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Una publicación de la asociación SER

Recorte presupuestal y recentralización

“El peor enemigo de Echarati es el recorte presupuestal”. Esta es una de las frases que se leía en las pancartas de protesta de los pobladores de dicho distrito, después de que se conociera que para el año fiscal 2016, los gobiernos locales y regionales concentrarían solamente el 25% del total de los recursos públicos, mientras que el gobierno nacional se llevaría un considerable 75% a sus arcas. Se suma a este hechola disminución del canon minero en algunas regiones, debido a la baja en los precios de los minerales dentro del mercado internacional. Ambas situaciones (reducción del canon y distribución del Presupuesto Público 2016) afectan considerablemente los compromisos que los gobiernos regionales y locales han asumido con su población y, sobre todo, la finalidad para la cual han sido creadas: Brindar servicios públicos de calidad. Sin embargo, es importante aclarar que, aunque tengan relación estrecha, ambos hechos tienen orígenes distintos. Primero, la reducción (no recorte) del canon se debe a los factores externos, ya sea lavolatilidad de los precios de las materias primas en el escenario internacional o el aumento en los costos de producción de las industrias extractivas,mientras que el segundo sí es una decisión meramente política. Ya la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) viene anunciando una movilización, para el mes de octubre, contra la que sería una clara política de recentralización fiscal, la cual se ha venido agudizando en los últimos años.

No olvidemos que el proceso de descentralización se inicia con el objetivo de transferir a los municipios y regiones autonomía, así como una serie de competencias y funciones –entre ellas la fiscal-,  para mejorar la provisión de sus servicios públicos y la toma de decisiones respecto a las necesidades y oportunidades de sus territorios. Pero volviendo al Presupuesto Público 2016, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Nos recortan el presupuesto porque hay menos ingresos? ¿Están recibiendo los gobiernos locales una especie de sanción a los pocos resultados obtenidos en los índices de desarrollo? Definitivamente sí estamos ante un panorama preocupante que tiene más preguntas que respuestas, pero el punto desde el cual debemos partir no debe centrarse en la palabra “recorte”, sino en poner en debatesi el sistema de distribución que actualmente nos rige es el adecuado. ¿Hay distribución con equidad? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?¿Si el canon está disminuyendo, podemos seguir hablando de la propuesta de su redistribución o debemos proponer un cambio al actual sistema de distribución de presupuesto público, que hoy en día favorece al gobierno central? ¿Podemos trabajar en la creación de fondos de ahorro para los gobiernos sub nacionales o en el planteamiento de nuevas estrategias de captación y optimización de recursos?

Como ya se mencionó líneas arriba, los gobiernos locales están preparando una movilización en rechazo a esta nueva distribución del presupuesto para el 2016. El mensaje principal es decir NO al centralismo y pedir la modificatoria de la ley, a favor de las municipalidades. Y es aquí, es en este punto donde los gobiernos locales también deben mirarse a sí mismos y analizar minuciosamente cuáles han sido sus aportes, logros, dificultades, errores y fortalezas a lo largo de este proceso. Anteponer la causa monetaria como única garantía al cumplimiento o no la de los acuerdos/proyectos para el desarrollo local es mirar sólo una parte del problema y exponer cuánto dependemos del gobierno central y de nuestro modelo extractivista. El problema de la capacidad de gasto o de la baja percepción de los pobladores respecto a sus autoridades no es un tema reciente y no se explica solamente por la cantidad de recursos que entra o no a una comuna. Ya es conocido – por ejemplo – que en tiempos del “boom minero”, muchos gobiernos locales pasaron a tener presupuestos millonarios, pero poco se pudo avanzar. Mucho se ha dicho también que algunos gobiernos locales han ejecutado más que el propio gobierno central, y las cifras expuestas en el Portal de Transparencia así lo comprueban, efectivamente. Sin embargo, cantidad no significa calidad. Cada municipalidad responde a una realidad distinta y las cifras de avance que el MEF registra deben ser contrastadas con lo que se ve en la realidad, pero sobre todo con lo que el poblador percibe. La cultura del “gasta más” ya está venida a menos, si es que sólo se va a tomar en cuenta el desarrollo de un territorio en cifras de devengado. 

