sin embargo de lo que se trata es de concertar, diseñar e implementar efectivamente las políticas públicas que reconozcan, valoren y prioricen ese patrimonio y no lo menosprecien. Cuando la riqueza arqueológica constituya una prioridad nacional en los planes de desarrollo territorial con identidad cultural tendrán mayor sentido muchas de las innovaciones tecnológicas.

Se trata, también, de fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Cultura como ente rector dejando de estar subsumido y relegado frente a los otros sectores denominados productivos, como Minería, Industria, Energía, Petróleo, desconociendo la importancia de la cultura como generadora de múltiples valores. El profesionalismo y el compromiso de muchos de los funcionarios y trabajadores del sector merecen ser compensado con mejores condiciones salariales, formativas y logísticas que facilite y mejore su desempeño laboral y humano.

Solo así cualquier inversión privada que tanto le preocupa a la ministra y a la cual nadie debiera oponerse tendrá sentido contando con la garantía de contribuir a la protección y al aprovechamiento social del patrimonio cultural, evitando en lo posible los riesgos que acarrea una inversión de corto plazo, meramente rentista y ajena a la sostenibilidad del patrimonio cultural.

Le recomendamos a la ministra que más que buscar “una nueva oportunidad para vencer” la batalla de hacer aprobar una ley que formalice la administración privada en los sitios arqueológicos, debiera lograrse un Ministerio de Cultura fuerte y capaz de negociar y ampliar su presupuesto, así como de atender con prioridad la generación de una educación y conciencia nacional en torno a la protección y aprovechamiento del patrimonio cultural como componente clave del desarrollo nacional.


[1]Según Walter Alva el Perú posee unos 200,000 sitios arqueológicos, por lo cual estamos muy lejos de una meta de protección decorosa del patrimonio cultural material, y quizás una parte nada despreciable de esa riqueza ya no debe exixtir como sucedió con el sitio El Paraíso, estando ubicado en Lima. Ni que decir de aquellos sitios donde poco o nada se percibe la presencia del Estado).