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Una publicación de la asociación SER

Petróleo en la sangre

Mientras en Lima los medios han tratado de levantar a como dé lugar la noticia del mausoleo para el entierro de miembros de Sendero Luminoso y claro, a la par, intentan que pase desapercibida la sentencia judicial que confirma lo que ya sabíamos: que en el Perú hubo hornos del Ejército peruano para incinerar gente después de torturada. Como si importara más el linchamiento de los muertos que la comprobación de que el Estado peruano, mediante métodos basado en el terror, cometió crímenes de lesa humanidad contra la población, contra nosotras y nosotros.

Y es que la vida de algunas personas importa demasiado poco en el país. Desde hace un año vienen haciéndose públicas denuncias sobre continuos derrames de petróleo a lo largo del Oleoducto que cruza la Amazonía norte de nuestro país hasta llegar a la Costa. Ya en 2015 lo había dicho la Defensoría del Pueblo:estos “derrames producidos no son hechos aislados”. En Lima los derrames llamaron la atención a inicios de este año. La gente protestó porque se estaba matando la Amazonía, deforestando el bosque.  

Desde su construcción en los años 70 y a lo largo de sus 854 kilómetros el Oleoducto Norperuano ha sufrido decenas, sino cientos de roturas y consiguientes derrames de petróleo. Lo más grave es que la administración de PETROPERÚ S.A. dejó de darle mantenimiento a esa tubería durante la mayor parte del gobierno de Humala y también en los dos gobiernos anteriores, según reconoció esta misma empresa. De acuerdo al propio director de PETROPERÚ S.A. la empresa no habría brindado mantenimiento al oleoducto hasta por periodos de 16 años en algunos casos.

Luego nos fuimos habituando. Parece que en los últimos meses ya nos hemos acostumbrado a escuchar noticias sobre nuevos derrames, y no pasa un mes sin que nos enteremos de uno nuevo. A estos, siempre le sigue un comunicado de Petroperú, tratando de salvar toda responsabilidad, generalmente culpando a terceros ajenos a la compañía. OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) también informa que realiza indagaciones para conocer la responsabilidad de los derrames y de sus planes de contingencia.

Y ante esta falta de reacción se presenta la dura realidad: no solo la selva se está contaminando, sino que los peruanos y las peruanas que allí viven están contaminándose también, no solo es el petróleo en los ríos y en los peces, es el petróleo en las venas de seres humanos, en la sangre de personas, de mujeres gestantes, de niñas y niños. Es una muerte lenta, el etnocidio de un pueblo. Pero eso parece tenernos sin cuidado. Incluso el hecho de que hubo niñas y niños recogiendo con sus manos el petróleo y exponiendo así sus cuerpos y su vida, pareciera que ya no importa.

Al respecto, la situación de histórica vulnerabilidad de los pueblos indígenas en el Perú se ha incrementado al extremo, al igual que en el resto de América Latina, como resultado de modelos económicos adoptados por el Estado. Y acá en la situación del desastre químico que se vive en la Selva lo vemos de manera desfachatada. El debate incluso se ha centrado en si debe privatizarse Petroperú o no. Pero no hay información pública desde el Estado sobre cómo la contaminación producida por estos hidrocarburos está afectando a las personas. ¿Lo dirán algún día?

Nuevamente se repite el triste hecho de desprecio a la vida de algunas personas. Este envenenamiento en cámara lenta, así como la confirmación de que hubo un horno para incinerar a personas luego de torturarlas, no generan titulares. En el Perú, parafraseando a Orwell, supuestamente todas y todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros.