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Una publicación de la asociación SER
Abogada de Aprodeh y Grufides

Los estudios de abogados en la picota

Era el año 2003 cuando en medio de una bochornosa conversación, un fiscal superior en Cajamarca de aquel entonces, mostrándome una tarjeta me decía, “sabes quién vino a verme ayer…, Oré Guardia y me vino a pedir que mis fiscales se porten bien con Yanacocha, porque su estudio es el que patrocina a la minera (…). Yo por supuesto le dije que no había problema, pero que una mano lava a la otra, y el doctor inmediatamente entendió y me preguntó qué necesitaba (…)”

Sí, este es un testimonio que nadie me contó, lo escuché yo misma, y de boca de la principal autoridad del Ministerio Público de esa provincia; ciertamente puede ser que el tipo fanfarroneaba y que todo era un vil invento para generar la sensación de poder, pero lo concreto es que yo sí llegué a ver que la tarjeta de presentación que este fiscal me mostraba, efectivamente correspondía al conocido abogado Arsenio Oré Guardia, con quien años después me confronté, en el juicio de Máxima Acuña en el que él defendía a la citada empresa minera.   

Comienzo con esta anécdota, pues vino a mi recuerdo estos días, luego del allanamiento de este famoso bufete de abogados, por el Fiscal Domingo Pérez, en el marco de la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori y su partido, diligencia que ha desatado una serie de controversias, en relación al respeto del ejercicio de la abogacía: vulneración a la libertad de la práctica profesional y al derecho del secreto profesional, frente a denunciadas prácticas no solo antiéticas sino que lindan con lo ilícito  por parte de estos profesionales.

Me llamó la atención el pronunciamiento emitido por el Colegio de Abogados de Lima, frente a este suceso, que lejos de mostrar preocupación por la grave denuncia hecha a profesionales de su gremio y solicitar una investigación, parte de la premisa de  “excesos” por parte de las autoridades, habla de la “limitación al abogado en su labor de defensor”, y negando una evidente realidad, señala que actúa “en salvaguarda de la honorable labor que le es propia a la abogacía”. 

Sin duda existen muchos profesionales del derecho que ejercen su labor de manera íntegra, y luchan contracorriente en un sistema absolutamente filtrado por la corrupción, sin embargo hablar de “honorabilidad” como una característica que distingue al abogado de hoy, parece ser cuando menos exagerado, sino irreal.

En la Encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú del 2017, el Poder Judicial sigue figurando como la institución más corrupta del país, el 48% de la población así lo percibe; y el sistema de justicia no se circunscribe al espacio público ya que trasciende a los pasillos de las cortes, extendiéndose a los agentes privados que ejercen la práctica jurídica, es decir los abogados, por tanto compete también a ellos colocarlos bajo la lupa.

Si la percepción común de la población es que las prácticas de los abogados están ligadas a la corrupción, estas intuiciones se convierten en constataciones, cuando aparecen elementos que así lo prueban. Los escándalos surgidos en los últimos años sobre abogados ejerciendo acciones casi delincuenciales o comprometidos con la corrupción de sus clientes,  han sido cada vez más recurrentes, y algunos colegios de abogados como el de Lima, han anunciado un registro por faltas éticas.  Pero la corrupción en este gremio parece ser más sistémica e institucionalizada cada vez; los últimos escándalos de corrupción empresarial y política, así lo demuestran.  En mayo del 2017, salió a la luz, una lista de 26 bufetes de abogados, de los más prestigiosos del país, comprometidos con los negocios de la empresa que más corrupción ha promovido en el mundo, Odebrecht[1]; creación de empresas fantasmas, off shores, operaciones bancarias ilícitas, asesoramiento en evasión de tributos, entre otras acusaciones, pesan sobre las mismas.  Ahora, las investigaciones por lavado de activos de partidos políticos como Fuerza Popular,  destapan otras practicas ilegales, como la compra de testigos, extorsión, y la generación de falsos documentos para concretar ilícitos tan graves como éstos.

Quienes estamos en el gremio somos los menos sorprendidos con estas acusaciones, las prácticas antiéticas e ilegales, que son sabidas en nuestro medio. Empecé este artículo con la “anécdota” descrita para evidenciar que, aunque no tengamos pruebas, al menos desde hace años se hablaba de prácticas corruptas de importantes firmas como ésta, que ahora se vuelven a denunciar en nuevos contextos.

La vinculación entre dinero, poder y corrupción es innegable, y los abogados inmersos en este espacio, donde esos tres elementos se conjugan pueden volverse fácilmente atraídos por esta dinámica. La corrupción, muchas veces es alimentada por el desempeño de estos profesionales, quienes se vuelven piezas funcionales a este sistema que deteriora de la justicia.

Por ello, anteponer la libertad del ejercicio de la profesión o el secreto profesional, suena absolutamente irresponsable, en un contexto sin precedentes de lucha contra la corrupción en este sistema. No se puede hablar de libertades y derechos cuando de por medio hay evidentes delitos que se cometen, es inconcebible pretender impunidad a nombre de las libertades profesionales.

No hay sistema de justicia que se reforme, no hay lucha contra la corrupción en este ámbito fundamental del Estado, sin que se ataque las prácticas perniciosas de actores claves como los abogados. No nos neguemos a dar batalla en este campo, hay que luchar por resignificar nuestra profesión.

 

[1] Estudio Rodrigo, Elias & Medrano Abogados; Antonio Payet, Alonso Rey & Juan Cauvi Abogados; Luis Hernández Berengel & Cía.; Estudio Nava & Huesa Abogados Asociados; Estudio Garrigues; Ernst & Young; Estudio Luis Bramont Arias; Laub & Quijandría; Raul Barrios, Fuentes & Dagnino Abogados; Alfredo Bullard Falla & Huáscar Escurra Abogados; José Delmar & Manuel Ugarte; Alberto Rebaza, Rafael Alcázar & Gonzalo De las Casas; Ugaz, Forno y & Benites; Estudio Raúl Ferrero; Grau Abogados; Estudio Echecopar – Baker & McKenzie; Luis Pizarro, Botto & Escobar Abogados; Muñiz, Ramírez, Pérez –Taiman & Olaya; Natale Amprimo & Hans Flury Abogados; Estudio Arsenio Oré; Estudio Osterling; Estudio Roselló; Rubio Leguía & Normand; Jorge Picón y Asociados; Price Waterhouse Cooper;  Juan Miranda & Daniel Amado Abogados