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Una publicación de la asociación SER

¡San Nicolás debe parar!

Pensar en Hualgayoc es pensar en minería, en contaminación, y en pobreza. Aunque para algunos minería represente riqueza, la realidad en este lugar ha demostrado que es más fácil contaminarse de plomo que ser bien atendido en un puesto de salud.

La Compañía Minera San Nicolás, de propiedad de la familia Santolalla, inició sus actividades en 1972, aplicando los procedimientos artesanales que se utilizaban en esa época. Sus operaciones continúan hasta la fecha; sin embargo, pareciera que esta empresa no ha logrado evolucionar en el tratamiento de los minerales y mucho menos en la puesta en marcha de acciones de prevención y cuidado del medio ambiente.

En marzo del 2006, se emitió la Resolución Directoral N°144-2006-MEM-DGM, que paraliza temporalmente las actividades de San Nicolás, “como medida para proteger la seguridad ambiental, hasta que la situación de peligro haya sido remediada o solucionada, a través de la implementación de la totalidad de las recomendaciones”[i]. El documento fue emitido debido a que se generó, en sus pasivos ambientales, una filtración de aguas que desembocaban en un canal de uso de la población. Al año siguiente, la empresa fue multada con diez UIT, mediante la Resolución N°295-2007-OS/CD, por incumplir su deber de brindar facilidades para la supervisión y fiscalización de la paralización a sus actividades. Pero ese mismo año, San Nicolás interpuso una demanda contra estas resoluciones, señalando que se prescindió del correspondiente procedimiento de la auditoría ambiental.  En adelante, se sumó el papeleo administrativo y judicial, lo que fue dilatando el tiempo para la toma de medidas de seguridad ambiental que puedan mitigar los efectos perniciosos que estas filtraciones tienen en el ambiente y la salud de las personas.

Durante el tiempo comprendido entre los años 2010 y 2013, otras 13 sanciones le fueron impuestas a la compañía, por infringir los límites máximos permisibles, lo que, según el mapa de infracciones de Convoca, le generó una cuantiosa multa de 690 mil dólares.[ii] Además, en abril de este año, el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería, OSINERGMIN[iii], confirmó la Resolución N° 500-2015, que sanciona a San Nicolás con una multa de 200 UIT, por incumplir el Reglamento de Procedimientos Mineros (RPM). Según se pudo comprobar, el titular minero construyó y puso en funcionamiento dos pozas de almacenamiento de soluciones cianuradas, pese a que no tenía la autorización de construcción y funcionamiento del Ministerio de Energía y Minas, proceso que ha venido caminando desde el 2011.

A nivel local y regional, también se han efectuado diferentes monitoreos e inspecciones que han corroborado que la empresa minera vierte aguas ácidas y residuales en la quebrada de la zona, contaminando así la cuenca de los ríos Tingo Maygasbamba, y pese a que no cuenta con la autorización de vertimiento de aguas del ente competente. La preocupación y tensión de la población por esta situación viene de muchos años atrás, pues temen que los efectos para su salud puedan ser perjudiciales.

Las gerencias de Saneamiento y Medio Ambiente de los gobiernos locales, el gobierno regional, la Comisión Ambiental Municipal de la provincia, las rondas campesinas y el Frente de Defensa, de manera organizada, están tocando las puertas de diferentes instituciones, con la esperanza de ser escuchados. Asimismo, las disposiciones administrativas de OSINERGMIN y OEFA reconocen el incumplimiento de las normas. Pese a ello,no se ha logrado frenar la irresponsabilidad de esta empresa, que descaradamente continúa con sus actividades y se ha permitido negar el acceso a sus instalaciones, a las autoridades, quienes han tenido que ir con resguardo policial, pero no han logrado cumplir con el objetivo de paralizar las operaciones de la minera.

Por otro lado, sorprende que el gobierno central, lejos de hacer uso de su poder sancionador y coercitivo para hacer cumplir las leyes, y hacer que los dueños de la empresa caminen derecho, les dio una salida: La emisión de la Ley N°30230, que establece medidas tributarias, así como la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Dicha norma beneficia a San Nicolás y a otras empresas que cometen infracciones ambientales en nuestro país. ¿Cómo? Desde la publicación de la ley, hasta tres años después, el 12 de julio de 2017, las nuevas “sanciones a imponerse por las infracciones incurridas no podrán ser superiores al 50% de la multa que correspondería aplicar”[iv]. No obstante, considerando la reincidencia de esta compañía minera, no cabe duda de que los reclamos y las sanciones continuarán.

Dinamizar la inversión del país a costa de la salud y el bienestar de las personas es, pues, una medida poco conveniente, pues disminuye los cobros por infracciones en los que están incurriendo las mineras. Tampoco es conveniente ni positivo que, pese a los antecedentes y los reclamos fundados, el Estado no haya iniciado otro tipo de gestiones que sólo él puede asumir. La población no va a seguir esperando. Ha demostrado que se pone de pie para defender sus derechos. Por otro lado, el OEFA, como ente fiscalizador, no puede seguir actuando de manera aislada, cuando en la región y en la provincia hay aliados que están trabajando para paralizar las actividades de San Nicolás. Necesitamos coordinación, trabajo en red. No podemos seguir esperando.


[i]http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/Resoluciones/ConsejoDirectivo/2007/
OSINERGMIN%20No.295-2007-OS-CD.pdf

[ii]http://mapambiental.convoca.pe/contaminacion/empresa/?nombre=Compa%C3%B1%C3%ADa%20Minera%20San%20Nicol%C3%A1s%20S.A.&region=
Cajamarca&anno=&empresa=&page=0&om=&omo=&local=Cajamarca

[iii]http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFM/TASTEM/030-2015-OS-TASTEM-S2.PDF

[iv]LEY N° 30230; Artículo 19. Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras.