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Una publicación de la asociación SER
Abogada. Directora del Programa Amazonía de EarthRights Interational

A quién defiende realmente la Policía Nacional del Perú

Después de leer cada uno de los 138 convenios de seguridad privada que tiene la Policía Nacional del Perú (PNP) con empresas extractivas nacionales y trasnacionales -en el marco de una investigación en la que participé, y que ha producido el informe Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho, me quedan varios interrogantes. La primera es ¿cuáles son los verdaderos intereses del Estado detrás de la firma de estos convenios?, la segunda es, ¿a quién defiende realmente la Policía en el Perú?, y la tercera, ¿realmente puede llamarse al Perú un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos, cuando sus políticas, mecanismos y acciones giran en torno al extractivismo y a los intereses privados, y atentan contra los derechos de miles de personas que son en su mayoría pueblos indígenas y comunidades campesinas?

La preocupación y el cuestionamiento a esta relación no es poca cosa, pues no se trata solo del contenido de los convenios, sino de la estructura legal y constitucional sobre la que están amparados. Y por supuesto, de la construcción y consolidación de un modelo extractivista, en el que al Estado peruano le importa más garantizar los intereses de las empresas que garantizar la vida, la salud, la libertad de expresión, el derecho al territorio y al ambiente sano de las personas más vulnerables, de quienes se ven afectados directa e indirectamente por los proyectos extractivos, de aquellos que defienden otro modelo de desarrollo, un modelo en el que se respeta la naturaleza y que tiene en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas.

La relación que existe entre la policía y las empresas extractivas viola principios esenciales de la Constitución Política, y desconoce normas y estándares del derecho internacional que el Perú está obligado a respetar, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Los convenios son entonces ilegales, inconstitucionales y anti convencionales.

A pesar de ello, hay muchos convenios vigentes: en la investigación realizada encontramos que a la fecha hay 29 convenios en curso que finalizan entre el 2019 y el 2022. Es más, en una de sus cláusulas se establece casi como regla que los convenios pueden ser renovados previo acuerdo de las partes, y en otros inclusive se establece su renovación automática.

Para entender un poco más esta dinámica perversa de violación de derechos, es necesario repasar el mapa de la conflictividad social en el Perú. En el ejercicio encontramos que aquellos lugares donde ha habido mayor movilización social, donde se han cuestionado los proyectos extractivistas, y donde las lideresas y líderes indígenas y campesinos han exigido respeto por sus derechos, son los mismos lugares donde hoy se encuentran vigentes los convenios de seguridad privada. Actualmente, hay 5 convenios en Cajamarca, 10 en el “corredor minero del sur”, y 2 en la Amazonía. Tampoco es casual que el Estado esté garantizando los intereses de empresas y proyectos tales como Minera Yanacocha, Petroperú, Las Bambas, Southern Copper, entre otros.

Los convenios son, entre muchas cosas, un mecanismo de discriminación al otorgarle privilegios a las empresas extractivas sobre las personas. Se configura una relación jurídico-contractual, en la que el Estado privilegia la condición social y económica de los empresarios, y excluye a los más vulnerables, a quienes no son rentables al negocio que se hace desde Lima, en los escritorios de policías y gerentes de empresas.

Los convenios desconocen los estándares sobre seguridad ciudadana y están lejos de garantizar el orden público. En realidad, lo que hacen es convertir a la policía en el agente de seguridad privada de las empresas, y eso no solo está en contradicción de su función esencial, sino que le quita toda legitimidad a su accionar.

La privatización y desnaturalización de la función policial, junto con los estados de emergencia, hacen parte de un modelo institucional que se ha ido perfeccionando para blindar a la industria extractivista, su rentabilidad y su nefasto avance contra la madre tierra, a la vez que deslegitima la defensa de derechos. Todo esto es, sin lugar a dudas, un asunto de grave preocupación que seguiremos denunciando y visibilizando.

INFORME: Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú

☛ https://bit.ly/2IWb0hy