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Una publicación de la asociación SER

Posiciones encontradas en Piura tras separación de capitán EP Christian Cueva

Foto © Luisenrrique Becerra | Noticias SER

Ricardo Parra. Periodista

Tras la circulación en redes sociales del video en el que se ve al Capitán EP Christian Cueva, interviniendo a bofetadas a un joven de la provincia de Sullana, que no respetó la inmovilidad social obligatoria durante el estado de emergencia, han sido diversas las muestras, tanto de apoyo como de rechazo al proceder del efectivo militar.

Un sector de la ciudadanía piurana ha mostrado su solidaridad con el Capitán EP Christian Cueva, luego de conocerse la disposición tomada por el Ministerio de Defensa, en separarlo del servicio de patrullaje; incluso el alcalde de Piura y ex congresista fujimorista, Juan José Díaz Dios, adoptó una postura de respaldo exigiendo la reposición del oficial y que “el Presidente Vizcarra corrija semejante abuso”, desde su cuenta de Facebook, e incluso ofreciéndole asesoría legal al capitán Cueva.

Por otro lado, hay piuranos que han lamentado este incidente considerándolo un abuso de autoridad, ya que, si bien el joven cometió una grave falta al desacatar la inmovilidad social obligatoria durante la cuarentena, se debió actuar con firmeza sin llegar a un episodio de violencia física, haciendo respetar los protocolos que incluyen la detención y el traslado a una dependencia policial para el respectivo procesamiento del infractor. Al respecto es contudente el editorial de la edición regional del diario Correo que señala que Acciones como las de este sujeto, no deberían empañar el trabajo de militares y policías en estos momentos de crisis, pero sí motivar una ejemplar sanción para los malos efectivos y una mejora en la capacitación al personal que sale a patrullar.”

Ambas posturas se dan en un complejo contexto –que va más allá de la emergencia por el coronavirus- donde la inseguridad ciudadana y la violencia familiar son problemas que han ido en aumento en la ciudad de Piura. Por un lado, el presupuesto que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas al Gobierno Regional y a las Municipalidades para reducir la inseguridad ciudadana, no se ve reflejado en proyectos ni acciones concretas de seguridad. En cuanto a los casos de violencia familiar, las cifras son alarmantes y se incrementan a diferencia del año pasado con un total de 1964 denuncias en lo que va del 2020, según informe de la Fiscalía Distrital de Piura. En buena medida es esta situación la que explicaría la demanda de “mano dura” de parte de un sector de la población y el intento del alcalde de Piura de capitalizar un malestar, de la que paradójicamente es uno de los responsables.