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Una publicación de la asociación SER

¿Por qué el fujimorismo quiere un CNM solo de abogados?

El Consejo Nacional de la Magistratura tiene una composición mixta, de abogados y no abogados, por dos razones. Primero, porque la justicia es un tema que nos compete a todos. La inclusión de otras profesiones significa la posibilidad y el deber de una perspectiva multidisciplinaria al momento de elegir, evaluar y destituir magistrados. Esto es esencial, más aún cuando de los magistrados depende el derecho fundamental de acceso a la justicia en un país multicultural, donde la justicia está deslegitimada. Todos debemos ocuparnos de la justicia, no hacerlo (y de una manera profesional que impacte desde diversas ciencias en la judicatura) está permitiendo, en diversas formas, que no cumpla con el fin último de proteger los derechos de los ciudadanos.

La segunda razón es tan importante como la primera: integrar diversas profesiones permite crear un balance y un coto a las redes de interés que la profesión del Derecho trae consigo. El CNM requiere de abogados pero no puede estar solo integrado por ellos. La presencia de otras profesiones (en efecto, también con sus propias redes), origina un límite a cada una de esas redes (que inevitablemente debemos advertir y contrarrestar). Y eso es imprescindible, si hablamos de decisiones que limiten las posibles violaciones a la autonomía del CNM. Es más difícil realizar tratos bajo la mesa, si en un mismo lugar se encuentran representantes de distinta procedencia.

De otro lado, ¿a dónde se cree que irán luego de su paso por el CNM los abogados que ejercen el cargo de Consejeros?  A seguir litigando (salvo, en principio aquellos que se dedican a la docencia), con esos jueces y fiscales que alguna vez nombraron o ratificaron en el cargo.

¿Garantiza la presencia de profesionales no abogados, que se acaben los conflictos de interés o las inconductas funcionales de los Consejeros? No. Pero sí responde a las dos razones anteriores (además de aportar una cuota de democratización en el sistema de justicia).

En efecto, hemos sido testigos de los más diversos cuestionamientos a los consejeros, sean o no abogados.

De los no abogados, por ejemplo, un cambio de voto extraño e inesperado (del biólogo representante de las universidades públicas) que le salvó la cabeza a toda una sala de magistrados supremos que habían sido destituidos -en un primer momento- por el CNM. Otro caso: un enfermero que osó reunirse fuera del CNM con un candidato a fiscal supremo, en pleno concurso, lo que le costó el cargo, convirtiéndose en el primer consejero removido en aplicación del artículo 157 de la Constitución, en un proceso impulsado por el presidente del CNM ante la Comisión de Justicia del Congreso. Otro caso: el de un psicólogo que antes de juramentar en el cargo, fue “ampayado” en un audio donde indicaba que ciertas irregularidades podrían caer en lo “inmoral pero no es delito”. Fue la presión ciudadana y la intervención de la Defensoría del Pueblo lo que logró que sus colegas del CNM lo vacaran del cargo.

Pero, los abogados no se quedan atrás. Hay varios casos, entre los más recordados tenemos el  conflicto de interés del consejero Vladimir Paz de la Barra, quien pretendía tomar nota en la investigación del ex Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, cuando su hijo Álvaro Paz de la Barra asesoraba legalmente a César Álvarez en el caso “La centralita”. Este hecho fue descubierto por IDL-Reporteros, y solo luego de ello, tras una inhibición casi obligada y aceptada, renunció. Eso no debió ocurrir, el representante de los abogados debió inhibirse e informar que su hijo patrocinaba a Álvarez, lo mínimo que se podía esperar de alguien que además de abogado litigante había sido juez e incluso Decano del Colegio de Abogados de Lima.

Otro caso es el del abogado Máximo Herrera Bonilla, representante del Ministerio Público. El abogado fue “ampayado” en el restaurante “La Cúpula” del Sheraton, con un postulante a fiscal, en pleno concurso público. Otro caso, post ejercicio del cargo de presidente del CNM, es el del abogado Pablo Talavera (otrora juez de la Sala Penal Nacional) quien incurrió en algo muy cercano a una presión indebida contra un fiscal que llevaba un caso que patrocinaba (el del caso Félix Rosenberg, dueño de tragamonedas): “En la primera reunión, el abogado Talavera sugirió a Almanza, en presencia de otro funcionario de la fiscalía, hablar para ayudarlo en el CNM a obtener una plaza de fiscal superior titular. Almanza había postulado hace varios meses ante el CNM para obtener esa plaza. Es en la segunda reunión del 13 de abril, una semana después de que Félix Rosenberg lo apersonara como su abogado en la denuncia N° 722-2015, cuando Talavera le habló al fiscal Almanza de esa investigación.” (IDL-Reporteros, 13 de julio del 2016).

Otro caso gravísimo: el del actual consejero Guido Aguila Grados, quien ha sido dos veces elegido presidente del CNM, siendorepresentante de los abogados del país. Al escándalo del vigente conflicto de interés con su academia EGACAL (actualmente dirigida por su esposa), le siguió la violación a la autonomía de la institución que presidía: organizó una reunión en su casa para que el congresista fujimorista Becerril le pidiera, a otro consejero, que votara por el candidato a presidente del CNM que quería su bancada.

¿Qué pasó con los abogados Paz de la Barra, Herrera y Grados? NADA.

¿Por qué al enfermero y el psicólogo se les retiró del cargo, y no a los abogados? El caso de Herrera se durmió en el Congreso, Paz renunció (una táctica clásica para evitar la sanción), y Aguila sigue tal cual.

¿Y así se le quiere dar el poder total a los abogados en el CNM?

Como se puede ver, la reforma del CNM no va por un tema de profesiones, sino de perfiles e impedimentos para postular; de prevención de conflictos de interés y garantías de independencia; de honradez y real compromiso con la justicia; y de elección transparente y fiscalización ciudadana. Nada de eso ha sido tocado debidamente por el predictamen propuesto por la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista fujimorista Úrsula Letona.

La propuesta del fujimorista Héctor Becerril (Nº 1902/2017-CR) propone que el CNM esté conformado solo por abogados. Y en su momento, fue apoyada en un diario local por el entonces presidente del CNM, Guido Aguila. Ambos, como lo hemos mencionado han violentado la independencia del Consejo. 

No es cuestión de sacar a los profesionales no abogados. Es cuestión de eliminar las fórmulas que dejan pasar las redes de corrupción y de impunidad.

Y tanto es así, que a la par de las actuaciones sancionadas de los consejeros no abogados, hubo otras (también de consejeros no abogados) que mostraron lo bien que puede actuar el CNM: la remoción del consejero enfermero Efraín Anaya fue impulsada cuando era presidente del CNM el médico Maximiliano Cárdenas, la no ratificación del juez supremo Robinson Gonzales (relacionado con el caso Orellana) se dio durante la presidencia del ingeniero Gonzalo García, y la destitución del ex Fiscal de la Nación Carlos Ramos fue impulsada por el mismo García quien fue ponente del caso.

Fuerza Popular que ha comenzado en el Congreso la ofensiva contra el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, ahora propone lo peor para el CNM. Un CNM donde está demostrado que el congresista Becerril tiene llegada, ¿y a donde podría acudir para presionar a jueces y fiscales que llevan los casos que los comprometen? Ojo: este CNM va a elegir a los jueces del caso Lava Jato.

Por donde se le mire, un CNM convertido en un coto exclusivo de los abogados no conviene ni a la independencia de la justicia, ni para enfrentar al crimen organizado, la corrupción ni la violación a los derechos humanos.