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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

Perú y su errática política antidrogas

Vamos a realizar un análisis a partir de las cifras oficiales otorgadas por el Ministerio Público a partir de un indicador bastante objetivo. La droga incautada en un año que ha llegado a instancias fiscales.

Según esta entidad, en 2,131 operativos policiales realizados durante el 2016, se incautaron un total de 44.4 toneladas de drogas, entre 31.8 toneladas de marihuana, 8.7 toneladas de clorhidrato de cocaína y 3.9 toneladas de pasta básica. Además señala que los principales lugares de incautación son Callao, Ayacucho y Andahuaylas.

Si consideramos que de acuerdo al Informe Anual de Monitoreo de Cultivos, el Perú debe producir 285 toneladas entre PBC y clorhidrato de cocaína, obtenemos que el nivel de incautación es menor al 5% del total de drogas cocaínicas producidas. Ese es el modesto resultado de toda la interdicción que realiza el Estado peruano. ¿La gran pregunta es si esto es eficiente?

Si a ello le agregamos que el gran éxito de la erradicación de 130,000 has. de coca durante el gobierno de Humala(2011/2016), va acompañada de un 93% de resiembra de cultivos de coca, obtenemos que el fracaso de la política de drogas basada en la reducción de la oferta es mayúsculo. Y aun así, PPK nombra, mantiene y soslaya un modelo en que ni el mismo cree.

Además convengamos que el Perú gasta aproximadamente 400 millones de soles anuales en materia de políticas de control de drogas,  más 60 millones de dólares provenientes de la cooperación internacional, es decir poco más de 580 millones de soles anuales en total, fundamentalmente en manos de DEVIDA, el Ministerio del Interior y en menor escala, el de Agricultura.   

El costo de mantener esta política, para el país, es mayúsculo: se mantienen estados de emergencia de zonas que requieren más democracia, profundas huellas de corrupción en todos los niveles del Estado que manejan estos recursos (FFAA, PNP, DEVIDA), un sobre costo innecesario a nivel penitenciario y un profundo grado de impunidad, como lo muestran los más recientes casos investigados por la Comisión de Narco Política (2015).

En definitiva, ni Toledo, ni García, ni Humala, y tampoco PPK, han puesto en revisión los presupuestos de esta política, los instrumentos que la conforman, ni mucho menos los resultados obtenidos. Se necesita un cambio ¡Ya!