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Una publicación de la asociación SER
Doctor en Antropología con Mención en Estudios Andinos. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

¿Quién debe gestionar el patrimonio cultural?

Hace unos días el Congreso de la República derogó el Decreto Legislativo N° 1198, promulgado por el Gobierno al amparo de las facultades extraordinarias que el propio Poder Legislativo le otorgó entre otras cosas para facilitar los procesos y mecanismos que estimulen la inversión privada. Dicha norma daba autorización a las empresas privadas para administrar el patrimonio cultural nacional hasta por un periodo de diez años, con algunas excepciones[1] y en base a ciertos procedimientos.

Mientras la reacción de las autoridades del sector fue avalar la norma y preparar muy expeditamente la elaboración de su respectivo reglamento, así como se generaban opiniones a favor y en contra, el pueblo de Cusco reaccionó por su derogatoria inmediata promoviendo movilizaciones sociales que devinieron en paralizaciones que afectaron la economía local basada significativamente en las actividades turísticas.

Ya desde su promulgación a la fecha los comentarios son diversos y bastante contrapuestos. Cabe resaltar las voces que enfatizan en los resultados de la inversión privada en la ruta Moche y Chimú, que han permitido potenciar el turismo cultural en el norte peruano. Igualmente hay quienes muestran las tremendas limitaciones del gobierno nacional para invertir en la puesta en valor del patrimonio cultural, inclusive mostrando sus falencias para hacer frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño sobre sitios arqueológicos ya identificados, como lo ha denunciado la propia Contraloría General de la República.

En un artículo anterior se señaló la preocupación por esta norma que implicaba una suerte de tendencia a concesionar el patrimonio por el sector privado, ante la escasa capacidad institucional y presupuestal del Ministerio de Cultural. En cambio, ahora se plantean algunas precisiones que pretenden servir para organizar y profundizar este debate.

La primera es resaltar el papel del Estado frente al patrimonio cultural y lo que eso implica para una forma distinta de entender el desarrollo con crecimiento pero con equidad, inclusión y oportunidades para todos y todas, además de reforzar identidad cultural. En ese sentido, se trata de entender la puesta en valor de ese patrimonio desde un enfoque de aprovechamiento social local, así como de garantizar su protección y gestión y no reducirlo al concepto de atractivo turístico. Una vez más vemos lo que ocurre con Machu Picchu visto principalmente como fuente de ingresos económicos, destinados en buena medida a cubrir gastos corrientes del sector, aspecto que debería ser transparentado para evitar las suspicacias que ya existen.

En segundo lugar, la intervención del sector privado en cualquiera de sus formas no debiera ser vista como una urgencia ante la inoperancia en el desempeño de los organismos públicos. La alianza del sector público con la sociedad y el mercado es manifestación de la construcción de gobernanza, en este caso, para la gestión de la cultura, lo que genera compromisos interinstitucionales. Justamente, para tal fin se requiere de instituciones públicas solventes y eficientes que promuevan esa participación amplia de sectores y actores, a la par que garanticen la protección y aprovechamiento social del patrimonio cultural.

En tercer lugar, si al gobierno nacional le preocupa la preservación del patrimonio cultural y de allí permitir su administración privada, lo primero que debería superar es su propia debilidad institucional y la falta de interés que muestran las autoridades gubernamentales a todo nivel. No solo se trata de mejorar capacidades técnicas y logísticas, sino de una justa valoración de ese patrimonio para incorporarlo como componente importante en los planes de desarrollo territorial. Su puesta en valor y su aprovechamiento social debieran formar parte de las potencialidades locales. ¿Le importa la MEF incluir este enfoque en la formulación y aprobación de los proyectos de inversión pública?

En cuarto lugar, habría que preguntarnos si el sector privado garantiza una adecuada valoración y protección del patrimonio cultural. No basta con el ejemplo de la ruta Moche y Chimú para extenderlo como reconocido comportamiento responsable de la empresa privada frente a la cultura y no necesariamente con beneficio rentable. Habría que analizar más rigurosamente como actúan muchos operadores turísticos para quienes solo importa el negocio, muchas veces informal y sin calidad suficiente en el servicio.

Para finalizar, la derogatoria de la norma en cuestión debería ser vista como la oportunidad para que el Ministerio de Cultura antes de reaccionar lamentándose,  promueva un acercamiento entre todos los sectores involucrados, identifique los problemas de fondo y genere compromisos renovados para que todos definan sus roles responsablemente en lo que significa encarar la complicada situación de nuestro patrimonio cultural, otorgándole la justa ubicación que debiera como parte de un nuevo enfoque de desarrollo nacional.


[1]Con excepción de lo que corresponde a Patrimonio Cultural de la Humanidad.