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Una publicación de la asociación SER

(Re) Centralización, una vieja mala práctica

Desde la caída del régimen fujimorista y la recuperación de la democracia en el Perú ocurrida hace casi 15 años, no teníamos un nivel de centralización de recursos tan alto en el Ejecutivo. La práctica de concentrar recursos – que también es concentrar poder – limita la capacidad de las regiones y las provincias de generar procesos de desarrollo fortaleciendo sus capacidades y afirmando sus competencias.

Este aumento del presupuesto en el gobierno nacional debe llamarnos seriamente a la reflexión y a la acción si no queremos caer, una vez más, en la tentación centralista de definir tras escritorios, en la capital, las prioridades y necesidades del país. La descentralización fue una apuesta democratizadora y una apuesta de modernización del Estado, para acercar a la ciudadanía bienes y servicios públicos, para dar poder a la gente en los territorios, para priorizar el uso de recursos conforme a sus realidades. El esquema centralista fracasó, no sólo por ser altamente corrupto y generar mecanismos de clientela, sino también por su ineficiencia. 

Hoy, los escándalos de corrupción en los que están envueltos algunos alcaldes y presidentes regionales (hoy gobernadores) han centrado la atención y preocupación de la ciudadanía en el manejo transparente de recursos de los gobiernos subnacionales. ¿Es necesario reforzar el sistema de control de estos gobiernos? ¡Claro que sí! Pero pensar que la corrupción se da en las regiones y provincias y no en el gobierno central es un absurdo. Pensar que corregiremos el problema de la corrupción centralizando el presupuesto público es una falacia y pone en evidencia que más que una preocupación por el uso eficiente de los recursos públicos, hay un afán por concentrar, en el último año de gobierno, la mayor cantidad de recursos posible.

Cuando digo que la concentración de recursos es la más alta de los últimos tiempos me refiero no sólo a que el gobierno central ha pasado de tener el 70% del presupuesto a manejar el 75% en cinco años, sino también a que ha pasado de administrar 62 mil millones de Soles a concentrar 104 mil millones. Es decir, más de 40 mil millones más estarán en manos del equipo de Humala, en un momento en que las regiones y los municipios pierden recursos por la caída del canon, que ha sido, en muchos lugares, la principal fuente de ingresos. El descontento que esta merma ya despierta comienza a generar una presión social que el ministro Segura parece no entender y que solo traerá nuevos conflictos y protestas.

Mientras el gobierno central tendrá a disposición estos 104 mil millones, las más de 2000 municipalidades del Perú tendrán en conjunto menos de 15 mil millones. Sí, esa es la diferencia entre los recursos en manos del gobierno nacional y los que tendrán los gobiernos locales, que son los que deben prestar servicios públicos y acortar la brecha de infraestructura en sus territorios. Los 25 gobiernos regionales manejarán en conjunto 20 mil millones.

Este nivel de concentración oculta dos problemas adicionales, que poco se comentan. Uno es el crecimiento del déficit fiscal; es decir, la deuda pública que, para el 2016, crecerá a 3% del PBI. Así, los recursos calificados como “operaciones oficiales de crédito” pasarán de 6 mil millones a 22 mil millones de Soles, del 2015 al 2016. Esto, en pleno ingreso a tiempo de vacas flacas, con caída del precio de los minerales y la ausencia de una verdadera política de diversificación económica en el país, que nos permita una economía menos dependiente.

El segundo problema es el mecanismo de ejecución por transferencia. Si revisamos el presupuesto de algunos sectores clave, como Educación, Salud o Saneamiento, veremos cómo, pese a que todos los años el MEF les asigna presupuestos altísimos, los ministerios no logran ejecutar su presupuesto inicial y tienden a transferir estos recursos. Lo hacen pasada la mitad del año, a gobiernos locales y regionales que los necesitan, pero que al recibirlos tardíamente, tienen poca capacidad para planificar su uso y, en la mayoría de casos,se tornan únicamente en ejecutores de proyectos definidos centralizadamente. En el caso de Salud, en los últimos cuatro años, de manera acumulada, el gobierno central ha logrado ejecutar sólo el 48% de lo que originalmente le asignó al sector (del PIA). En Educación, el 46%, y en saneamiento, el 30%.

Esta capacidad de transferir luego, en lugar de asignar el presupuesto desde el inicio a los gobiernos locales y regionales, genera dependencia y discrecionalidad. Así, las autoridades descentralizadas deben estar “gestionando” recursos adicionales en Lima y, con ello, perdiendo muchísimo tiempo; y, por otro lado, permite al gobierno central decidir, sin criterios objetivos, a quiénes “premia” con mayores recursos, debilitando la autonomía de alcaldes y gobernadores.

Descentralizar los recursos y las decisiones es fundamental para democratizar el país. Hay que hacerlo de la mano de un proceso de reforma de los mecanismos de control y combatiendo radicalmente a la corrupción. No se puede hacer frente a la corrupción cayendo en la terrible tentación del centralismo.