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Una publicación de la asociación SER

Mujeres de Saweto

Diana tiene apenas 21 años y ya le tocó enfrentar la tragedia de perder a su padre, cruelmente asesinado por defender los bosques. Él, Jorge Ríos, así como Edwin Chota y dos comuneros más, fueron asesinados. Su cuerpo aún no ha sido hallado y Diana no puede siquiera cerrar el duelo, de igual manera que su madre, Hergilia Rengifo, actual presidenta de la comunidad. Los asesinos hasta ahora no han sido identificados; apenas dos sospechosos se encuentran en prisión preventiva.

La amenaza de los madereros ilegales se mantiene, pero las viudas e hijas de los dirigentes muertos han tomado la posta, entre ellas Diana Ríos, y se han empeñado no sólo en buscar justicia, sino también en asegurarse el reconocimiento y registro de sus tierras y bosques comunales. Mientras cientos de concesiones han sido reconocidas con celeridad en los últimos años, hasta el día de hoy ha resultado infructuosa la lucha de décadas emprendida por varias comunidades, por el reconocimiento legal de las que han sido sus tierras, en muchos casos, desde tiempos ancestrales. En Ucayali, no se dan títulos a las comunidades desde el año 2007, precisamente para no colisionar con los intereses de los madereros. Una crónica de un conflicto anunciado.  En ese contexto, dirigentes como Edwin Chota se habían convertido en firmes activistas de la defensa de los bosques, y se dedicaron a denunciar permanentemente a los taladores ilegales por más de diez años. Pero ese negocio tiene una red amplia de beneficiarios, por lo que la impunidad era y es la constante.  

A pesar de sus 21 años, Diana Ríos ya es madre de tres niños, uno de ellos de ocho, y le ha tocado exigir y persistir en la búsqueda de justicia, denunciar la situación a través de distintos medios, incluso en la COP20 celebrada en Lima, y defender la causa de su comunidad y sus bosques. Además, ha debido tocar varias puertas, en su afán por registrar las tierras comunales. Tal lucha tiene más de doce años, y empezó cuando se otorgaron concesiones forestales sobre los territorios y varias comunidades, incluyendo la que ella integra. A pesar de que pocos meses más tarde el INRENA reconoció los derechos pre-existentes de los comuneros, el gobierno regional de Ucayali nunca los tomó en cuenta.

Asesinados los dirigentes, y en vista de las presiones nacionales e internacionales, varias autoridades han expresado su preocupación y compromiso de atender esta situación. Pero los trámites son largos y las autoridades pasan, y lo cierto es que las comunidades han tenido que pedir apoyos solidarios para permanecer en la ciudad de Pucallpa o trasladarse a Lima. Ahora, Diana, su madre y otras viudas dirigentas están pendientes de lo que debiera ser el último paso, al menos para la seguridad territorial: La inscripción en registros públicos. Y, nuevamente, la burocracia pone observaciones técnicas, subsanables, pero que para personas pobres y alejadas de la ciudad, resultan desalentadoras por lo costos que les significan, y por todo el tiempo transcurrido, además. En la actualidad, la Defensoría del Pueblo viene acompañando estos esfuerzos, en la esperanza de que las comuneras y comuneros pronto puedan alcanzar su meta, tantos años perseguida.

Por ese esfuerzo colectivo y por su activismo en la defensa del Medio Ambiente, la comunidad de Alto Tamaya Saweto fue reconocida con el Premio de la Fundación Alexander Soros, y a Diana le tocó ir a Nueva York, a recibirlo. Volvió poco después, a fines de abril de este año, invitada a asistir a la reunión anual del Foro Permanente para las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas. Según nos dijo, allí comprobó que muchos pueblos indígenas del mundo tienen problemas comunes.

Esta historia es la de cientos de comunidades, cuyos miembros viven en nuestro país desde hace siglos, y que tienen que pelear por el reconocimiento de sus derechos sobre sus tierras. Esta negligencia por insensibilidad o intereses de terceros, como sucede en Ucayali, puede ser el detonante de futuros conflictos. Las concesiones madereras y petroleras, así como los madereros o mineros ilegales, amenazan a las comunidades, cercan sus territorios. En realidad, nuestros territorios, pues comuneras y comuneros como los de Saweto son los que protegen los bosques del país, son las fronteras humanas de nuestro territorio. A ellos, el Estado debería prestarles una atención especial, empezando por responder rápidamente a su solicitud de registro de su propiedad.    

Aunque aún se emociona cuando recuerda la tragedia que enlutó su comunidad, Diana transmite una enorme energía. Nos vimos por primera vez en Lima, y entonces andaba detrás de un trámite más, en el ministerio de Agricultura. La segunda oportunidad fue en Pucallpa, en un evento con dirigentas indígenas de la región (12/05). Allí Diana nos expresó, nuevamente, su terca decisión de continuar la lucha de su padre. A pesar de los numerosos escollos burocráticos, de tantos años, amenazas y muertos, ella no se desanima. Está segura de que lo logrará, nos dice. Y yo le creo.