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Una publicación de la asociación SER

Protejamos los libros como patrimonio cultural

La existencia de la Biblioteca Nacional está fuertemente ligada a importantes momentos de nuestra historia. Fue creada en el año 1821 por José de San Martín, como uno de los primeros actos de su ingreso militar a Lima. En los años 1880-1883, la Biblioteca Nacional, bajo la dirección de Ricardo Palma, fue devastada por las tropas chilenas, cuando ingresaron a la capital, durante la guerra del Pacífico, destruyendo y saqueando importantes e invalorables colecciones históricas, perdiéndose una parte del patrimonio cultural nacional[1]. Junto con la enorme riqueza cultural con que cuenta el Perú, la Biblioteca Nacional ha formado parte del acervo cultural nacional conservando una rica herencia científica, tecnológica e intelectual de su producción intelectual, cultural y científica como nación.

Libros, publicaciones seriadas, audiovisuales, hemerotecas, manuscritos, mapas, partituras, y todo tipo de información producida y registrada mediante diversos soportes —muchos ya clasificado y puestos a disposición del usuario—, forma parte del patrimonio bibliográfico y documental existente bajo protección en bibliotecas, centros de documentación, colecciones personales, entre otros, mediante diversos mecanismos como canje, compra, donaciones, entre otros, al servicio de sectores especializados o público en general. Formalmente, el país cuenta con un Plan Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental que tiene como objetivos desarrollar acciones orientadas a la recuperación, protección, organización y puesta al acceso público de este patrimonio, esencial para fortalecer el conocimiento y la memoria de la historia y la cultura nacional.

Sin embargo, la escasa valoración que se otorga al patrimonio cultural como un factor clave del desarrollo nacional, se extiende también lamentablemente a los  bienes bibliográficos y documentales, como la Biblioteca Nacional y toda su red de bibliotecas públicas. Ésta adolece de severas limitaciones presupuestales, débil labor de extensión, escasos estímulos laborales para los servidores públicos y, principalmente, la persistente ausencia de voluntad y decisión política para promover, aprovechar y proteger la riqueza cultural resguardada. En buena medida, esta actitud muestra también, entre otras razones, la incomprensión existente sobre el valor e importancia que posee el patrimonio cultural expresado, en este caso, en los bienes bibliográficos y documentales. La escasez de mecanismos de control, la lenta modernización del sistema, la ausencia de compromisos de un sector de trabajadores y la presencia de posibles mafias, ha devenido durante varios años en una sustracción sistemática de importantes textos y colecciones que en los últimos tiempos se ha tratado de controlar, aunque ya con una pérdida sustancial de patrimonio cultural.

A ello debemos agregar el poco hábito de lectura de la población, reforzado por un sistema educativo que desalienta la investigación, la búsqueda de información seria y el ocio cultural, así como la falsa competencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, deviniendo en una baja demanda de los servicios que ofrecen las bibliotecas. También cabe mencionar que el libro no está al alcance de la mayoría de la población, debido a su baja capacidad adquisitiva y al débil mercado editorial local, que no permite una producción accesible por economía de escala.

A pesar de esta complicada situación antes mencionada, un conjunto de trabajadores sindicalizados de la Biblioteca Nacional, en alianza con algunos funcionarios, han unido esfuerzos y tomado la iniciativa de promover un plan de desarrollo de capacidades que favorezca a la mayor cantidad de servidores públicos de esta entidad, con la finalidad de fortalecer en ellos la actitud de defensa y conservación de su patrimonio cultural y así generar un mayor compromiso no sólo personal sino institucional. Este plan se propone vincular la mejora de la actitud y calidad del servicio de los trabajadores en su puesto de trabajo, con el reforzamiento de su identificación frente a la visión y misión institucional, que incorpora la protección del patrimonio bibliográfico como parte de la memoria colectiva nacional. Únicamente faltaría complementarse con una justa y digna remuneración salarial para los servidores de la Biblioteca Nacional.

Además de saludar estos desinteresados y comprometidos aportes de los trabajadores organizados sindicalmente, cabe reiterar que se necesita con urgencia que se generen políticas públicas que prioricen y resalten la importancia del patrimonio cultural para generar desarrollo con identidad y ciudadanía, y que fortalezcan la relación del sistema con las instituciones de la sociedad, pero sobre todo con los usuarios y la comunidad en general. En el caso del patrimonio bibliográfico, en tanto memoria registrada, constituye un bien público que contribuye a la construcción social y cultural, y debiera ser conservado y transmitido de generación en generación, por lo tanto, debería merecer el cuidado, promoción y adecuado financiamiento.

Es difícil saber si el gobierno entrante, cuya promesa electoral de suprimir los ministerios de Cultura y del Ambiente no ha sido desmentida, tenga entre sus prioridades potenciar la gestión del patrimonio cultural, en particular del bibliográfico y documental. No hay, hasta ahora, manifestaciones al respecto. Igualmente, existen pocos casos -por ello, meritorios- de gobiernos regionales y municipales que hayan mostrado interés por este tema; lo mismo se puede afirmar del sector privado, a excepción de colaboraciones puntuales. De todos modos, tenemos la esperanza que por alguno de estos sectores puedan generarse más aportes. Particularmente desde las organizaciones de la sociedad civil debieran surgir voces e iniciativas que motiven el interés o generen la presión necesaria para movilizar recursos y capacidades en torno a la revaloración y aprovechamiento social de este patrimonio cultural.

 


[1] Se señala que 3 788 títulos de colecciones sustraídas por el ejército chileno, fueron restituidas en el año 2007. Sin embargo, aún quedan importantes colecciones por recuperar.