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Una publicación de la asociación SER

Poco avance contra las drogas

A dos meses de la nueva administración en DEVIDA, es conveniente hacer una evaluación de lo que ha sido el gobierno del presidente Humala en materia de política de drogas y lucha contra el narcotráfico. Hay algunas cosas buenas, otras muchas que no lo son, y bastante desentendimiento de oportunidad y forma, frente a la posición predominante en el hemisferio.

Ahora, podemos señalar que el balance tiene a su favor la detención de las acciones de erradicación forzosa anunciadas para el VRAEM, y su reemplazo por una propuesta más espaciada de diversificación productiva: la creación del Proyecto Especial PROVRAEM en el MINAGRI, con Mesa de Trabajo y todo, con unidades ejecutoras como los CRIA, en las principales localidades del VRAEM. Es en este sentido, que es necesario sopesar la decisión política tomada de reducción de daños en materia agraria-, de no generar condiciones propicias para el fortalecimiento social y político del discurso de SL en esta difícil región, donde, además, el narcotráfico está presente en distintos niveles.

En lo externo, se produce,en la diplomacia peruana,un pequeño cambio en el énfasis en normalizar la posición del país,en el amplio proceso hemisférico y regional de revisión y reformade las políticas de lucha contra el narcotráfico (VI Cumbre de las Américas, en 2012, Informe Hemisférico sobre Drogas, “Declaración de Antigua”, y la reciente Resolución de la Asamblea General de la OEA (septiembre 2014), todas aceptando la posibilidad de realizar cambios y de asumir nuevos enfoques, basados en evidencia científica y respeto a los diversos derechos comprometidos. Torre Tagle ha aligerado sus diferencias con ese proceso de cambio político y jurídico, que se está dando dentro de Estados Unidos, la OEA, y en varios países individuales: Bolivia con la coca, Uruguay con la desregulación del cannabis, México y Guatemala, junto con Colombia, favorables a una revisión y evaluación.

Alberto Otárola es elegido vicepresidente de HONLEA(organismo que agrupa a policías y jefes de oficinas de drogas). En su reunión de asunción señaló  como principal logro, la triplicación del presupuesto que el Estado peruano gasta en materia de control de drogas (prevención/salud, interdicción, desarrollo). Esta es una buena pero insuficiente noticia,pues lo que en realidad debe importar, es saber la calidad del gasto estatal en servicios directos a los eslabones más débiles y vulnerables de la cadena ilícita, sean campesinos de la selva, usuarios en los barrios, jóvenes universitarios, mujeres criminalizadas y/o migrantesamenazados que son usados como “mulas”. Asimismo, hace falta mucha más infraestructura en materia de salud mental (número de camas, establecimientos especializados a nivel distritaly políticas de prevención obligatorias, o cuanto negociamos mejor con los actores interesados en el tema del narcotráfico en el mundo (ONU, EEUU, UE, UNASUR).

Veamos el caso específico de la situación de la salud mental y las adicciones: Hoy, en el país, la oferta de atención está en manos de los privados e informales centros terapéuticos (registrados 6/450 existentes). En reciente Informe del Colectivo de Estudios Drogas y Derechos (del cual es parte el CIDDH) sobre usuarios en el hemisferio, presentamos la pobre realidad del gasto público peruano. Precisamente, cuando cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, es cuando la conmemoración debe resultar en acciones de mayor impacto.

Uno de los asuntos más severos y graves producidos desde la transición a la democracia (2001) se debe al ingreso y la expansión de la economía ilícita de drogas en la esfera de lo público. El fenómeno es muy fuerte en el Perú, donde predomina la informalidad y la aceptación del “roba pero hace obra”. Este hechose relaciona a las distintas formas de penetración de la corrupción y del dinero del narcotráfico en las campañas electorales (momento quizá más vulnerable de los procesos y actores políticos en relación a la penetración de dinero). Esta ha ido en aumento, sin considerar otras esferas, como la minería, la tala de madera, la pesca, entre otras. Alguien decía,hace poco, que la campaña es vista como una forma de lavar dinero. En las zonas en donde convergen distritos electorales cercanos a las rutas que el  narcotráfico usa, en la selva alta, y a las fronteras con Ecuador, Brasil, Bolivia, así como, en general, en toda la costa peruana, la penetración de dineros y la influencia de intereses relacionados al narcotráfico, es evidente. Sucede en las administraciones de alcaldes y gobiernos regionales, o en los casos más complejos y peligrosos, como son los de Orellana oLópez Meneses, como rezagos de la práctica dela política durante gran parte del fujimorismo.

Además, en el tema drogas/narcotráfico está el juego de los números y las estadísticas, que es frecuente aquí para medir la eficacia de una determinada política, donde importa solo erradicar, detener, encarcelar, sin analizar las causas o consecuencias de estas decisiones, que hoy están en evaluación total. El país y sus instituciones, particularmente DEVIDA, juega con las cifras. En el caso de los cultivos de coca, es verdad, por ejemplo, que en los años 80s y 90s,había en la región hasta 250 mil hectáreas de coca, entre los tres países productores. Pero, conforme mejoran las técnicas de producción de la base y la cocaína, se requiere menor área cultivada, aunque cuidada con mayor rigor.

El nuevo presidente de DEVIDA ha anunciado que este año 2014, se cumplirá con la meta de 30 mil hectáreas de coca erradicadas en el país (principal productor mundial de coca), cuando el último Informe UNODC 2013, señala que en las trece cuencas cocaleras del Perú,hay 49 mil, entre las que, debemos entender, están incluidas 10 millegales, principalmente en La Convención, Cusco (ENACO).  Entonces, haciendo sumas y restas, quedarían solo 10 mil hectáreas de coca usadas para el narcotráfico. ¿De dónde salen entonces las siete toneladas y pico de cocaína, incautadas en La Libertad? Algo en el análisis no cuadra.

El otro tema espinoso es el de la militarización en la que vive toda la región del VRAEM, con 300 mil personas con derechos recortados, en circunstancias en que EE.UU quiere renovar su acuerdo con Perú, que data de 1952. Desde antes del 2006, esta región ha sufrido las consecuencias de un permanente estado de emergencia, en donde el ejercicio de derechos civiles y políticos es muy limitado. En momentos en que se acaba de realizar la reciente Cumbre de Ministros de Defensa, en Arequipa, no es conveniente pensar que el manejo militar en el VRAEM va a resolver los problemas de fondo: exclusión, aislamiento, criminalización.