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Una publicación de la asociación SER

Reforma Política: Freno a la corrupción

La prisión preventiva de 18 meses dictada en contra de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y la acusación fiscal presentada contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, constituyen dos pasos importantes en la lucha contra la corrupción y demuestran la solidez del trabajo realizado por el Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público. Además, a estas alturas queda claro que toda la clase política peruana estuvo comprometida con la corrupción, aunque todavía resta conocer el resultado de las investigaciones seguidas contra otros personajes como Luis Castañeda.

En este escenario, el caso de Villarán resalta porque la ex alcaldesa ha sido la primera investigada en reconocer que recibió dinero de las empresas brasileñas, y si bien ha pretendido justificar su actuación en la supuesta necesidad de defender a la ciudad de una mafia y en que no se habría aprovechado personalmente de los fondos recibidos, lo cierto es que estos argumentos sólo ponen en evidencia que la falta de escrúpulos y la deshonestidad pueden alcanzar por igual a políticos y políticas de derecha e izquierda. Corresponde al Ministerio Público y el Poder Judicial seguir avanzando con celeridad para que todos los delitos cometidos sean juzgados y se impongan las sanciones que corresponde conforme a ley.

Por otro lado, el desprestigio generalizado de quienes durante los últimos años fueron los principales personajes políticos del país, unido al silencio calculador de algunos potenciales candidatos a la presidencia, limita seriamente sus posibilidades con miras al proceso electoral del año 2021 y abre la oportunidad para el surgimiento de nuevas opciones que podrían capitalizar la indignación de un sector mayoritario de la ciudadanía.

En Noticias SER consideramos que el caso de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán es una nueva confirmación del agotamiento de un sistema político atravesado por la corrupción y ratifica la urgencia de una reforma que no puede seguir siendo postergada ni debe ser resultado de un cubileteo entre el Poder Ejecutivo y las bancadas de un Congreso carente de legitimidad. Dado el clima de enfrentamiento político y la escasa vocación reformista de los actores responsables de avanzar en esta tarea, cada vez queda más claro que sólo convocando la participación de la ciudadanía se podrá encontrar una salida al actual entrampamiento. De no hacerse así, lo más probable es que los corruptos e improvisados políticos de hoy, sean reemplazados por personajes iguales o peores.