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Una publicación de la asociación SER

¿Por qué el TC importa?

En un Estado de Derecho todas las instituciones son relevantes, pero no lo son en la misma dimensión. El Tribunal Constitucional (TC) por ejemplo, es un órgano de especial relevancia porque realiza, nada más y nada menos, que el control de la Constitución.

En su sede se discuten procesos vinculados con los derechos fundamentales de las personas. Solo el año pasado, el TC se ha pronunciado sobre el plazo razonable en materia penal, las condiciones de extradición ante la pena de muerte, los alcances de la licencia por maternidad, los alcances de la justicia comunal, etc.

Pero tan importante como lo anterior, es la atribución que tiene el TC de controlar la constitucionalidad de las normas legales. Según la Constitución, el TC es la única instancia para evaluar la acción de inconstitucionalidad. En otras palabras, el TC puede poner límites al poder político. Esto lo convierte en una institución poderosa, y quizás por ello, la elección de sus miembros y su permanencia en el cargo, debe estar desprovista de todo tipo de intereses subalternos.

Dicho esto, resulta comprensible que la atribución de declarar inconstitucional una norma legal fastidie al órgano que la formula. Veamos dos ejemplos: el actual TC ha declarado inconstitucional la “ley de publicidad estatal”, propuesta y aprobada por el actual Parlamento. Para el Tribunal, esta norma violaba los derechos de información y libre contratación. Algo similar sucedió con la “ley anti tránsfugas”, que prohibía a los congresistas la conformación de nuevos grupos parlamentarios e integrar una bancada distinta con la que ingresó. En este caso, el TC volvió a declarar su inconstitucionalidad porque se vulneraron los derechos de participación política y libertad de conciencia. Y esos son solo dos ejemplos.

Si bien los fallos del TC son jurídicos, los efectos que pueden tener en el escenario político son incalculables. En los casos de la publicidad estatal y la ley antitránfuga, sus sentencias han servido como límites, frente a medidas desproporcionadas aprobadas por el Congreso (un tema aparte es la legitimidad de un Parlamento que presenta tantas normas inconstitucionales en tan poco tiempo). Ello, sin duda, muestra el verdadero poder del TC. Aunque en el día a día no lo notemos tan claramente, sus sentencias marcan rumbos al definir y delimitar los márgenes de actuación de los poderes del Estado.

Es por esto que ponerle atención a la elección de nuevos miembros no es un asunto menor. Por el número de votos que se requiere, se nos ha acostumbrado a esperar largo tiempo para estas designaciones. Sin embargo, en esta oportunidad, se han generado suspicacias debido a su conveniente celeridad. De hecho, la propuesta de nuevos miembros que se piensa votar este lunes 30, es la más rápida de los últimos diez años: “en promedio, desde la elección de Óscar Urviola hasta la de Augusto Ferrero, el Parlamento se ha demorado 91 días en nombrar candidatos”.[1]

Como sabemos, en el Perú, los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso a través de la conformación de una comisión especial. De acuerdo a la Ley Orgánica del TC, esta elección puede darse a través de una modalidad ordinaria y una extraordinaria. Para un grupo de juristas y académicos, la primera modalidad garantiza de mejor forma, sobretodo en este contexto, una elección más transparente. La segunda modalidad, a pesar de contar con el apoyo de algunos, no resulta adecuada en un escenario tan politizado. El Congreso puede optar por cualquiera de las dos vías, ¿por qué elegir la que menos margen de deliberación ofrece? ¿cuál es el apuro?

Justamente la rapidez de esta elección ha llamado la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el día de ayer mostró su preocupación por la forma en que se estaba llevando a cabo el proceso de elección. Para la CIDH, proceso de selección debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso sea abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales: “resulta indispensable que se cumplan principios tales como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de las y los candidatos; la participación de la sociedad civil y la calificación con base en el mérito y capacidades profesionales”[2]. Así como el Parlamento ha solicitado la presencia de la Comisión de Venecia, debe tomar en cuenta las recomendaciones de la CIDH.

Hoy, luego del archivamiento de la propuesta de adelanto de elecciones generales, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, ha presentado una cuestión de confianza para cambiar el procedimiento de elección de magistrados al Tribunal Constitucional. Hoy también, una de las actuales magistradas ha denunciado presiones en el marco de la resolución del habeas corpus de Keiko Fujimori. La presentación de la cuestión de confianza y el testimonio de la magistrada, deben ser motivos suficientes para suspender la elección hasta que se cuenten con garantías suficientes. De lo contrario, quedarán expuestas las verdaderas razones de la presión y de las prisas.

La elección de los más altos cargos de un país, además de contar con mecanismos claros y criterios objetivos, requiere de una ciudadanía vigilante que exija transparencia, publicidad y meritocracia. Ya sea por concurso público o por invitación, solo tendremos magistradas y magistrados probos y éticos, si es que se les escoge bajo un estricto control de la ciudadanía, sin que existan acuerdos de por medio. O, por lo menos, eso es lo que se espera en toda democracia constitucional, que -aunque resquebrajada- hay que cuidarla, por todo lo que nos ha costado recuperarla. 

 

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[1] Hidaldo, Martín: “Propuesta de candidatos del TC es la más rápida de los últimos diez años” En: El Comercio: https://elcomercio.pe/politica/propuestas-candidatos-tribunal-constitucional-rapidas-diez-anos-ecpm-noticia-678618-noticia/

[2] CIDH: “CIDH urge transparencia en el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal Constitucional del Perú y hace un llamado a garantizar su independencia”. En: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/241.asp