Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Nos siguen pegando abajo

Ayer en la Feria del Libro tres escritores hombres charlaban sobre la poca importancia política que hoy tiene la región latinoamericana en el resto del mundo. Comentaban que esto se ve reflejado cuando algunos periodistas les preguntan aún por dictaduras o golpes de Estado, y ellos los miran sin saber qué responder. Porque para ellos en nuestra región ya no pasa eso, pues todo ha cambiado. Latinoamérica ya entró a la modernidad e incluso tenemos en Perú una feria del libro magnífica e impensable 10 años atrás. Mientras los escuchaba me preguntaba en qué momento pasamos a tener una élite literaria que no cuestiona y acepta el statu quo, pero que además cree que porque no hay tanquetas en Palacio de Gobierno todo va bien.

Porque es muy fácil decir -desde adentro o fuera del país- que todo va bien, que no hay que ser mala onda o quejarse por todo. Pero si miramos en detalle, algo no encaja, por el contrario, estamos retrocediendo en materia de derechos humanos, o estamos entrampados en  la cruda realidad.

Y no solo se trata de la guerrita absurda al interior del fujimorismo, sino que nuestra “sólida" democracia tiene un poder legislativo controlado por un partido basado en una mafia y en las empresas ilegales, el mismo que hasta hace poco ha golpeado como ha querido al Ejecutivo y a muchas instituciones. Un partido pseudo político que parece haber implosionado después de una guerra entre hermanos.

Y el Poder Ejecutivo parece no tener rumbo fijo en muchos temas, menos aún en la lucha contra la corrupción. El escándalo desatado por la separación de las procuradoras lo demostró. El gobierno alega que despidió a Ampuero porque no ejecutó la ruta que tiene para acabar con la corrupción. Lo cierto es que nadie la conoce, lo único que sabemos es que muchos políticos y empresarios nos robaron y se levantaron el Perú en carretilla, y al final solo caen los “peces chicos”, mientras los  peces más gordos y grandes sonríen al ver el circo desatado.

Se trata también del hecho que, en el Perú la Policía y las Fuerzas Armadas siguen matando defensores de derechos humanos. Sí, es el mismo Estado que los mata y hasta ahora ha asesinado a 152 líderes sociales desde el retorno de la democracia. De estos 152 peruanos muertos en contexto de conflicto social por las fuerzas del orden, solo uno ha alcanzado una sentencia judicial. El resto es pura impunidad como si la vida de algunos peruanos no valiera nada.

Se trata de que tenemos una policía que se alquila al servicio de las mineras, con estaciones policiales dentro de sus instalaciones, con instrumentos, con pagos extras, con mejores uniformes, y quien sabe qué más, todo brindado por los empresarios mineros. Una policía que protege a la mina y no a la población. Una policía que se alquila bajo convenios privados y secretos que nadie conoce, y que el mismo ministro se comprometió a revelar y hasta ahora no lo hace. Total, si en su gestión se asesinó al señor Quintino Cereceda y hasta ahora la investigación no avanza, que más da unos cuantos peruanos sean hostilizados por los guachimanes de los empresarios.

Lo más perverso es que las denuncias, investigaciones fiscales y procesos judiciales aumentan exponencialmente. Mecanismos legales que buscan golpear y debilitar las organizaciones sociales, ya sea indígenas, comunales, estudiantiles. Lo cereza del pastel, lo más siniestro lo vimos hace poco cuando en la caminata de sacrificio de los ciudadanos de Cerro de Pasco, las y los líderes fueron denunciados por una fiscal por violencia familiar, que con esta acción buscaba quitarle a sus hijos y llevarlos a un albergue. Instrumentos pérfidos y complejos, que atacan a las y los defensores y que no llaman la atención mediática, pero que golpean demasiado duro.

Y es que somos un país que hace muchos años acabó con un conflicto armado, pero que aún no cierra sus heridas. El pisoteo de las botas continúa y se da sobre los mismos afectados que hace 20 o 30 años. Sobre esas mismas personas que aún no alcanzan justicia por las violaciones de derechos humanos: por las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, las violaciones sexuales. De las casi cinco mil víctimas de violación sexual reconocidas por el Estado en el Registro Único de Víctimas, a la fecha solo hay una sola sentencia condenatoria en el Poder Judicial por este crimen. Sí, una sola. Y hasta la fecha, el Ministerio de Defensa se niega a dar la información que requieren tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial para avanzar con estos casos.

Y así mientras unos escritores hombres hablan sobre el futbol español y se deslumbran por la supuesta modernidad y las historias sobre el ingreso a la OCDE y varias cosas más, desde el otro lado del Perú, ese al que pisotean sus derechos, al que matan, al que acosan, al que violan, solo podemos decir que nada ha cambiado, pues nos siguen pegando abajo.