En el 2014, la municipalidad distrital de Echarati contó con un presupuesto institucional de más de 572 millones y su ejecución alcanzó casi el 100%. Sin embargo, el 48% de su población sigue viviendo en pobreza y hay un alto índice de desnutrición crónica infantil. Los llamados “elefantes blancos” abundan en todo el territorio, así como obras innecesarias y proyectos sobrevalorados, que no hacen otra cosa que recordarnos el mal uso que le dimos todos –autoridades y población– a los pocos o muchos recursos que una vez existieron, pero también nos hablan de la poca capacidad técnica que ha tenido la gestión pública local, del débil empoderamiento de la sociedad civil y de los niveles de corrupción que tampoco han sido ajenos. No olvidemos que en Cajamarca, por ejemplo, se empieza a construir, en el año 2010, el Coliseo Multiusos, obra que le ha valido a toda la población más de S/.45 millones hasta el 2014, sin mencionar que no está en funcionamiento. Tenemos también a San Marcos (en Ancash), que en el 2007 recibió más de S/.210 millones por canon minero, pero que a la fecha es uno de los distritos más pobres y desatendidos. Este año, San Marcos ha recibido un poco más de S/.61 millones por dicho concepto, y aunque es una cifra reducida en proporción a años anteriores, sigue siendo un monto considerable. Según el portal del MEF, San Marcos se ubica en uno de los últimos lugares de avance presupuestal para proyectos de inversión en el presente año, con 1.3% de ejecución hasta la fecha.

Las municipalidades y los gobiernos regionales no sólo se han enfrentado a las decisiones fiscales y a los sistemas burocráticos que se les ha impuesto desde el gobierno central, sino que han tenido que hacer frente a sus propias limitaciones y a las malas prácticas heredadas: Una débil capacidad de gestión y de gasto, ausencia de capacidades técnicas y gerenciales, falta de claridad en las visiones estratégicas de desarrollo, incapacidad para fortalecer la participación ciudadana, improvisación en la priorización de los proyectos, entre otras. Todo esto – y no sólo la recentralización del presupuesto- ha puesto en peligro la construcción de la confianza y el diálogo que debe existir entre la población y sus autoridades, así como la relación entre los tres niveles de gobierno.

El ser un país exportador de materias primas nos permitió percibir rentas millonarias por muchos años, pero postergó nuestras capacidades y nos volvió dependientes -o “canondependientes” para otros–. No promovimos la innovación, no cultivamos la cultura de austeridad ni creamos fondos de emergencia para afrontar tiempos como los que se viven ahora. Incrementamos las brechas entre las municipalidades urbanas y rurales y permitimos que continúeun sistema de distribución inequitativo que sólo acrecienta la dependencia y la pobreza en los territorios más vulnerables del país.

Pero estamos en un tiempo de cambio y las decisiones son cruciales. Esta situación –desde mi punto de vista– impulsará a que muchos municipios y gobiernos regionales inicien una verdadera reestructuración interna y una planificación realmente concertada y participativa con la población, pues finalmente son los ciudadanos los aliados más importantes en todo este proceso de desarrollo integral del país. Esto implica recurrir a una priorización responsable en el uso de los recursos, mirar el territorio como un espacio de oportunidades, implementar nuevas formas de gestión de recursos, promover la innovación y el conocimiento dentro de las instituciones públicas, y acercarse a la sociedad civil para rendir cuentas de lo que se hace y de lo que no. Para hacer todo esto no se necesita sacar un permiso; los gobiernos locales y regionales gozan de independencia y tienen la facultad de definir sus modelos de desarrollo según las particularidades sociales, económicas y culturales de cada territorio. Pero el trabajo debe ser compartido, y el gobierno central tiene el deber de articular, coordinar y planificar el desarrollo con los gobiernos sub nacionales, pero no como un mero proceso de consulta, sino dentro de un espacio de decisión compartida e inclusiva.