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Una publicación de la asociación SER

Reforma Electoral II

Uno de los objetivos de la reforma electoral debiera ser romper con el círculo vicioso de partidos débiles > candidatos inexpertos u oportunistas > mediocres representantes o gobernantes > regularona o mala gestión > debilidad del sistema político. Hay que mirar la punta del iceberg: partidos con cientos de miles de afiliados que logran que sólo el 5% vote en sus internas; sólo el 11.5% de los peruanos declara pertenencia partidaria; menos de un tercio de los electores confían en los partidos; partidos en donde los comités no funcionan y sólo el 20% de los locales en las capitales departamentales están abiertos con regularidad.[1] Es decir, poco menos que organizaciones fantasmales y que, no obstante, tienen el encargo de administrar los mecanismos del poder y el destino de los impuestos que pagamos.

Para esa reforma efectiva hay que aprender de la experiencia de 15 países latinoamericanos, y aplicar la fórmula que fue  recogida y aprobada en la Ley de Partidos Políticos de fines del año 2003, es decir, que el Estado les brinde apoyo económico. ¿Y qué actividades financiaría? No precisamente la publicidad, sino la capacitación de sus cuadros y gastos de funcionamiento. Sin embargo, en casi 13 años de vigencia esa disposición de la ley nunca fue cumplida.

Noticias como la renuncia de una congresista a las filas de Fuerza Popular, o las contradicciones en las bancadas del Frente Amplio y de Peruanos por el Kambio, y las rupturas en proceso en Acción Popular y Somos Perú, pueden hacer muy impopular que el presupuesto público financie algunos gastos de los partidos. Ya un líder del Partido Aprista acaba de rechazar la posibilidad de recibir ese óbolo. No importa que - fríamente evaluada- el financiamiento de los partidos legales por cuenta del dinero público, sea una medida conveniente para fortalecer el sistema de partidos y con él a todo el sistema político. En realidad, esa ojeriza viene de los tiempos del fujimorismo, cuando el sentimiento anti-partido era generalizado.

¿Y cuáles  han sido los motivos para el incumplimiento de la ley? El primero, el texto mismo de la Tercera Disposición Transitoria señalaba que la distribución de los fondos públicos entre los partidos se haría a partir de enero del 2007, “con arreglo a las previsiones presupuestarias para tales efectos y a las posibilidades de la economía nacional”. Todos los ministros de Economía dijeron que no había plata.

Además, una maniobra específica de agosto del 2006 impidió que la primera partida fuera incluida en el presupuesto del año siguiente. Fue una verdadera guerra relámpago que muestra que un poder fáctico como es la televisión se puede burlar olímpicamente del Estado de Derecho, sin que pase nada. Los hechos sucedieron así: el primer fin de semana la periodista Cecilia Valenzuela -que en esos momentos dirigía uno de los programas top de los domingos- lanzó  alarmada la consigna: “ni un sol a los partidos”, mostrando que era absurdo invertir dineros públicos en parlamentarios corruptos, incapaces y hasta violadores. Al día siguiente los medios replicaron el alarmista “informe”. Los dirigentes de los partidos chicos fueron puestos contra la pared y en tono contrito dijeron que no habían pedido esos fondos. Nadie recordó el mandato de la ley. Al tercer día, la mayoría de columnistas apoyó a Valenzuela. Un reportero le preguntó al presidente de la República. Desde la altura de su cargo dictaminó que no iba permitir que ni un solo sol fuera desviado a las arcas de los partidos. Ninguna autoridad electoral defendió la aplicación de la ley. Por fin, al cuarto día, le preguntaron al candidato que había perdido en la segunda vuelta y flamante jefe de la oposición, quien, contra todo pronóstico, manifestó su acuerdo con el presidente. (Ahora se sabe que no tenía apuros económicos, sino que, por el contrario su bolsa secreta de campaña era grande). En menos de una semana, la prensa había liquidado el mandato de una ley que había tomado meses en reunir una mayoría pensando en el futuro y en la institucionalización de los partidos.

¿Ha cambiado la situación? Aparentemente. La Ley 30414 publicada en enero de este año modificó el texto de la Ley de Partidos señalando que “La distribución de fondos se inicia a partir del ejercicio presupuestal del año 2017, para cuyo efecto el Ministerio de Economía y Finanzas adoptará la previsión y acciones necesarias para su cumplimiento. Con dicho fin la ONPE elabora la propuesta de distribución a los partidos políticos y alianzas de partidos políticos beneficiarios, en base a los resultados de las elecciones generales de 2016 y la remite al Ministerio con la antelación debida”.

La ONPE cumplió su tarea, hizo los cálculos y envió el requerimiento de 14.8 millones de soles al ministro Segura para que lo incluyera en el presupuesto del próximo año. Pero no lo hizo y, al respecto, el Jefe de la ONPE ha manifestado su honda preocupación. ¿Será escuchado por el nuevo parlamento? o ¿habrá otra guerra relámpago?


[1] “También revela que de los 16 partidos políticos inscritos [en el 2013], Todos por el Perú y Restauración Nacional no tienen comités en ninguna capital de departamento del país, a pesar de que declararon la existencia de 21 locales, el primero, y 22, el segundo. Por su parte, Perú Posible, Unión por el Perú y Somos Perú solo mantienen una sede partidaria en funcionamiento, no obstante que señalaron tener 23, 14 y 10, respectivamente. Con dos comités figura el Partido Popular Cristiano, pese a que informó que tenía 21 de ellos. El trabajo de campo reporta que en Lima únicamente cinco de los 16 partidos políticos tienen comités operativos. Estos son: Acción Popular, Alianza por el Progreso, Cambio 90, Fuerza 2011 y Siempre Unidos.”