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Una publicación de la asociación SER
Abogada titulada por la PUCP. Fue Coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal – IDL. Actualmente, es Coordinadora del área Estado de Derecho de la Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD) de México.

Los graves problemas de la “apertura” de la Comisión que elegirá a la Junta Nacional de Justicia

La Comisión Especial para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ante el fracaso de la primera convocatoria para elegir a los integrantes de la JNJ, ha hecho lo que debió hacer desde un inicio: abrirse a opiniones de terceros para recibir sus aportes. Pero, la forma en que lo dispone, incurre en serias deficiencias que anuncian un posible segundo fracaso.

Primero, por el escaso tiempo dispuesto: 3 días hábiles que acaban el lunes 12 de agosto (hoy). El tiempo es crucial para un proceso participativo, sobre todo teniendo en cuenta los grandes errores del proceso anterior. ¿Por qué tan poco el tiempo? Nadie lo sabe.

Segundo, porque no se sabe si realmente es participativo. ¿Esta “apertura” es solo por invitación? Tampoco se conoce exactamente con quien se viene reuniendo la Comisión. El comunicado publicado es muy general y es posible que se convoque solo a quienes se quiere escuchar. Antes, hasta el extinto CNM solicitaba todos los aportes, incluso por correo electrónico y con más días de anticipación.

Tercero, porque no hay la certeza de que los aportes que se vayan a entregar sean realmente tomados en cuenta, valorados, debatidos conjuntamente, y que su incorporación o no a las reglas de actuación de la Comisión Especial sea motivada. E incluso, ¿sabremos cuáles fueron esos aportes de quienes ya se han reunido o se vayan a reunir con la Comisión? Toda esta exigencia no es poca cosa: encarna lo que es el respeto al derecho ciudadano de la participación; más aún cuando se trata de la forma de elección de funcionarios del sistema de justicia. El proceso participativo, sea para nombrar jueces o fiscales, o crear el régimen normativo que rige sus funciones (y el de quienes los eligen), no solo es un principio expreso en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia referida también a la Comisión (III del Título Preliminar, “participación ciudadana”), sino también un estándar de derechos humanos que se viene debatiendo largamente en el Sistema Interamericano del que Perú es parte. Es decir, es exigible jurídicamente y nunca más necesario que ahora. La Comisión debe tener entonces una real apertura. Eso será clave para saber qué viene después.

Por otro lado, preocupa también que los aportes a los que la Comisión invita se den en el marco de una convocatoria ya existente, que debió ser cancelada (como lo hizo en el pasado el ex CNM para recobrar su reducida legitimidad en otros procesos), pues ante un cambio de reglas de juego (y vaya que se necesitan cambios), algún candidato o candidata pudiera legítima y legalmente cuestionarlo.

Pero hay más: ¿las personas que formaron parte del equipo que condujo la primera convocatoria, siguen en la segunda? Sobre quienes dirigen y deciden el proceso, desde ya, hay un error de fondo que no da la garantía total de que los resultados serán los mejores. Por ejemplo, si Pedro Chávarry hubiere renunciado al cargo de fiscal supremo y postulara a integrante de la JNJ, tendría el voto de Lecaros, presidente del Poder Judicial, para que participe sin problema alguno, ya que como recordamos los CNMaudios en los que está involucrado no le parecían un cuestionamiento a su desempeño. Esta situación parte de un error de origen: los integrantes de la Comisión Especial no solo deben ser quienes ocupan los cargos referidos en la ley, sino que deben cumplir con las garantías (como la apariencia de independencia e imparcialidad) para elegir a los integrantes de la JNJ. ¿Las cumple Lecaros, quien además fue elegido por un mínimo histórico de menos del 50% de los presentes en la votación de la Sala Plena de la Corte Suprema; incluyendo el voto de un juez cuyo nombramiento por parte del ex Consejo Nacional de la Magistratura está cuestionado? No. La ley orgánica de la JNJ debió prever ese supuesto, quién sería el nuevo representante, y un sistema básico de responsabilidades y filtros posteriores. El cúmulo de ausencia de reformas en cada uno de estos pasos ahora pasa factura, a pesar de ser una exigencia histórica de organizaciones como el Instituto de Defensa Legal.

Otro error que contamina el escenario de la nueva convocatoria: la impunidad de la primera. ¿Dónde está la fiscalización y sanción interna a quienes permitieron, tanto en el grupo técnico como en la misma Comisión, los descuidos que llevaron a que el ex candidato Pedro Patrón sea nombrado? El episodio no quedó claro del todo. ¿Cómo se fiscaliza y sanciona la evidente desigualdad a la que fue sometido el candidato Víctor Cubas en su entrevista pública? Una arbitraria y todopoderosa Comisión Especial de elección de la JNJ queda fuera de todo marco institucional y democrático en el que pesos y contrapesos son imprescindibles. Lo que toca ahora es no perderla de vista y exigirle un cambio de rumbo, comenzando con una real apertura a la opinión de la sociedad civil: más días, más especialistas escuchados, y la recepción de todos los aportes. Sólo así tendremos un proceso realmente participativo.