Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Mayoría parlamentaria contra la Amazonía

El pasado 6 de junio del 2017 el gobierno promulgó la Ley 30574, norma “que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús, priorizando su conectividad multimodal”, esta fue resultado de una negociación en el Parlamento, modificándose la primigenia intención de la mayoría fujimorista de que se apruebe la construcción de una carretera con las implicancias que ahora vamos a señalar y denunciar. Finalmente se aprobó una propuesta de consenso, para articular las diversas formas de integración vial más convenientes para el territorio de Purús (aérea, fluvial -la más utilizada actualmente- y terrestre), siempre y cuando no genere impacto sobre la diversidad biológica de las áreas protegidas y los territorios de los pueblos indígenas, incluyendo a aquellos que se encuentran en aislamiento voluntario. La norma aprobada, en síntesis, se enfocaba a un sistema de conexión multimodal que combina el uso de la vía fluvial con las carreteras existentes en el lado brasileño para salvaguardar la intangibilidad de los territorios indígenas, así como uno de los bosques con mayor biodiversidad en el mundo.

Pero ahora ha surgido otra iniciativa de ley, aprobada por el Parlamento Nacional (dictamen del proyecto de ley 1123) y que espera la rúbrica o la observación del Ejecutivo. Esta vez, los mismos congresistas fujimoristas no satisfechos con la normativa anterior, han logrado que se declare “de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en las zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en la región Ucayali”, con el argumento de generar desarrollo en dicha región supuestamente atrasada por carencia de conectividad terrestre. Y en esta ocasión, a diferencia del anterior intento, la propuesta no ha pasado por dictamen previo de la Comisión de Amazonía y Pueblos Indígenas, y no cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura ni de del Servicio de Áreas Protegidas (SERNANP)[1]. Cabe remarcar que el posible trazo para la carretera que se pretende aprobar vulnera la intangibilidad de los territorios donde se ubican las reservas indígenas Isconahua, Murunahua y Mashco[2], superponiéndose a los mismos con lo que ello implica de agresión cultural y degradación ambiental.

¿Cuál es la intencionalidad que oculta esta iniciativa legal que incluso va en contra de la norma aprobada por el Congreso en el mes de julio? Para muchos es tener el camino abierto para la extracción de caoba cuyo último refugio natural se encuentra en Purús.

Pero hay más temas que pueden llevar a confusión a la opinión pública al considerar casi como un slogan que "las carreteras traen progreso" y permiten la articulación y comunicación de las poblaciones.  Al respecto vale simplemente mencionar como ejemplo la carretera Interoceánica en Madre de Dios|, más conocida por los escándalos de corrupción que por sus efectivos beneficios a la población local, a la región y al país. Por el contrario, persisten los riesgos contra las poblaciones nativas locales agrediendo sus territorios y sus manifestaciones culturales, contra las poblaciones en aislamiento total o parcial voluntario, contra los ecosistemas naturales al posibilitar que se extienda el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera, fauna y flora.

Una carretera no genera de por si bienestar y progreso, salvo que este integrada a un plan sostenible de desarrollo del territorio, que incluye el aprovechamiento equitativo de sus potencialidades (y no su degradación como nos nuestra la historia de las carreteras en la Amazonía), con respecto a las manifestaciones culturales locales (y no la agresión a sus territorios y formas de vida, como también ha sido una realidad hasta ahora extendida contra las poblaciones nativas amazónicas). Es más, cada territorio nos muestra diferentes oportunidades y condiciones para su articulación y conectividad. Y en el caso de Purús, forma parte de la llamada selva baja que constituye cerca del 50% del territorio nacional una de cuyas características fundamentales es la presencia de importantes fuentes hidrográficas a través de las cuales se realiza el transporte fluvial como la modalidad más empleada para el traslado de personas y de carga. El problema principal de Purús y de otras zonas de la Amazonía peruana no es la ausencia de carreteras sino las limitadas políticas públicas que no promueven una adecuada conectividad, en la cual la navegación fluvial con seguras, cómodas y formales embarcaciones, puertos, embarcaderos, señalizaciones, juega un papel fundamental. Y solo así podemos contribuir a mejorar la comunicación, el intercambio entre personas, culturas, recursos.

Un tema más para la reflexión: Tratemos de profundizar y extender los grandes temas que hacen daño a los hombres y mujeres del Perú, y afectan nuestro futuro. A los gobernantes y decisores políticos y económicos se les juzga por sus actos de corrupción, lavados de activos o crimen organizado. Pero se olvidan otras situaciones igualmente graves: degradación ambiental en sus diversas manifestaciones (tala ilegal, tráfico de fauna y flora, minería ilegal), privación del derecho a sus territorios y sus culturas para los pueblos indígenas, destrucción de la institucionalidad y del tejido social (como ocurrió durante el decenio fujimorista), entre otras. Por lo menos desde la sociedad empecemos a valorar mas lo que significará el daño a Purús con las normas analizadas y asumamos la indignación con propuestas, como forma de acción organizada.


[1]Las pocas entidades que han participado en su opinión técnica fueron el MTC, el MEF, el Gobierno Regional de Ucayali y el Colegio de Ingenieros del Perú. Mientas El MTC señaló que el dictamen solo debía ser aprobado si contaba con financiamiento, y el MEF indicó que no era de su competencia pronunciarse sobre declaraciones de necesidad e interés nacional.

[2]Julio Cusurichi, presidente de Federación Nativa de Madre de Dios, quien también ha cuestionado ese errado dictamen de ley y ha señalado que los pueblos en aislamiento Mashco Piro, Yora y Amahuaca son ahora beneficiarios de una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha procedido a demandar al gobierno peruano “para garantizar la protección de su vida e integridad de esas poblaciones”.