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Una publicación de la asociación SER

“¿Quién le tiene que poner la bota al trabajador?”

Foto: El Comercio

Emilio Salcedo

En recientes artículos he venido discutiendo en torno a cómo en un Estado capturado, con escasa autonomía y alta permeabilidad frente a influencias excesivas e indebidas, uno de los campos más vulnerables es la protección de los derechos de los trabajadores, en especial de los jóvenes. En el periodo electoral la discusión sobre estas contradicciones no podía mantenerse ajena. Comparto algunas ideas al respecto.

He visto un video de la entrevista a Rosa María Palacios a Arturo Ayala, candidato al Congreso por Juntos Por el Perú, en su programa matinal de Radio Santa Rosa. En un momento de la entrevista, Ayala y Palacios entran a discutir el caso McDonald's y la conductora lanza la pregunta "¿quién le tiene que poner la bota al trabajador?", aludiendo a que los dos chicos murieron porque no se pusieron los implementos de seguridad, que la empresa supuestamente les había facilitado. Es decir, lo que se infiere es que para Palacios la muerte de los dos jóvenes habría sido por negligencia de los mismos chicos o, cuando menos, un "accidente", como ella misma menciona.

Ayala, con razón le replica, que la responsabilidad de no haberse puesto las botas, en caso estas hubiesen existido y estado a disponibilidad de los chicos, no recae en ellos mismos. La empresa tenía una obligación de capacitación, de supervisión, de vigilancia, de cumplir y hacer cumplir los reglamentos de salud y seguridad en el trabajo, porque eso es lo que dispone la Ley. Si la empresa lo hacía, y los chicos no cumplían, podían y debían ser sancionados, inclusive con el despido, si es que las normas así lo contemplan.

Pero lo que hace Palacios es pretender acoger su argumento en la formalidad del papel, como también lo señala Ayala. La entrevistadora ignora o no quiere reconocer la obligación de la empresa, de hacer cumplir las normas a los trabajadores, quienes están sujetos a una relación jerárquica y de poder.

Justo por estos días estoy ´leyendo el libro "Saqueo. Cuando el Estado de Derecho es ilegal" de Ugo Mattei y Laura Nader. En corto, este libro propone que el "Estado de Derecho" es una construcción conceptual, netamente occidental, cuyo rastreo revela una dualidad, un lado claro y un lado oscuro. En el lado claro, tendríamos un "Estado de Derecho democrático en sus funciones positivas de establecer orden, gestionar conflictos y tomar decisiones justas y basadas en principios". Por otra parte, el lado oscuro habría surgido con el cambio en el equilibrio de poder al terminar la Guerra Fría. Acabado el incentivo para convencer sobre los valores de la democracia liberal, las virtudes del Estado de Derecho y el apego a la ley como garantía de justicia justa, el bando occidental se descarriló en la justificación del poder por del poder. Un cambio público de la justicia por las ganancias. 

Así, en el lado oscuro, el rastreo revela la evolución de un mecanismo, instrumento, conjunto de prácticas e institución, dirigida a justificar, facilitar y perpetrar el saqueo y el expolio, "camuflar la toma de tierra, agua, minerales y mano de obra (el resaltado es mío), en el mundo contemporáneo y bajo la égida actual del capitalismo corporativo neoliberal. Este constructo se popularizó en Occidente, porque hace parte de la política exterior estadounidense, y porque hace parte de la currícula de las escuelas de Derecho, Negocios, MBA, etc., de los centros de estudios superiores en el Hemisferio Norte, a las que asisten estudiantes de diversos países quienes luego retornan a sus lugares de origen siendo "portadores de la palabra". En suma, vendría a ser la vuelta y la continuidad del colonialismo, por otros medios.

¿Y qué tiene que ver con el incidente que empezaba a discutir?

Palacios da una muestra del empleo parcializado de la Ley, de acoger y utilizar los términos de la misma para proveerle un colchón liberador de responsabilidad a la empresa, "no se pusieron las botas como debían", "fue un accidente". Es la operativización de ese Estado de Derecho ilegal del saqueo, del expolio, de la toma de los frutos del trabajo y de la mano de obra, exprimiéndola y estirándola, con los mayores ahorros posibles, para la maximización de la ganancia, en cuyo nombre se puede justificar el delito y el crimen. En este muy penoso caso, la empresa llegó hasta el saqueo de la vida, gracias también a un Estado debilitado en sus capacidades y definiciones sobre sus roles.

Llegado a este punto, no me queda más que el convencimiento de la necesidad imperiosa de votar a la izquierda. Es preciso poner límites a la voracidad de las empresas e impulsar el lado luminoso del Estado de Derecho, un régimen que reinstaure un equilibrio que apueste por la protección de los derechos y libertades de las personas, así como por la desprivatización y autonomización del Estado de influencias indebidas y excesivas, para que realmente garantice la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado.

Si alguien considera que la protección de derechos es inversamente proporcional a la realización de la ganancia, está engendrando un “octubre chileno” que puede llegar más pronto de lo previsto, con informalidad o sin ella.