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Una publicación de la asociación SER

Los que nada importan

Es 17 de octubre y el Ministerio de Salud, por intermedio del Censopas (Centro nacional de salud ocupacional y protección del ambiente para la salud), ha citado a una reunión a pobladores de Chugur, Bambamarca y Hualgayoc, tres pueblos pequeños de Cajamarca.  En esta reunión con la frialdad de aquel presentador de noticias del clima, lanzan un informe trágico para estos olvidados pueblos. De una muestra de 372 personas “tamizadas” (evaluadas) médicamente, todas tienen presencia de metales pesados en sus organismos. 

La población se alborota, pide mayores detalles del asunto y los funcionarios se alteran, levantan la voz, y solo acceden a dar la relación de metales que tienen estas personas.  No se quieren revelar la identidad de los afectados y solo señalan que los puestos de salud convocarán personalmente a cada persona contaminada para informarles; porque a parecer la comunidad no tiene derecho a saber.

No es la primera vez que se sabe que hay personas contaminadas en esta zona tradicionalmente mineras, en el año 2015, tras un pequeño escandalo por documentos que se mantuvieron ocultos, se dió cuenta que el Ministerio de Salud, a través de la DIGESA de Cajamarca, tenía conocimiento desde el 2012 -por análisis realizados a un grupo de menores-, que habían cuando menos 53 niños contaminados con plomo. Nunca dijeron nada, según ellos porque justo aquel año que se hizo los análisis, corría el conflicto Conga y no quisieron agravarlo. Evitar la atención de estos niños también fue parte de su política de contribución a la “paz social”.

En los últimos años la población de Hualgayoc- Bambamarca se ha organizado y con diferentes acciones ha exigido la atención del Estado, que haga algo por esta grave situación, que no solo se restringe al grave daño a su salud, sino que incluye el problema de sobrevivir en un espacio que no tiene más que tierras inertes y aguas contaminadas. 

Los paros, las constantes movilizaciones y el esfuerzo de llegar hasta la capital con sus reclamos, lograron una declaratoria de emergencia ambiental en el 2016, con un exiguo presupuesto que aún sufre las ineficiencias de su ejecución y que se centra en la remediación de los pasivos ambientales históricos.  Ante el escándalo de personas con problemas de contaminación, el Ministerio de Salud asignó un presupuesto de 681,766 soles, que en teoría serviría para atención y tratamiento de los afectados, pero además para seguir haciendo análisis a otras comunidades de la zona.  Lamentablemente el 26 de setiembre último, la Defensoría del Pueblo detectaba que dicho presupuesto fue recortado de manera súbita, quedando solo en 141 mil 548 soles, es decir 70% menos de lo que se ofreció destinar a este grave problema. 

Hoy la población se encuentra consternada tras el último resultado, todos temen por su salud, todos temen por su vida, y lo más probable es que la mayoría, sino todos, estén afectados. Ningún plan de atención se ha anunciado y está claro que no lo habrá, dada la reducción del presupuesto evidenciada.

A estas alturas, estos pueblos también tienen claro que a este Estado, ni ellos, ni las decenas de comunidades del centro del país o de la selva, en la misma situación grave de salud, le importan nada; para este Estado tóxico, la vida de la población pobre es sacrificable en nombre del interés nacional y las soñadas inversiones.

Con indignación escuchan las noticias calificadas de “alentadoras” para este país, la reapertura y licitación del proyecto Michiquillay en Cajamarca.  Más proyectos, más minería, menos derechos, y para estos pueblos olvidados, menos vida. 

Nota: 

Vídeo de la lectura del informe en la comunidad