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Una publicación de la asociación SER
Abogado y politólogo, integrante del comité editorial de Noticias SER

Reflexiones sobre la agenda indígena (*)

A finales del año 2011, el Viceministerio de Interculturalidad convocó a una reunión de trabajo a todos los sectores del Poder Ejecutivo a fin de obtener información sobre las políticas públicas que implementaban en favor de los pueblos indígenas y, sobre todo, a quiénes tomaban en cuenta para su implementación. Las respuestas a este segundo punto eran de lo más variadas. Para uno los indígenas eran únicamente las comunidades nativas amazónicas, otro incluía a las comunidades campesinas de la zona andina, un tercero consideraba a toda la población rural, alguno más señalaba que se trataba de la población rural en pobreza extrema, otro precisaba que se trataba de la población que habla una lengua indígena y hasta habían varios que defendían que la población de nuestro país era mestiza y por tanto no se podía crear identidades que no existían. Por supuesto, esta dispersión de criterios redundaba en una lista de programas, proyectos, actividades, normas y demás acciones estatales realizadas de forma desarticulada y hasta contradictoria que poco tenían que ver con la construcción de políticas públicas coherentes con las necesidades de las personas indígenas.

Durante los siguientes años el escenario fue cambiando, especialmente con la gradual implementación de los procesos de consulta previa y el rol más activo del Ministerio de Cultura. No obstante los avances logrados hasta el momento, queda claro que todavía queda un largo trecho por recorrer para garantizar el pleno respeto de los derechos indígenas. La conmemoración este 9 de agosto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas es una buena oportunidad para mencionar algunos temas pendientes.

 

1.- La participación política

Un aspecto poco discutido es el de la participación política indígena en las instancias de nivel nacional. Por un lado, es necesario diseñar un mecanismo electoral – distrito electoral indígena, cuota indígena u otro – para la elección permanente de representantes indígenas en el Parlamento Nacional; pero al mismo tiempo debe conformarse una instancia de alto nivel en el Poder Ejecutivo que cuente con la participación efectiva de los pueblos indígenas en el diseño e implementación de las políticas públicas del gobierno nacional. A ello se suma la necesidad de mejorar la legislación electoral regional y municipal para que esta garantice efectivamente la elección de representantes indígenas en dichos niveles de gobierno. Un elemento adicional a considerar es el establecimiento de mecanismos diferenciados que atiendan las particularidades del peso demográfico de la población indígena amazónica y de la andina, ya que ello incide directamente en las posibilidades de elección.

 

2.- Tierra y territorio

Aunque el derecho a la tierra y el territorio es un aspecto esencial para la existencia de los pueblos indígenas, los avances en la titulación de las tierras comunales han sido escasos durante las últimas décadas, e inclusive durante varios años el Estado intentó desentenderse de su responsabilidad. Si bien ahora se cuenta con un presupuesto importante para esta tarea, el reto principal está en manos de los gobiernos regionales, siendo crucial que estos utilicen los recursos adecuadamente a fin de cumplir las metas establecidas para el año 2021. Por otro lado, el desarrollo de las industrias extractivas y su impacto directo en los territorios indígenas, exige revisar los alcances de la legislación vigente sobre el derecho de propiedad para evitar su afectación de forma inconsulta e injustificada. Asimismo se requiere llevar a cabo modificaciones normativas para garantizar los derechos de las mujeres a la tierra, y buscar una alternativa constitucional a lo solicitado por algunos pueblos indígenas respecto del reconocimiento de su territorio.

 

3.- El fortalecimiento de las organizaciones indígenas

Avanzar en la construcción de una agenda indígena exige contar con organizaciones con legitimidad, representación efectiva y capacidad de propuesta política y técnica. En términos generales, se puede afirmar que la debilidad de la sociedad civil no es ajena al ámbito indígena y por ello, pese al valioso esfuerzo desplegado por las organizaciones existentes, es necesario impulsar su fortalecimiento para que se constituyan en interlocutores efectivos del Estado y al mismo tiempo recojan la diversidad de demandas y necesidades de los diferentes pueblos indígenas que habitan en el país. A fin de avanzar en este camino, debe evaluarse la constitución de un Fondo Indígena que permita a las organizaciones contar con recursos económicos para desempeñarse con autonomía financiera. Ciertamente, estos deben ser administrados de forma transparente fijándose pautas estrictas de rendición de cuentas.

 

4.- Una agenda indígena urbana

Una de las características más resaltantes de la acción estatal dirigida a los pueblos indígenas es su “ruralidad”, como si la población indígena únicamente habitara fuera de las ciudades. Sin embargo, como la data demográfica demuestra con claridad, un sector importante de ciudadanos y ciudadanas indígenas vive permanentemente en los ámbitos urbanos sin perder su identidad cultural particular. Ello exige cambiar la visión indígena ruralista que prima en el ámbito gubernamental, pero también requiere un cambio en la visión de los demás actores sociales, políticos y académicos que cultivan esta misma perspectiva. La construcción de una agenda indígena urbana a tono con los cambios sociales ocurridos en el país, es una asignatura que todavía no ha sido asumida.

La postergación histórica de los pueblos indígenas es una de las mayores deudas que mantenemos como sociedad. Revertir esta situación exige ir más allá de lo hecho hasta el momento.

 

* Los temas planteados en esta nota corresponden en buena medida a las conversaciones sostenidas con Alicia Abanto.

 

Paulo Vilca Arpasi, abogado y politólogo, integrante del comité editorial de Noticias SER