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Una publicación de la asociación SER
Abogado y coordinador de la oficina regional Puno de la Asociación SER

Puno: el riesgo del desgobierno

Foto: Pachamama Radio

 

Tras haberse conocido de manera íntegra la decisión del juzgado colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno el pasado 14 de agosto de 2019, fecha en la que se ratificó la sentencia en contra de Walter Aduviri Calizaya a seis años de pena privativa de libertad más el pago de la reparación civil de un total de dos millones de soles en favor del Estado peruano, por los hechos del aymarazo del año 2011, surgen muchas preguntas en torno a cómo deberían actuar instancias como el Consejo regional de Puno y el Jurado Nacional de Elecciones.

Luego de haber sido capturado el Gobernador Regional en la ciudad de Lima el pasado domingo 25 de agosto del presente año, su traslado a la ciudad de Puno y así como su posterior internamiento en el centro penitenciario Puno (Ex Yanamayo), es bueno hacer algunos alcances.

Primero: el gobernador regional Walter Aduviri Calizaya mantiene esa condición, toda vez que la única autoridad encargada de emitir un pronunciamiento sobre su suspensión, vacancia u otro supuesto legal, es el Jurado Nacional de Elecciones, quien aún no procedió a emitir pronunciamiento alguno respecto a su situación, sin embargo, si ha cursado oficios para que el consejo regional informe sobre lo actuado respecto de la situación jurídica del gobernador regional, es decir si se ha discutido su suspensión o no y cuál fue el resultado de la votación. Esta comunicación del JNE no fue respondida, por lo que la autoridad electoral reiteró el pedido de información; y a su vez ha solicitado a la Corte Superior de Justicia de Puno un informe sobre la situación legal del procesado Aduviri Calizaya.

Segundo: Es de público conocimiento que, si el consejo regional se niega a tratar el tema de la suspensión e insistir en la negativa de informar sobre éste tema al JNE, ésta entidad del estado no puede permitir que se genere un desgobierno, por ende tiene toda la facultad para que de oficio pueda emitir una credencial provisional a favor del vice gobernador, mientras dure la suspensión de Aduviri, pues ya en el país existe muchos casos similares que han generado jurisprudencia, lo que debería permitir una sucesión ordenada y democrática.

Tercero: Sucede también, que personas allegadas al gobernador regional, están desarrollando algunas acciones para que no se toque el tema de la suspensión, y mantener así una línea de poder, para ejercitar la mayor presión posible sobe el vice gobernador regional Agustín Luque Chayña. Con el pretexto de la implementación del plan Qollasuyo, por ejemplo tenemos que el actual asesor legal ha interpuesto una denuncia penal en contra de 9 miembros del consejo, por no haber aceptado una solicitud de ampliación de licencia en favor de Walter Aduviri, empero, realizada la revisión del ROF no es función de la Oficina de Asesoría Jurídica realizar este tipo de acciones.

Por otra parte las recientes declaraciones del excongresista cajamarquino Jorge Rimarachin,  quien se presentó en las instalaciones del Gobierno Regional Puno, como el directo representante del aun gobernador regional, afirmando que coordinará directamente con Agustín Luque, no han sido de mucho agrado para algunos grupos en Puno, ya que  inmediatamente lo han acusado de una carencia absoluta de conocimiento de realidad del departamento.

Finalmente, Agustín Luque Chayña, más allá de alguna declaración en medios de comunicación local, manifestando que se siente capacitado para desarrollar una gestión al frente del gobierno regional Puno, no ha sentado posición clara a la fecha, lo que hace que la población tenga una sensación de incertidumbre en lo que pueda pasar con los destinos de la región, por ello una vez más, podemos advertir la precariedad institucional, con la ausencia absoluta de los partidos políticos, que deberían ser los encargados de otorgar solvencia a los gobiernos de turno sean estos nacionales, regionales o locales.