Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Los peruanos sin derechos

¿Qué pasa si vives en este país, en un lugar donde existen recursos minerales pasibles de explotación, y además eres pobre?, pues eres un peruano sin oportunidad de que se respeten tus derechos mínimos.

Cuando menos desde los años noventa, etapa en la que el gobierno de Fujimori con el entusiasmo de haber redescubierto la pólvora, volvió a colocar como eje de la economía a la extracción y exportación de materias primas,  hay una clara euforia por este modelo, donde el esfuerzo busca más y mejores condiciones para los “inversores”, las ganancias económicas, la subida de los índices macro económicos, marginalizando a los pueblos que habitan los espacios donde se hallan estos recursos y reduciendo su condición de sujetos de derechos.

Sí, la defensa de los territorios, del derecho a acceso a los recursos, del respeto por los modos tradicionales de vida, el reclamar condiciones ambientales o mínimos beneficios para la gente del lugar, generan una respuesta represiva y/o violenta; porque ser una persona en esta situación y condición parece anular tus derechos. 

Conga, Tía María, las Bambas, el propio Bagua, demostraron que el derecho a la disidencia, propio de una democracia, no nos está permitido en estas situaciones, y ejercerlo te convierte en el enemigo contra el cual está legitimado cualquier ataque y privación de derechos, anula las libertades, tu expresión, tu integridad e incluso tu vida.  Por eso es que el Estado no dialogó, más bien militarizó y reprimió, y los resultados fueron muertos, heridos, detenidos y procesados, que nunca han asumido como responsabilidad.

Si vives en zona de explotación, pierdes tu derecho a la tranquilidad, a la paz, a gozar de un ambiente adecuado para vivir, y el Estado no hará nada a tu favor porque las empresas y sus actividades tienen la prioridad; Challhuahuacho, Mara, Haquira, todos los pueblos de llamado Corredor Minero del SUR que comprende zonas de Apurimac, Cuzco y Arequipa son prueba de ello.  Tienen que soportar que las empresas mineras circulen libremente a toda hora, con más de 500 camiones al día, esparciendo polvo, derramando contaminantes, emitiendo insoportables ruidos, y nadie puede oponerse a ello, hacerlo les ha merecido la declaración de un Estado de emergencia desde agosto del 2017 que se renueva y mantiene la zona militarizada, evitando que alguien pueda seguir reclamando por este escandaloso abuso.

Cosa similar sucede en zonas como Cuninico, Chiriaco y otros pueblos de la Amazonía en dónde se explota petróleo, allí la población perdió la posibilidad de ser protegida por el Estado como ordena la Constitución, porque si son afectados por derrames de las petroleras por ejemplo, nada pueden esperar como mecanismo de tutela.  Son mas de una decena de derrames sucedidos en los últimos años,  que han contaminado su principal fuente de vida, los ríos, quedándose sin espacio donde trabajar, donde pescar y por tanto comer, privándoles incluso de agua para consumir. Pero del Estado nada se puede esperar, porque la petrolera y su producción es lo que importa y no los miles de nativos gravemente afectados.

Y si de derecho a la salud se trata, no importa si tienes plomo, mercurio u otros metales en la sangre, porque si vives en una zona minera y te contaminaron, tu situación no le importa a nadie.  El 99% de niños de la Oroya tiene plomo en la sangre y para el Estado eso nunca ha sido la prioridad.  El contaminado pueblo de Simon Bolivar, tuvo que hacer una marcha de sacrificio a Lima el año pasado, encadenándose en el Ministerio de Salud, y aún así su atención no se concreta.  Y Choropampa, un pueblo contaminado con 151 Kg. de mercurio en el año 2000 por una minera, y que hasta hoy el Estado se niega a reubicar y menos a atender su salud; por cierto el Poder Judicial de Cajamarca, 17 años después de iniciado un juicio, les acaba de decir que no les corresponde indemnización si no demuestran tener más de 150 mg. de mercurio en la sangre; porque tener menos de esta cantidad para los jueces, no es tóxico, no es dañino para la salud de la gente.

Solo son derechos mínimos, solo son condiciones básicas para vivir en dignidad, pero en este Estado los peruanos pobres cuya mala fortuna ha sido nacer y vivir en los lugares de riqueza, no los merecen.

Pocos hablan o intentan hacer algo por esto, también la gran mayoría de nosotros, el pueblo, les da la espalda a quienes todos los días luchan por la sobrevivencia; en los discursos y promesas de desarrollo y crecimiento del país, preferimos diluir no solo los derechos sino la vida de estas poblaciones. 

Olivia Arevalo, defensora Shipibo Konibo acaba de ser asesinada ayer; para el Estado su asesinato solo sumará las estadísticas, porque nada vale la vida de alguien pobre que lucha por defender su territorio, porque en este país ellos no tienen derecho a la vida.