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Una publicación de la asociación SER

Salud: un debate pendiente

Foto: MINSA

Camila Gianella.  Docente PUCP e investigadora Instituto Chr. Michelsen

Una de las primeras tareas que va a tener que asumir el nuevo Congreso es analizar los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo, incluyendo el D.U. N° 017-2019 que establece medidas para la Cobertura Universal en Salud, y los decretos emitidos para su implementación.

Uno de los puntos del D.U N° 017-2019, que pese a su central importancia ha pasado casi desapercibido por la falta de debate público es el de la actualización de los Planes Complementarios de Salud para los asegurados del Seguro Integral de Salud.  Si bien el acceso a los Planes Complementarios depende de una evaluación socioeconómica, no se puede ignorar que antes del mencionado decreto la mayoría de los afiliados del SIS -el mayor asegurador de salud del país- tenían derecho a los Planes Complementarios.

Los Planes Complementarios son importantes, porque, como su nombre lo indica, consisten en un listado de condiciones complementarias al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) que son financiadas por el SIS a sus asegurados al régimen subsidiado.  En la actualización de los Planes Complementarios del PEAS, se deben analizar varios factores para finalmente priorizar qué se va a incluir y qué no.

Si bien el Perú tiene poca experiencia en procesos de priorización de esta magnitud, hay lecciones aprendidas.  El PEAS fue uno de los esfuerzos más ambiciosos y serios que se han realizado. Si bien ese proceso utilizó algunos criterios que se deberían mantener (como integrar diferentes criterios de priorización, es decir, ir más más allá del uso de un solo criterio como el análisis de costo-efectividad, o de carga de enfermedad), también ha recibido varias críticas (que pese a los esfuerzos, la carga de enfermedad fue un criterio dominante; que las decisiones se hicieron sin contar con evidencia sólida, y que muchas de estas se hicieron con poca transparencia (Prieto, Cid et al. 2013) ), que también deberían ser tomadas en cuenta.  Lamentablemente, a la fecha, el proceso de actualización de los Planes Complementarios no está siendo público, y se conoce poco sobre qué criterios se están tomando en cuenta, o si va a haber posibilidad para un debate abierto sobre el tema.

Sería bueno saber si el Ministerio de Salud (MINSA), o la Comisión Multisectorial creada para elaborar la propuesta técnica de actualización del PEAS, de los Planes Complementarios (Resolución Suprema Nº 021-2019-SA), ha decidido adoptar los criterios sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (2014) para este tipo de procesos, que incluyen:

1) Justicia, se debe dar prioridad a los que estén peor, grupos vulnerables, grupos que cuentan con peor acceso a servicios de salud.

2) Maximización de beneficios, se debe dar prioridad a las intervenciones que demuestren mayor costo efectividad

3) Contribución justa, los sistemas de salud deben priorizar la reducción del gasto de bolsillo.

Si han decidido no hacerlo, es necesario que expliquen la razón, así como los criterios por los que han optado. Por la importancia del tema, en los últimos 10 años se han generado literatura y experiencias importantes que pueden contribuir al proceso peruano. Autores como Yamin y Norheim (2014)[1] recomiendan que los procesos de priorización respeten los principios de:  (i)  publicidad (acceso al público de los fundamentos que sustentan las decisiones, pues someter los planes al escrutinio público, es esencial); (ii) relevancia (aceptación de la evidencia, razones y principios, como pertinentes); (iii) revisión y apelación (institucionalización de mecanismos para el desafío y disputa de decisiones  y, más ampliamente, oportunidades para la revisión y mejora de las políticas a la luz de nuevas evidencias o argumentos); y (iv) regulación (regulación pública del proceso para asegurar que se cumplan las tres primeras condiciones).  Se espera que estos principios permitan la vigilancia y participación de los interesados en los procesos de toma de decisiones, y así contribuir a la transparencia de los procesos y a que las decisiones sean aceptadas. El acceso público, evitar procesos cerrados bajo la excusa que son técnicos son dos cosas que se recomienda no hacer, y que el Ministerio de Salud debería comenzar a tomar en cuenta.

El nuevo Congreso puede jugar un rol fundamental para mejorar el proceso de actualización del PEAS, de los Planes Complementarios.  Además de pedir información, podría organizar audiencias públicas para que se expliquen las propuestas. El tema de la salud en el Perú es mucho más que el acceso a los medicamentos genéricos, tema central en la campaña electoral. Las y los congresistas electos deben entender que, por ejemplo, para garantizar la sostenibilidad económica del sistema, es necesario que PEAS y sus Planes Complementarios son centrales en la política nacional de medicamentos.  Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para lograr medicamentos de calidad, por ello la política de medicamentos debería priorizar y facilitar el acceso a genéricos y biosimilares para cubrir a buen precio las condiciones cubiertas por estos planes.  Es por eso, que es tan importante saber cómo se están elaborando los planes, qué condiciones (y que grupos de población) se están excluyendo, y por qué.

 

[1] Estos principios se basan en el trabajo de Norman Daniels Daniels, N. (2000). "Accountability for reasonableness." BMJ 321: 1300-1301

, Daniels, N. and J. E. Sabin (2002). Setting Limits Fairly: Can We Learn to Share Medical Resources?, Oxford University Press, Daniels, N. (2008). Just health. Meeting health needs fairly. New York, Cambridge University Press..