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Una publicación de la asociación SER

No más represión para el sur andino

Foto: Diario Correo 

“[…] Vivir aquí se ha vuelto terrible, uno ya no sabe qué hacer; son casi 500 camiones, trailers, camionetas, que pasan por esta carretera, mañana tarde noche, ya no se puede soportar, el ruido no nos deja ni escucharnos entre nosotros cuando hablamos, el polvo todo el día se levanta y tapa nuestros sembraditos, entra a las casas, nos cubre a nosotros, nada se salva […], un día yo sola me he enfrentado a los mineros, bajé a la carretera y puse todos mis baldes y sacos para que ya no pasen los carros, se pararon, bajaron me dijeron que saque mis cosas que no puedo bloquear la carretera, yo les decía que siquiera echen un poco de agua para que no levanten tanto polvo, pero llamaron a los policías, todos me han rodeado […] la policía tiró mis cositas, lo pateaban al filo de la carretera; a la próxima te llevamos presa me dijeron[…]”. 

 

Este es el testimonio de Guadalupe S., una de las miles de pobladoras que vive en el llamado “corredor minero”, la carretera que atraviesa poblados de Cusco, Apurímac y Arequipa y que conduce a importantes proyectos mineros (Las Bambas, Antapaccay, Constancia y Cerro Verde); ella como toda la gente que vive allí, tienen que convivir desde ya hace varios años no solo con el infierno de los ruidos, polvos, y peligro de los contaminantes del transporte de las mineras, sino con la amenaza de la represión de un Estado que incluso les tiene vetado quejarse.   

Desde el año 2015, en que los problemas entre las mineras y las comunidades se agudizaron, no solo por los impactos que cada vez se acentúan más en estos territorios, sino por las actitudes arbitrarias de las empresas que van cambiando las condiciones de operación en desmedro de la población. Estos pueblos han tenido que soportar la desproporcionada y abusiva represión del Estado que ha dejado muertos, heridos, criminalizados, y un escenario cotidiano en el que se les impide ejercer derechos básicos imponiéndoles los estados de excepción.  La mínima protesta de estas comunidades, por alguna afectación, las hace merecer la imposición del Estado de Emergencia, como acaba de suceder este 30 de agosto último, en que por décima vez en estos dos últimos años, el gobierno decreta o renueva esta condición suspendiendo el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la libertad de reunión y tránsito.  Esta vez fue por las protesta de los pobladores tanto de Fuerabamba como de Velillé que nuevamente reclamaban por el uso de la carretera y por modificaciones arbitrarias de los EIA, sin embargo el gobierno y las empresas lejos de considerar un mecanismo de escucha y solución, responden con estos mecanismos de confrontación.   

Si algo está totalmente ausente en el manejo de estos conflictos, es el enfoque de derechos de las poblaciones, siempre se está pensando en como se neutraliza las protestas en función a proteger la inversión y garantizar los intereses de los inversionistas. No importa si la gente vive cual topos enterrados en el polvo, si están afectados sus territorios y sus formas tradicionales de vida, ¿Qué podría valer la tranquilidad de un indígena o campesino de esta zona para este Estado?  Esta semana apareció en los diarios limeños la preocupación por el corredor minero y las protestas en Cotabambas, pero como siempre con una mirada que no valora la vida y la dinámica tradicional de la población, y sí, poniendo el ojo en los millones de dólares que hay que cautelar, el 11% del PBI que esta zona produce, el 50% de divisas y el 20% de recaudación tributaria; por lo mismo se resalta la urgencia deresolver estos conflictos.

Se afirma que la minería está justificada porque ha contribuido a que regiones como Apurímac reduzcan la pobreza, la cual habría bajado a 35.9% en los últimos ocho años, porque se han generado puestos de trabajo formal, y porque según el INCORE 2018 Apurímac habría mejorado en competitividad. Sin embargo, hay que tener cuidado con sacar conclusiones apresuradas sobre el alivio a la pobreza y el desarrollo, que conceptos multidimensionales que suponen no sólo el incremento de ingresos y puestos laborales, sino también la mejora de la calidad de vida de la gente, la reducción de desigualdades, el pleno ejercicio de derechos y libertades, y el respeto a la dignidad hoy nuevamente atropellada.

En este momento en que la SNMPE invierte en una campaña mediática millonaria en medios sobre la importancia de la minería y se empiezan a lanzar discursos comoel agro es atraso”, el Estado instaura estos estados de emergencia militarizando las vías públicas estratégicas para las empresas (482 Km. de carretera) y apuntándole con armas a la gente, parece que empieza un nuevo episodio de minería a fuerza y bala a nombre del desarrollo.

Mientras gente como Guadalupe sienta que su vida está en riesgo, que se está pisoteando sus condiciones como ser humano, que no existe Estado para protegerlos, solo para violentarlos, ningún crecimiento está justificado.  Ya es tiempo de que todos levantemos la voz por los que no existen para este Estado. ¡Basta de abusos!.