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Una publicación de la asociación SER
Doctor en Antropología con Mención en Estudios Andinos. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

Patrimonio en riesgo, otra vez

Nuevamente parece ponerse en riesgo la protección del patrimonio cultural, con la resolución del propio Ministerio de Cultura (RM N° 364-2014-MC del 11.10.2014), que ha eliminado de su Texto Único de los Procedimientos Administrativos (TUPA) la posibilidad de anular la licencia municipal sobre los proyectos de bienes culturales inmuebles, cuando es otorgada sin autorización previa del sector. El Ministerio de Cultura adoptó  esta medida en el marco de aplicación de la cuestionada Ley N°30230, de julio de este año, que dispone la simplificación de procedimientos y permisos, con el argumento  de promover y dinamizar la inversión en el país.

Considerando el análisis realizado por el Dr. Fabricio Valencia, se identifican tres modificaciones incorporadas por el artículo 60° de la Ley N° 30230 y que afectan la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en lo siguiente: En primer lugar, las obras a ejecutarse en bienes culturales inmuebles ya no requieren la autorización previa del Ministerio de Cultura. En segundo lugar, el Ministerio de Cultura designará a los delegados ad hoc que estime necesarios, de conformidad con la norma establecida. Y en tercer lugar, se eliminó la disposición que establecía que era nula la licencia municipal que careciera de la autorización del sector Cultura, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondieran. Así, no queda clara ya la obligación del responsable, de reponer al Estado el bien anterior a la intervención, ciñéndose a las especificaciones técnicas correspondientes.

Hay varios temas a señalar como preocupación: Por un lado está la incomprensión del patrimonio cultural como factor de desarrollo con identidad. Consecuencia de ello es considerar los procedimientos para su cuidado como un posible obstáculo para la inversión y el crecimiento económico del país. Los trámites de simplificación administrativa que deben aplicarse no tienen por qué poner en riesgo la protección y la intangibilidad del patrimonio cultural. Por otro lado, este, que es propiedad de la Nación, no puede  verse afectado por una norma que le da mayores atribuciones a las autoridades municipales, en temas en los que aún no poseen mayores conocimientos ni capacidades. Pareciera no importar que cualquier intervención sobre el patrimonio, sin presencia de la autoridad del sector, puede poner en riesgo la riqueza cultural del país, llegando a situaciones irreversibles. La misma acepción de “intangible” que posee el patrimonio cultural se contradice con la laxitud y permisibilidad de la nueva forma

Añadamos, con preocupación, el escenario  de corrupción que afecta al país y que podría permitir que con mucha facilidad se agreda y degrade el patrimonio cultural, Más aún si la norma no precisa los tipos o categorías de patrimonio en juego: prehispánicos, sitios arqueológicos, coloniales o republicanos, que poseen con valoraciones distintas. Hay que recordar que la mayoría de competencias y funciones del Ministerio de Cultura siguen concentradas en el sector y que es poco lo que manejan los municipios, lo que podría traducirse en una aún mayor afectación del patrimonio, por la superposición que pudiera presentarse. De acuerdo a Valencia, no quedan claros los fundamentos de orden técnico que sustentan estas modificaciones, las mismas que dejan atrás 192 años de evolución legislativa basada en la intangibilidad y la protección jurídica del patrimonio cultural.

Finalmente, cabe señalar que no se podrá generar bases sólidas de desarrollo humano y sostenible, si se persiste en no otorgarle la valoración que se merece al patrimonio cultural. El mismo gobierno se contradice con sus acciones, cuando remarca que hay que diversificar la base productiva y de servicios y al mismo tiempo le niega al patrimonio cultural su posibilidad de aportar al crecimiento económico, pero con equidad e inclusión.