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Una publicación de la asociación SER

Nuevo Museo Nacional: ¿Es una prioridad?

Las autoridades del Ministerio de Cultura del gobierno saliente comunicaron con bombos y platillos la construcción del nuevo Museo Nacional de Arqueología del Perú (MUNA). Más de 500 millones de soles fueron aprobados con ese fin y la obra ya empezó a ejecutarse debiendo culminarse dentro de dos años y medio[1]. Desde sus inicios la duda ha embargado a muchos actores involucrados en la gestión del patrimonio cultural. Quizás el argumento más atractivo a favor de la construcción del MUNA podría radicar en que por fin tendremos el gran museo que albergue la enorme riqueza arqueológica que el país posee, a la altura de importantes países del mundo. 

Sin embargo, al lado de ese y otros argumentos más propios de una suerte de orgullo nacional, se esgrimen importantes preocupaciones respecto a la pertinencia de esta obra. El debate está abierto, incluyendo la preocupación del actual ministro de Cultura poniendo en cuestión la posible continuación de este proyecto. La primera observación que se puede hacer es que haya aprobado  una obra de esta magnitud y trascendencia sin antes ponerlo en consulta a quienes están ampliamente involucrados con la gestión del patrimonio cultural arqueológico. Más aun cuando la ministra encargada del sector tenía muy poca o nula experiencia y conocimiento al respecto. Invertir tanto dinero para manejar parte importante de nuestro legado cultural merecía más mesura, más consejos y decisiones más consensuadas, antes que premura y búsqueda de protagonismos individuales.

Un primer argumento a considerar es la pertinencia de un nuevo museo si ya se cuenta con el histórico Museo de Arqueología, Antropología e Historia (MAAHP) ubicado en Pueblo Libre, considerado el más antiguo y representativo del Perú (fundado el 2 de abril de 1822). Su importancia no solo es como monumento patrimonial sino por lo que ese lugar alberga (cerca de 300,000 piezas de patrimonio cultural prehispánico, colonial y republicano). ¿Por qué no se consideró orientar la inversión existente en mejorar las capacidades de este reconocido museo? ¿Sabemos cuántas de las piezas que posee, en particular los cientos de momias que resguarda, están penosamente depositadas sin las condiciones necesarias para su preservación? ¿Se puede conocer cuáles son las necesidades en infraestructura física, logística de investigación, personal capacitado y bien remunerado que se requiere para realmente poner en valor y aprovechar tanta riqueza cultural? ¿Una vez más, no hubiera sido mejor invertir en potenciar el Museo de Pueblo Libre articulándolo con su entorno cultural y social?

Un segundo argumento es el enfoque que se tiene sobre la importancia de un museo de estas características. No se trata de depositar piezas sino de reconocerlas como parte de nuestra historia, memoria, pasado, así como su articulación con el presente. Una de las causas de la dificultad de construir proyecto nacional y visión de nación, es justamente el desarraigo y la incomprensión de nuestro pasado y su valoración para el presente. En tal sentido nos preguntamos si es lo más conveniente un nuevo museo en un lugar como Pachacamac o por el contrario aprovechar y mejorar lo que ya se tiene en Pueblo Libre. 

Se añaden más argumentos y dudas sobre la conveniencia de la nueva obra entre ellos, la construcción de un museo encima de un sitio arqueológico cuyos estudios no han sido culminados, con los riesgos se destruir cultura (Fernando de Szyszlo)[2]; la zona no es propicia para la conservación de piezas o requerirá de mayores inversiones para su preservación (Walter Alva); se requiere más estudios que avalen este proyecto (Luis Lumbreras), entre otros. Más argumentos en contra de esta nueva obra se esgrimen al respecto. Pachacamac ya cuenta con un Museo de Sitio, hace pocos meses inaugurado y que podría simplemente ser más potenciado aprovechando la infraestructura física que posee.

Un último argumento ha surgido desde la Contraloría General de la República, alertando sobre irregularidades notorias como la aprobación de estudios de preinversión y viabilidad del proyecto sin contar con los resultados de la evaluación y el rescate arqueológico en la zona donde se construirá el museo, con los riesgos que ello implica si es que se encuentran otras evidencias arqueológicas. Esto no solo puede afectar la inversión realizada sino, y esto es lo más grave, podría generar daño al rico patrimonio cultural que resguarda este sitio monumental, considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad y también como Patrimonio Mundial al formar parte del Qhapaq Ñan.

A los problemas señalados, se suma que el proyecto del MUNA no posee opiniones técnicas de las entidades nacionales e internacionales competentes[3], amén de otras observaciones administrativas y de control que señala la Contraloría. Si se confirma esta serie de irregularidades, sería doblemente penoso que justamente las autoridades responsables de proteger nuestro patrimonio cultural se comporten a usanza de diversas empresas que sin respetar la normatividad y abusando de sus espacios de poder, han deteriorado invalorable riqueza cultural.

Estos hechos nos hacen recordar cuan correctas fueron nuestras reacciones frente a los dispositivos legales como el vigente DS N°054-2013-PCM[4] y el derogado DL N°1198 que pretendió una suerte de concesión privada del patrimonio cultural. Si ni el propio ente nacional competente puede ser capaz de respetar la normativa que debería promover y garantizar que se implemente, deja mucho que desear si podrá hacerlo cuando intervengan otros agentes económicos para quienes el lucro es el interés principal.

El debate está abierto, con muchos argumentos en contra de esta apresurada obra. Lo mejor que podrían hacer las nuevas autoridades del ministerio es retomar las consultas y buscar decisiones más consensuadas, antes que seguir arriesgando el patrimonio cultural y malgastando el escaso presupuesto con que cuenta el sector. Seguiremos abordando este tema.


[1]Es una obra en un área de 75 mil m2, con siete pisos, tres subterráneos, con restaurantes, servicios y estacionamientos.

[2]Al respecto y para una mayor transparencia y confianza sería pertinente conocer los resultados de las acciones de rescate arqueológico realizadas en la zona de construcción y la garantía de que hay más patrimonio que puede verse afectado.

[3]Según la Contraloría “se pone en peligro el cumplimiento de las disposiciones y directrices prácticas de la Convención de Patrimonio Mundial de 1972 de Unesco, establecidas para la conservación y protección del Valor Universal Excepcional de los bienes culturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, y que el Perú ha ratificado en su calidad de Estado parte de la Convención”.

[4]Que reduce los plazos para aprobación del CIRA en 20 días pudiendo hacer uso del llamado “silencio administrativo”