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Una publicación de la asociación SER

Perú: país comunero antes que minero

“Sin inversión minera no hay crecimiento económico. Sin crecimiento económico los #DerechosHumanos no serán reales para todos”. Así rezaba el tuit de la Defensoría del Pueblo, repitiendo la plegaria que la cabeza de la institución acababa de hacer en PERUMIN, ante una convención de poderosos empresarios. Un foro de quienes se sienten los dueños y dueñas del Perú y que incluso interpelaron las propuestas de las ministras para proteger el medio ambiente. También estuvo una ministra de Estado ofreciendo bajar los estándares en los estudios de impacto ambiental para los proyectos mineros, y cumplió, hoy, tres semanas más tarde, la resolución ministerial ofrecida ha sido publicada en El Peruano (RM N° 276-2017-MINAM).

Días después, el 29 y 30 de septiembre, en Cotabambas, Abancay, se realizó el segundo encuentro de la Federación Interprovincial por la Defensa Territorial y Ambiental de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar y Paruro. Acá no hubo trajes caros, ni camionetas lujosas ni cenas o reuniones ostentosas. Hubo delegaciones de comunidades afectadas por la minería: hombres y mujeres que en quechua y castellano contaban que luego de treinta años de minería, el ansiado desarrollo era solo un mito. Comuneras y comuneros cansados de tanto agravio y violencia, pero que no han perdido las ganas de hablar fuerte sobre lo que están sufriendo, ni tampoco la voluntad de organizarse para defender sus derechos. Hubo también vigilancia policial, entre ellos un ingenuo policía tratando de tomar fotos de manera solapada pensando que nadie lo veía. Los organizadores del evento le dijeron que “mejores fotos podría encontrar en Facebook”.  Yo estuve en Cotabambas. El encuentro se realizó a dos años del enfrentamiento entre las comunidades de Cotabambas y la Policía Nacional —al servicio de la empresa minera-— que acabo matando a balazos a Exaltación Huamaní, Alberto Cárdenas y Beto Chahuaylla. Han pasado dos años y aún no se han identificado a los responsables. Probablemente nunca los identifiquen. En el Perú, los que matan a los comuneros en las protestas sociales casi nunca son identificados. Desde el 2002 la fuerza pública —el Ejército y la Policía— ha matado a más de 150 personas en las protestas sociales. De todas estas muertes solo hay una sentencia. Como si la vida de quienes protestan no valiera nada. Como si matarlos por ejercer su derecho a la protesta fuera algo válido para el Estado.

El encuentro se da también un año y meses después de la segunda sesión de la mesa de diálogo en derechos humanos. En esa ocasión, ante las demandas de las comunidades, la empresa ofreció pagar a las tres viudas una pensión de un sueldo mínimo por espacio de un año. El Viceministro de Derechos Humanos de ese entonces, Ernesto Lechuga, pidió emocionado ante ese gesto vergonzante un aplauso para la empresa. En esa reunión también un comunero saludó al representante de la empresa sentado a la derecha del viceministro: “qué gusto verlo nuevamente, hace unos meses venía como representante de la PCM, ahora lo vemos como funcionario de la empresa”. Jamás vi la puerta giratoria de manera tan desfachatada. Luego de esa segunda sesión de la mesa de diálogo hubo una tercera. Las comunidades siguieron exigiendo justicia y reglas claras; sin embargo, no hubo más, el gobierno central suspendió la mesa de diálogo.

Pasados dos años, los pedidos de las comunidades son los mismos, pedidos que incluyen cosas tan básicas como centros de salud con equipamiento adecuado. Lo que sí sigue vigente es el convenio que alquila a la Policía a la empresa minera. Pero eso ningún funcionario lo dice. Tuvieron que admitir la existencia de ese convenio privado y secreto en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires, Argentina, lejos del Perú. Allí el procurador del Estado tuvo que aceptar la existencia de este y otros diez convenios más. A pesar de los reiterados pedidos al Ministerio del Interior, hasta ahora no lo hacen público.

En octubre de 2016 hubo otro enfrentamiento alrededor del proyecto Las Bambas. La policía mató a Quintino Cereceda. Esa vez el Ministro del Interior salió raudo a decir que se harían las investigaciones y se sancionarían a los responsables. Ha pasado un año y no hay avance alguno. Basombrío nunca más habló del tema. Como si las vidas de Quintino, de Exaltación, de Alberto y de Beto no valieran nada. Como si la vida de cada comunero y comunera de Cotabambas fuera prescindible con tal de que la empresa siga funcionando.

En este corredor, los conflictos se incrementaron hace más de dos años, cuando la nueva empresa cambió de dueños: MMG. Allí las reglas las cambió la empresa. De la noche a la mañana, a los pobladores les pusieron una planta de molibdeno sin estudio de impacto ambiental, y les dijeron que el estudio ya se había hecho para la misma planta en Cusco y que cambiar la planta a Apurímac era como cambiar un mueble. Les dijeron también que ya no habría mineroducto. Entendieron este cambio cuando el camino carrozable empezó a ser usado por más de 100 camiones que durante todo el día transportan el mineral dejando un rastro de polvo asfixiante.

En el encuentro el diálogo es potente, los testimonios de las personas reflejan el hartazgo del abandono del Estado. Las preguntas que se hacen, la información que se comparte, al ánimo y el valor que se dan para seguir adelante. Líderes como la señora Virginia denunciando desde las entrañas todo el acoso sufrido por las y los defensores del territorio, las infinitas investigaciones, los procesos judiciales, la vulneración a la salud de su gente por parte de la empresa. Los efectos negativos de los cambios producidos por la mina son repetidos una y otra vez. Las investigaciones sobre sus muertos que no avanzan, “nos matan como vizcachas en los cerros” dijo el presidente de una comunidad. Les quieren sembrar el miedo, les acosan, les estigmatizan, creen que amenazando a las comunidades están dejarán de reclamar por sus derechos. Ilusos. Lo más cruel es que ellas y ellos sí creyeron en el Estado, creyeron en un gobierno central que desde la capital mandaba a sus emisarios a decirles que todo era para mejor, que todo era por el desarrollo. Que los sigue enviando. Más de treinta años tienen las minas en la zona, esta ha pasado ha pasado por distintas empresas, por múltiples dueños, pero el desarrollo aún no llega, la pobreza, los índices de anemia y desnutrición siguen y se incrementan. Lo que también continúa son los Estados de emergencia, incluso en provincias donde no hay reclamos. La innovadora forma de frenar las protestas de nuestro gobierno central: los estados de emergencia preventivos, por si acasito, violando todas las normas internacionales en la materia.

El Perú es un país minero, eso es cierto, casi todo está concesionado, la minería está por todos lados, las grandes empresas, las informales e ilegales, cada una va carcomiendo el territorio para sacar más metal. El Perú es un país con unos cuantos empresarios y lobbistas poderosos que con tal de incrementar sus ganancias no les importa pisotear derechos, que contratan a la policía como seguridad privada para que reprima campesinos, que exigen y logran normas cada vez más flexibles para aumentar sus ganancias, y que de paso pisotean derechos con sus minas que asfixian y contaminan

El Perú también es un país de comunidades organizadas, unidas por la vulneración de sus derechos, como las comunidades de Espinar, Chumbivilcas, Paruro y Cotabambas, que solo piden ser escuchadas de verdad, que no las sigan contaminando ni matando a cámara lenta. Como una novela trunca el Perú sigue dividido y a la vez atado entre los zorros de abajo y los zorros de arriba.